Se conocieron los puntos de cada una de las partes en el conflicto que afecta el servicio de justicia en Entre Ríos.
En la sede del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) se reunieron representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial y el gobierno, representados por la Secretaria de Justicia. Se conocieron los puntos de cada una de las partes en el conflicto que afecta el servicio de justicia en Entre Ríos.
El presidente del CAER, Alejandro Canavesio, y el secretario de la institución, Carlos Pacher recibieron a Mabel Pedrero, secretaria adjunta de la AJER; Gabriela López Arango y Alejandro Cánepa, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, y a Adriana Pérez Galarraga y Fabricio Battauz, de la Secretaría de Justicia del Gobierno de Entre Ríos.
El CAER informó que “había convocado a este encuentro para abordar la problemática en el servicio de justicia entrerriano y la garantía de la tutela judicial que manda la Constitución de la provincia, ante las medidas de fuerza gremiales instrumentadas por AJER”.
En ese arco, detalló que desde el gremio “afirmaron que las medidas continuarán hasta que el gobierno provincial se exprese sobre la prórroga de la Ley de Emergencia Solidaria que va a cumplir un año de vigencia”.
Desde el lado del gobierno provincial, la secretaria de Justicia, Adriana Pérez Galarraga, aseguró que “el gobernador Gustavo Bordet, a través de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, está al tanto del reclamo gremial y de los inconvenientes que conlleva esta situación”.
Por su parte, desde la Asociación de la Magistratura aseguran que “han enviado al gobierno distintas propuestas para solucionar el problema del déficit en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y que comparten con AJER la oposición a la Ley de Emergencia Solidaria”, agregó el comunicado del CAER.
Desde el Colegio de la Abogacía se dejó planteado que “el art. 65 de la Constitución provincial solicita se garantice el servicio de justicia, amparando la tutela judicial efectiva y continua, para dar respuesta a los más vulnerables de la sociedad”. “La necesidad de la gente, es también de cada abogado/a de la provincia que no puede atender y dar respuesta a la sociedad, por lo que solicitamos al gremio mayor empatía con el conjunto de la sociedad en este difícil momento”, aseguró Canavesio.
Para finalizar, se propuso una hoja de ruta, con distintos temas a abordar para encontrar criterios previsibles y homogéneos. Además, los magistrados se comprometieron a analizar caso por caso cada jurisdicción para optimizar el servicio de justicia.
En tanto, según indicó AJER en un comunicado, el gremio planteó en primer lugar “que teniendo en cuenta el aumento del 73,4% en la recaudación, la ley de emergencia debería terminar este 30 de junio ya que esto demuestra que dicha situación ha sido superada”.
“Nos parece que sería lo más razonable para todos. Que la ley de emergencia termine como estaba previsto a fin de mes, y podamos volver todos a lo nuestro, dando por superados estos meses de conflicto. Si hay señales claras del gobierno en este sentido, podemos levantar las medidas de fuerza. Es lo que todos las trabajadoras y trabajadores judiciales esperamos, volver a la normalidad”, expresó Pedrero.
“Sino será muy difícil y el conflicto seguirá hasta fin de año. Esperamos encontrar eco a la necesidad de resolver esta situación. La misma determinación que tenemos para defender nuestros derechos, la tenemos para encontrar una solución que nos permita retomar nuestra actividad”, concluyó.
