A Troncoso le pedirían cerca de 10 años de prisión y le reclamarían más de 2 millones de pesos.
(de ANALISIS)
En estos últimos días la fiscal de Paraná, Adriana Paola Farinó, elevó a la jueza de Garantías María Susana Paola Firpo, el requerimiento de elevación a juicio oral y público de la causa por peculado contra el exdiputado provincial de Cambiemos, Ricardo Antonio Troncoso, oriundo de Maciá. El expediente se inició a partir de lo denunciado en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), a mediados de septiembre de 2018, días antes del inicio de la denominada causa Contratos truchos y que de alguna manera fue el anticipo de lo que luego se fue descubriendo, a mayor escala, como graves irregularidades en la Legislatura entrerriana. La fiscal pedirá cerca de 10 años de cárcel como condena y estimó en 2 millones de pesos el dinero que se apropió indebidamente el exdiputado y exintendente de Maciá, de los sueldos de sus contratados. A varios les retiraba el 40 por ciento de sus remuneraciones. A otros directamente les falsificó la firma y cobró la totalidad de sus remuneraciones. Otros dos contratados, trabajaban en su hotel de Maciá.
La fiscal investigó que Ricardo Troncoso, durante su gestión como diputado, desde el 09/12/2015 hasta 20/9/2018, “sustrajo fondos públicos, mediante la suscripción de contratos de obra reteniendo para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios, o bien, haciendo que las personas contratadas le prestaran servicios personales”.
Tenía tres personas contratadas, que prestaban servicios en su oficina, a los que les descontaba el 40 por ciento de sus sueldos, que iban para sus bolsillos. Pero, a su vez, simuló la contratación de otras nueve personas a los que les falsificaba la firma del contrato, de los endosos realizados en los cheques y por ende cobraba íntegramente esos montos de dinero. Tales los casos de Elena Retamar, Silvana Tenis, Silvina Magallán, Carla Cozzi, Dalma Cabrera, Jonatan Cabrera, Mónica Rau, María Inés Rodríguez y María de los Angeles Rodríguez.
También, el exdiputado Troncoso suscribió contratos de locación de obra exigiendo la realización de prestaciones de carácter personal a favor del mismo. En este carácter contrató a Maira Perlo, quien realizó a su pedido tareas de consejería en el Hotel Victoria ubicado en la localidad de Maciá, de su propiedad y a Alexis Bolzán, quien realizaba todos los trámites contables del mencionado hotel.
También fue imputado Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, por haber colaborado con el exdiputado provincial Ricardo Troncoso. Blasón era contratado de Diputados, con prestación de servicios del exdiputado Fuad Amado Sosa, de Cambiemos Nogoyá, un hombre siempre muy cercano a Sergio Urribarri, pese a su condición de dirigente radical.
Según la fiscal “la existencia material del ilícito se encuentra corroborada con el cúmulo de evidencias que fueron colectadas luego de las denuncias formuladas por Carlos Gabriel Cozzi y Maria Isabel Ruiz ante la Unidad Fiscal”, tras la emisión de Cuestión de fondo a mediados de septiembre 2018, que dieran inicio a la presente investigación. En todos estos años se recepcionaron “una serie de documentos y testimonios en la fiscalía que permiten sostener probatoriamente la acusación, a saber: denuncias y ampliación de la mismas formuladas por Carlos Cozzi e Isabel Ruiz quienes como contratados dieron cuenta de las maniobras desplegadas por Troncoso simulando contrataciones con personas que no prestan servicios y cobrando por ellos el monto de dinero expedido por la Cámara de Diputados así como la exigencia que les realizaba respecto de la entrega de parte del dinero que les correspondía a ellos como contratados; la constancia de los mensajes de textos enviados por parte el diputado a Ruiz e incluso el audio por el cual le exige la suma de dinero que cobrara la misma como contratada, especificándole el monto con el cual ella debía quedarse; los mensajes de textos enviados por el hijo de Ricardo Troncoso, Román Troncoso a otra testigo, solicitándole que dijera que cobraba todo el dinero como contratada; los contratos de obra que fueran remitidos por la Cámara de Diputados suscriptos entre el diputado y la larga lista mencionada; el acto administrativo de aprobación de tales contratos; la nómina de cheques que fueran librados en el marco de los mismos por parte de la Cámara de Diputados; los cartulares que se libraran a nombre de los mencionados y que fueran remitidos por el Nuevo Banco de Entre Ríos; las facturas remitidas por la Cámara de Diputados respecto de cada uno de los contratados; las pericias caligráficas que dan cuenta de que parte de las firmas obrantes en los contratos, facturas y cheques no le corresponden a los mencionados, sino que fueron estampadas por Troncoso o Blason Lorenzzatto y el cúmulo de entrevistas recepcionadas en sede de la Unidad Fiscal.
La fiscal hizo también hincapié en las entrevistas recepcionadas a Elena Fabiana Retamar, Silvana Lorena Tenis, Silvia Magallan y Carla Cozzi, “quienes pese a figurar como personas contratadas por Troncoso, nunca prestaron un servicio ni para el diputado ni para la Cámara de Diputados. En este caso, las firmas insertas en los contratos y facturas adosadas a los mismos como pertenecientes a las nombradas, ni siquiera fueron suscriptas por ellas, no teniendo además, vínculo alguno con Troncoso”, acotó. A la vez se sumó como saliente el caso de las entrevistas recepcionadas a Alexis Bolzan y Maira Perlo, quienes llevaban a cabo tareas propias de su función para el Hotel Victoria, a solicitud expresa de Ricardo Troncoso, en tanto conforme se pudo acreditar con la documental remitida por la AFIP, ya que el exlegislador tiene la propiedad y administración de dicho hotel.
Por ende se lo imputó a Troncoso por los delitos de exacciones ilegales, en concurso real con peculado y peculado de servicios, por lo que se solicitaría una condena cercana a los 10 años de prisión. Y también se acusó de peculado a Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, que tendría una pena de similares características.
Según la fiscal Farinó, “las maniobras desplegadas por Troncoso” respecto de los contratados presenciales que disponía, “permiten afirmar que existió una exigencia indebida de su parte, al retenerles un porcentaje del dinero que los mismos percibían por tareas efectivamente desempeñadas en la Cámara de Diputados en virtud de un contrato de obra con él. Todo lo cual implicó un abuso del cargo que el mismo ostentaba y que configura el aspecto objetivo de las conductas que se le endilgaran. Cabe destacar que en estos casos era el mismo locatario de la obra, quien, en su calidad de diputado provincial, requería la entrega de una dádiva colocando a los contratados en una situación de coacción, pues si bien los tres advertían el carácter indebido de la exigencia -lo que distingue la concusión de la simple exacción ilegal-, lo toleraban por razones estrictamente alimentarias, a fin de conservar su única fuente de trabajo”, acotó la fiscal.
“Claramente lo exigido por Troncoso a los contratados tenía carácter indebido, por cuanto esos retornos no tenían origen en ninguna obligaciòn legal por parte de los contratados, quienes debían desprenderse de parte de su remuneración percibida en razón de trabajos efectivamente realizados, para satisfacer necesidades personales del funcionario”, indicó luego Farinó.
De acuerdo a su análisis del caso, “las maniobras desplegadas por Troncoso implicaron la sustracción de caudales públicos tenidos a su cargo en virtud de su función” y que tenía “como destino el pago de una cantidad determinada de contratos mensuales que le permitieran desarrollar adecuadamente sus funciones parlamentarias. Sin embargo, para poder apropiarse personalmente de los montos que administraba, simulaba contrataciones con supuestos empleados, falsificando o haciendo falsificar los contratos y las facturas que habilitaban la extensión de cheques, los que cobraba y percibía por sí o por interpósita persona”.
En relación al perjuicio económico derivado de los presentes hechos, según la fiscal, “ha quedado sobradamente acreditado a partir del informe contable” que los “caudales públicos sustraídos ascienden históricamente, a más de dos millones de pesos”.
“Esa gente no tiene que estar en el partido”
El denunciante Carlos Cozzi estuvo en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), y entre otras cosas mencionó: “Lo que me duele es la actitud de este tipo, toda esa cosa tan baja que hizo durante su gestión como legislador. Y lo que más me duele es el partido. Yo soy afiliado desde el año 83, espero que el partido tome decisiones, esa gente no tiene que estar ahí, ya que tanto hablamos. Seguramente estarán esperando el fallo por todo esto, que yo fui para cumplir y dar un poquito más, pero en realidad esto para mí ya pasó”.
Consultado si le sorprendió que dos semanas después de la denuncia contra Troncoso surgiera el escándalo de los contratos truchos legislativos, Cozzi dijo: “Yo te puedo decir lo que sufrí, pero ahí en casa de gobierno todo se sabe, todos te cuentan… en un momento dije ‘acá hay algo que no encaja’, porque él fue con una promesa de dejarme en planta en una repartición antes del 10 de diciembre de 2015, había otras cosas, él tenía otros intereses, entonces me trae de secretario suyo. Pero hoy en día en una radio salió a decir que yo salí a hacer una nota cuando nunca fui para esa función, yo hacía cosas particulares de él, estaba en la oficina pero en definitiva eran todas tareas particulares suyas, que a mí me pagana por el estado, por eso le imputan Peculado”.
