El abogado penalista Julio Federik hizo un repaso de algunos de los momentos más cruciales en su actividad profesionales en los últimos 40 años. En una entrevista con Cuestión de Fondo(Canal 9 Litoral) se refirió a la causa de los contratos truchos legislativos, explicó por qué no acompañó el planteo de sus colegas de remitirla al fuero federal, y a las críticas que ha recibido de parte de otros abogados que critican al Procurador general. Además, cuestionó cómo se implementó el juicio por jurados en la provincia.
—¿Qué fue más difícil para usted el hecho de haber sido juez federal ad hoc en la última etapa de la dictadura o el rol que tuvo con el caso Fernanda Aguirre que uno sabe que lo afectó mucho en función de que no se resolvió?
—En el caso como juez federal ad hoc me tocaron las amenazas, que eran de la triple A, y que las recibió Enrique García Vittor en presencia de Bernardo Aranguren. Fueron muy duras, la decisión fue muy fuerte y que me costó muchas cosas pero que la tomé y eso causó un impacto muy grande. Y a mí, pasado el tiempo me recompuso, me dejó muy bien porque hice lo que tenía que hacer. Eran causas complejas, yo le cambié la calificación al delito que había puesto el juez federal titular y dispuse 22 libertades de detenidos políticos en un momento muy álgido, muy difícil. Fijé fianza real, hice las cosas como manda la Ley y es más, después de las amenazas logré que El Diario de Paraná (eso fue cosa de Don Arturo Etchevehere) publicara mi sentencia, mi resolución sobre las libertades, al lado de la editorial, lo que fue un gran respaldo, porque la gente podía leer que fue una cosa de sentido común, además de derecho. En el caso Fernanda fue una enorme desazón que provino después de un esfuerzo enorme. Porque la buscamos por todos lados, hicimos una serie de actividad judicial, extrajudicial y demás, y siempre parecía que llegábamos y decíamos siempre que el último procedimiento es el que nos va a llevar a ella, y nos llamaba el jefe de Policía de la Federal, por ejemplo, y nos decía “acá la tengo, acá está conmigo, véngase”, y yo después de varios inconvenientes y de varias desazones, lo llevaba al padre, no la llevaba a María Inés, porque quería primero saber si era cierto. Entraba el padre y decía “no, no es”. Cuando el periodista de Salta cree que la ve en una estación de servicios se comunica inmediatamente, nosotros movilizamos a la Policía de Tucumán, van y fue realmente un operativo relámpago, los encuentran y resulta que era un hombre de Salta que había ido a buscar a su sobrina a Tucumán, y no obstante eso mandamos gente de la Policía a la noche, viajaron para controlar si efectivamente era cierto lo que noes estaban diciendo.
—En su historia de derecho ¿lo entiende como un fracaso?
—Yo tengo perfectamente claro lo que uno puede lograr como abogado. Nosotros nos hacemos un plan cuando tomamos el caso y revisamos qué es lo que puede obtenerse desde el punto de vista jurídico. En el caso de Fernanda lo que teníamos era una tarea de investigación policial, nosotros dependíamos de que la Policía la encuentre, que los investigadores nos den los datos necesarios para poder llegar. Porque entre nosotros, a diferencia de los detectives de la televisión, de los abogados de la televisión, fundamentalmente de las series americanas, no es que tomamos este caso y no trabajamos ninguno más y por lo tanto somos abogados, comisarios y demás.
—Usted al caso Fernanda lo había tomado como un caso personal, fue diferente a otras situaciones.
—Sí, totalmente, y eso me llevó a viajar como en ningún otro caso, a investigar, hice cosas que no hice en ningún otro caso y sin embargo no tuve resultados. Para mí fue un bajón realmente. Pero no es que uno dice yo no hice esto y si lo hubiese hecho lo hubiese resuelto. No.
—¿Qué le pasas a usted como profesional cuando defiende a los dirigentes que están denunciados por un delito de corrupción y sabiendo que por allí hay mucha documentación que es difícil revertir? Como el caso del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, entre otros.
—Sí, yo fui el abogado de Rossi después de que murieran sus abogados, pero actué como me parece que tiene que actuar un defensor. Tiene necesariamente que actuar dentro de la Ley, mis exigencias son mayores pero actué dentro de la Ley y señalé claramente cuáles eran los derechos que tenía Rossi. No es que yo estoy de acuerdo con el homicidio cuando estoy defendiendo un homicida, de ninguna manera, lo que hago es hacer valer los derechos que tiene la gente, y lo hago por derecha, y lo voy a decir claramente. Porque por izquierda no lo sabría hacer y porque siempre me dio resultado hacerlo por derecha. Así que yo defiendo de esta manera. A otros no les dará resultado, a mí me dio resultados, y la otra forma realmente no sabría hacerlo bien, independientemente de la cuestión moral.
—¿Cuál ha sido su límite, de decir “este caso no lo atiendo”?
—Cuando no me da el estómago, las tripas para poder defender con toda la fuerza que quiero defender. A mí me ha llamado uno de los comandantes de la dictadura para que lo defienda, me mandó un abogado importante en su momento para contratarme, y yo estaba muy preocupado porque sabía que en algún momento algún caso me iba a venir, aunque no un comandante, y lo que ocurre es que cuando usted no tiene la fuerza, la convicción para defender, no puede defender, por lo menos yo no puedo defender y si no me da el estómago para defender, evidentemente voy a provocar un desmedro en la persona que juro defender, entonces de ninguna manera lo defiendo, y así fue que dejé esa defensa. Después otras por situaciones o hechos que me comprometían emocionalmente y no iba a poder defenderlos, porque el problema fundamental es cuando dice “no voy a defender” y la gente lo está viendo como la única persona que puede sacarlo del problema, entonces ¿qué puede esperar? El tiro en la espalda o la bomba. Y la verdad es que la forma de hacer entender a estas otras personas que uno no puede defenderlos es que no los puede defender bien, no una razón ética solamente, porque esa es mía. Es una cuestión de conveniencia para el otro. Búsquese a alguien que no tenga los remilgos que tengo yo respecto de la tortura, y así fue.
—Usted es uno de los abogados de la causa contratos truchos legislativos, como de Adán Bahl, Pedro Guillermo Guastavino, Eduardo Lauritto o Juan Domingo Orabona, entre otros. Ha habido un pedido de elevación a juicio donde hay una información muy contundente, con mucha documentación. ¿qué opina de esta instancia?
—Soy abogado defensor de algunas personas. El dictamen de los fiscales tiene quinientas y pico de páginas, que lo han cimentado de la mejor manera que han podido y que es fruto de una investigación preparatoria. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La investigación que se realiza antes del juicio oral es preparatoria donde el fiscal dice “yo junto toda esta prueba y la voy a presentar”. Esa prueba no ha sido confrontada. Será confrontada en el juicio oral y esto es lo bueno que tiene el juicio oral que va a permitir a las partes discutir la prueba, la incorporación de la prueba, todas las cosas que hacen al derecho de la persona que uno va a defender, porque la investigación penal preparatoria y el juicio oral fundamentalmente, es un sistema reglado.
—¿Cuánto de difícil es profesionalmente este caso? Si lo toma en comparación con otros.
—Este caso no me resulta difícil en cuanto a que lo que tengo que hacer es hacer valer los derechos de la gente que yo he jurado defender, y para hacerlo lo que voy a hacer es revisar toda la prueba que haya en su contra, y en definitiva ver qué es lo que puede llegar a plantearse, siempre en el plano de la absoluta legalidad. Yo entiendo que la mejor manera de defender a una persona es pedirle que dé las explicaciones del caso si es el autor del hecho, y señalar los aspectos jurídicos que no me parecen bien llevados y en definitiva pedir lo que corresponda, yo no voy a pedir absoluciones cuando no puedo sostenerlas con mi ánimo, ni puedo pedir posiciones que no me resulta absolutamente compatibles con mi función de abogado defensor.
—Estamos hablando de hechos, de desviación de dinero público durante 10 años, por casi 53 millones de dólares.
—Es algo muy delicado, mi tarea va a ser qué es lo que tienen que ver mis defendidos con esa defraudación.
—Es el hecho de corrupción más grave que se ha denunciado desde el 83 para acá.
—Sí, es cierto, este es el caso más grave de los que yo recuerde, no me creo equivocar, me ha tocado actuar en Buenos Aires en otros casos importantes, pero este caso me parece que es el más relevante. Ahora, en todos los casos la cuestión es cuál es la conducta que se imputa a mis defendidos en esta realización. Y ahí me parece que va a haber una serie de situaciones donde habrá que estudiar.
—La pregunta es si el accionar de esa banda podían hacerlo en soledad o si hay responsabilidades políticas.
—Y, pareciera que en soledad es muy difícil hacerlo, habrá que verlo en el juicio oral. Pero es difícil pensar que solamente los hizo una banda.
—Usted no adhirió al pedido de otros abogados defensores de que esto vaya a fuero federal ¿Por qué?
—Porque cuando nosotros hacemos nuestras defensas, en primer lugar las hacemos porque no parecen a nosotros que hay que hacerlas. Nuestros imputados, nuestros defendidos no participan de la decisión estratégica de la defensa. La estrategia, incluso la táctica, no las discuto con mis defendidos, que estarán de acuerdo o no, y por otra parte es muy difícil que vayamos a adherir o plantear cuando no tenemos la conducción de esa defensa. Nosotros no discutimos defensas, planteos, no permitimos que nuestros defendidos nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cuando vamos a adherir queremos tener el dominio de nuestra acción. Cuando ese dominio es difícil, preferimos mantenernos quietos. Esto no significa que esté de acuerdo o no, la cuestión es manejo o no manejo esta situación. Si no la manejo, me quedo como estoy. Nosotros no planteamos eso porque entendemos que no tiene destino, es un planteo que no nos satisface desde el punto de vista técnico y lo dijimos desde el primer momento.
—Pero el juez Daniel Alonso dijo que tiene que ir al fuero federal.
—Bueno, que el doctor Alonso funde y sostenga lo que tenga que sostener, a mí no me parece que ese planteo había que hacerlo y no lo hicimos. No cabe ninguna duda que los fondos eran de la provincia, y por el otro lado se tienen que dar varias situaciones para que eso pueda ser materia de un juez electoral. Entendemos que es un camino errado pero que tampoco nosotros íbamos a hacer ninguna oposición al trabajo de nuestros colegas, que entendieron que correspondía y había que hacerlo, perfecto, nosotros no acompañamos porque no solemos hacerlo, o las planteamos o no, pero una cosa diferente es que nosotros salgamos oponiéndonos a esa posición, no nos opusimos al trabajo de nuestros colegas. Ellos creen que eso tiene color y han logrado la decisión del juez Alonso, bueno, vamos a ver hasta dónde se sostiene esa posición. Nosotros creemos que no podíamos llegar a buen puerto con ese planteo.
—Usted que fue el inventor del nuevo Código Procesal Penal a partir de su trabajo, a su entender ¿en qué se avanzó y en qué no?
—Yo no soy el inventor, lo que hice fue sistematizar para la provincia de Entre Ríos un Código acusatorio, y armarlo y redactarlo, y pensar cada uno de sus institutos para que pueda funcionar en Entre Ríos, porque acá no se puede colocar un código enlatado y hacerlo funcionar. Pero lamentablemente no me dejaron terminar la tarea, porque me hubiera gustado estar en la implementación de este código y no hubieran ocurrido los errores que ocurrieron. Por ejemplo, que en el momento de la acusación se le fije pena a la persona que se lleva a juicio, porque ese monto de la pena estaba para que la persona a la que le podían pedirle una pena de más de 12 años pudiera pedir el juicio por jurados. Esa es la razón. En cambio, sacaron el capítulo del juicio por jurados y dejaron los montos de las penas que pareciera que es una manera que tiene la Fiscalía para realizar mayor presión sobre el imputado. Y eso está pésimo. Y por el otro lado ahora trajeron una nueva ley de juicio por jurados donde era obligatorio, lo que es un disparate atómico, como lo señalé en el momento que tuve ocasión representando al Colegio de Abogados. Es un error grave, porque se convierte el juicio por jurados en un cadalso en vez de ser un derecho del imputado. La persona que quiere el juicio por jurados tiene que pedirlo. Porque es un derecho poder ser juzgado por un juicio por jurados, no una imposición del Estado. Entonces ahí hubo un error muy grave al dejar eso. Después hay una serie de inconvenientes, por ejemplo sacaron el capítulo de las nulidades, redujeron la actividad de la defensa, le dieron una mayor fuerza al Ministerio Público Fiscal y claro sin juicios de garantías fuertes, que se opongan a pedidos del Ministerio Público para favorecer el equilibrio entre la fuerza de la defensa y de la acusación, el código empieza a tambalear. Pero en lo que sí ha sido rotunda la ventaja del código es en la cantidad de casos resueltos, que tiene muchísimo que ver con el aporte de la justicia a la seguridad ciudadana.
—En los últimos meses uno ve un cuestionamiento casi permanente de muchos abogados penalistas a la figura del procurador general, Jorge García. Usted no aparece entre los críticos. ¿Le sorprende esto?
—Yo no aparezco entre los críticos, pero cuando tengo un juicio oral viene el procurador a discutirme, y no me parece que eso sea una deferencia que me viene a hacer el procurador sino que viene a discutir fuertemente conmigo, como hizo en dos casos importantísimos, en de Alanís y el de Yedro. Pero la posición que tiene respecto de mi actuación profesional el procurador no sé si la tiene con otros colegas. Yo lo que creo es que el procurador tiene una posición dura, se vale de las modificaciones que se han hecho en el código para que ese ministerio público funcione con fiereza, con fuerza, pero creo que en la balanza positiva tiene una cantidad de casos de corrupción en Entre Ríos que han sido resueltos, donde ha habido una intervención activa de la procuración.
—Sin embargo los abogados dicen lo contrario, que falta una permanente acción de parte del procurador en la mayoría de los casos de corrupción.
—Deberían plantearlo en cada caso. En los casos que yo he tenido la procuración ha sido absolutamente beligerante. No he tenido casos don el procurador me haya facilitado la cosas.
—Por ahí mencionan el caso Allende, por ejemplo.
—El caso Allende no es el caso originario mío, está funcionando un juicio abreviado con una condena importante penal y también civil muy significativa. Me gustaría que las cuestiones se planteen puntualmente por parte de los abogados. Pero de ninguna manera lo veo así. Quiero saber qué podría lograr el Ministerio Público en otras cuestiones donde sabe perfectamente donde las defensas, especialmente las que tenemos algún oficio en esto, podemos llegar a demorar y a llevar el caso hasta la Corte Suprema ¿cuánto tiempo? Eso está dentro de la Ley. Ahora, los colegas debieran plantearlo concretamente a nosotros y presentarse en los juicios. Me parece que jamás en mi actividad profesional, que he tenido que confrontar en los juicios con los abogados con mayor oficio en la profesión, como fue cuando tuvimos el caso del secuestro de la señora De Marcos, con tantos otros, jamás cuando he logrado una posición, he tenido otros abogados que me vengan a decir “¿cómo puede ser que Federik haya logrado esto?”
