Los enigmas del poder
Sergio Urribarri preso y con tres juicios por delante. Adán Bahl, José Eduardo Lauritto y José Ángel Allende bajo la lupa por los contratos truchos. Gustavo Bordet atrincherado frente al fiscal que revisa su patrimonio. Un intendente aliado de Rogelio Frigerio imputado y una Justicia que cambia de piel. Lo que se viene en los tribunales entrerrianos y cómo puede pesar en las urnas de 2027.
Por D.E.
En los pasillos de Tribunales, en los despachos de la Casa Gris y en las mesas del peronismo se repiten las mismas preguntas: quién será el próximo dirigente político en sentarse en el banquillo, qué jueces decidirán esas causas y cuánto pesará todo eso cuando los entrerrianos vuelvan a votar en 2027. Y no es un dato menor. Para Sergio Urribarri, el Megajuicio no fue el final del camino sino el primer peldaño. Le quedan, al menos, tres causas que pueden terminar en nuevas condenas.
La más madura es la causa Coimas, también conocida como Relevamientos Catastrales, por el nombre de la empresa del paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, amigo y socio del exgobernador. La investigación, que nació de una denuncia de ANÁLISIS en 2017, sostiene que la firma fue favorecida en licitaciones del Estado a cambio de dádivas: pasajes, viajes de lujo para la familia Urribarri, alfombras entregadas en un departamento porteño y porcentajes registrados en planillas con la sigla PLM. El juez de Garantías Julián Vergara la remitió a juicio en junio de 2025. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron diez años de prisión para Urribarri y nueve para Cardona Herreros. Y volvió a entrar en debate esta semana, en un expediente que se unificaría entre enriquecimiento ilícito y coimas. La defensa recurrió todo lo que pudo: recusó jueces, pidió nulidades, reclamó exclusiones de prueba y sobreseimientos, como ha hecho en estos últimos 10 años.
La tercera tiene otra dimensión, porque no lo alcanza solo a él: es la segunda etapa de la causa de los contratos truchos de la Legislatura. Durante una década, entre 2008 y 2018, por las Cámaras legislativas de Entre Ríos circularon cientos de contratos que solo existían en el papel. La pericia oficial calculó que por esa vía se sustrajeron más de 53 millones de dólares. La primera etapa de la investigación, impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche (hasta su irregular juicio y destitución), avanzó contra operadores políticos, contadores y recaudadores del esquema. Pero dejó afuera a quienes firmaban arriba.
Eso empezó a cambiar el 23 de noviembre de 2025, cuando el Ministerio Público Fiscal abrió la causa Contratos Truchos II, legajo 305.361, a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull. Apunta a quienes presidieron las Cámaras en ese período: los exvicegobernadores José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Bahl; los expresidentes de la Cámara de Diputado José Allende y Sergio Urribarri; y el exvicepresidente primero del Senado Aldo Ballestena. La figura que se maneja es la de peculado imprudente, aunque hay quienes advierten que, con la prueba acumulada de la primera etapa, la situación podría agravarse.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1175, del día 22 de octubre de 2026)
