“No tengo ninguna duda que esto está motivado por el avance de las causas de corrupción”

N.B. de ANÁLISIS

El procurador Jorge García llegó pasado el mediodía al Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Antes de comenzar a responder el interrogatorio, introdujo: “No era esta la integración del Jurado de Enjuiciamiento. Nosotros tenemos un recurso de queja en el STJ, por un recurso mal denegado por este jury, aclaro, con otra integración. Lo interpusimos el 31 de enero, contra la resolución del 30 de diciembre. Nos contestaron que no nos hacían lugar a la recusación planteada por la ilegalidad del desplazamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) en su rol funcional de acusación, algo que tiene raigambre constitucional. Consideramos que este Jurado carece de competencias para desplazar al MPF de su rol acusador, y eso es ilegal.  Configura una gravedad manifiesta, arbitrariedad y recurrimos al STJ, seguiremos la vía para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esto que planteamos no fue resuelto, está a despacho para resolver. Y supongo que esta es la razón por la que no ha sido resuelto”.

“Voy a declarar la verdad y conozco bien el delito de falso testimonio. No tengo problemas de conciencia”, adelantó después.

García habló de la transición del sistema mixto al sistema acusatorio en el Poder Judicial provincial. “Empezamos a explorar lo que era el rol del Ministerio Público Fiscal en este nuevo sistema. La Constitución de Entre Ríos establece sistema acusatorio, el MPF autónomo dentro del Poder Judicial y figura de fiscal Anticorrupción. Tenemos el rol de investigar, siempre dentro del marco de representación de la parte social a la que se le quebrantan derechos. Yo asumí como procurador a finales de 2007. Me encontré con la situación que las Fiscalías se habían organizado como brazo de las judicaturas. Los fiscales dependían de los jueces. En el sistema mixto, con reminiscencias del sistema inquisitivo, la figura central es la del juez. Y lo que se garantiza en el nuevo sistema es la imparcialidad del juez. Esto está en la Constitución. Como fiscales, ahora debemos un estricto celo en la legalidad y no de imparcialidad”.

Dijo después que en el rol de investigadores, deben investigar y pedir penas altísimas para personas que luego se cruzan en otros espacios. “Cuando no estamos en condiciones de hacer esto, pedimos la excusación. El motivo para recusar al MPF debe ser por una gravísima pérdida de objetividad”.

El procurador planteó después que la instancia donde deben plantearse las recusaciones a fiscales es la Procuración y no los jueces de Garantías como se hizo en la causa de los contratos truchos. “Generalmente las situaciones son abstractas. Esto es lógico, que se use la recusación infundada para embarrar la cancha”, acotó. 

Se refirió así a la “causa Beckman” o de los contratos truchos y dijo que es un precedente que “no resuelven la situación porque se tornó abstracta, pero tienen la impronta de la opinión de la Sala Penal. No compartimos el criterio con la Sala Penal y, en tanto y cuanto podamos mantenerlo, lo mantenemos”, advirtió. “En la causa de los contratos truchos fuimos recusados, se dio una circunstancia graciosa. Los defensores recusaron a los fiscales y hasta a mí que no intervine, por ser una especie de pater familia. La recusación es porque remitimos la causa a juicio, algo ridículo. Aunque estas recusaciones deben ser ante el MPF”, subrayó.

La designación como fiscal Anticorrupción

Cecilia Goyeneche fue designada en 2018 como fiscal Anticorrupción. “La cuestión la introdujimos como apartado especial. Trabajamos tanto con mi amigo Raúl Herzovich en el proyecto de ley, dotando a la Fiscalía de un cuerpo pericial, además del cargo con categoría de procurador Adjunto. Este proyecto no fue aprobado por la Legislatura. No sé por qué, seguramente por razones estratégicas. Entonces, en tanto no se dictara la ley reglamentaria decidimos establecer la transformación, creación de cargos y designar a un procurador Adjunto, atribuyendo la función y resolvimos designarla a usted”, le dijo a Goyeneche.

Refirió luego a la especialidad del trabajo, “sobre delitos de cuello blanco”. “Sé que la mayoría de la clase política es honesta y no tiene por qué cargar con el bizcochuelo de aquellos golosos que saquean al Estado junto a empresarios. No tengo que investigar al que vive en la villa, sino al empresario que tiene la obra pública y al ministro”, apuntó.  En la misma línea, validó aquella frase que indica “la corrupción mata”. “Los dineros del soberano son los que garantizan la educación, la salud… Si esos dineros se apartan, ocurren cosas como la tragedia de Once”.

En otro tramo de su testimonio se refirió al periodismo y el ejercicio de la prensa. “En esta causa detectamos operetas. Respeto al periodismo, pero no al inframundo del periodismo donde se difundió una supuesta relación suya -le dijo a Goyeneche- con uno de los acusados del estudio contable. Sé que se presentó ante la jueza -Marina- Barbagelata. Hubo una apelación de la defensa y finalmente fue declarado inadmisible en Casación. Eso quedó ahí porque sobrevino su excusación, pero nunca plantearon la recusación ante el MPF”.

“Operetas”

García contó que la investigación por los contratos truchos inició de modo azaroso. “Dimos instrucciones a agentes de Policía para que estén atentos a estafas de jubilados, al cuento del tío. A un Policía le llamó la atención que una persona entraba muchas tarjetas en un cajero. Se descubrió una simulación manejada con monotributos en el ámbito del estudio contable. El funcionario policial  que vio, advirtió a delitos económicos. Los fiscales se enteraron, allanaron. Apareció la situación del contador -Pedro- Opromolla, se conversó. Recuerdo el asombro con los resultados de los allanamientos, donde apareció este estudio contable”, recordó.

Contó que cuando allanaron el estudio contable, Goyeneche “manifestó que era amigo de su esposo”. “Nos reímos, son cosas que nos tocan. Cuando empezaron las operetas nos reíamos de la ridiculez, primero se hablaba de una amistad, después de una sociedad, después del estudio compartido. Bromeábamos para cortar la tragedia. Yo decía ¡qué amigos! Le allanó el estudio, le sacaron las computadoras, no podrá ejercer más como contador, una manera rara de amistad”, razonó.

“Al cabo de unos meses la doctora Goyeneche me manifestó un problema registral de una vivienda que adquirió dos años atrás. Se trataba de un fideicomiso que no tiene que ver con contratos de sociedad, sino que son inversiones anónimas. Había un retraso en la cuestión notarial. La parte registral estaba demorada y cuando se hicieron los embargos, aparecía el contador imputado como titular del 50 por ciento de este inmueble adquirido en fideicomiso. Ahí ella manifestó la voluntad de excusarse, lo respeto. Ella debía presentarse al Juzgado de Garantías para pedir levantamiento del embargo que era de su titularidad, no del imputado embargado. Podría no haberse excusado. El mismo Opromolla pudo decir este departamento no es mío. Yo acepté la recusación el 30 de abril de 2019. En los medios estaba la maniobra para embarrar la cancha y nunca pensamos que iba a llegar a estar situación tan lamentable”.

“Cuando se requirió la elevación a juicio de la causa, es como que explotó la cuestión. Recusaron a los fiscales. La crítica es que no investigamos a los principales, el gobernador, vicegobernador. Los defensores se transformaban en fiscales diciendo que no cumplimos con nuestro rol. La defensa de los abogados, muy loable, decían que la imputación principal era errónea porque los contratos eran legítimos. Entonces, si no había ilícito ¿Cómo no investigamos a los altos donde supuestamente fue a parar la plata robada? Fue una maniobra dilatoria, para embarrar. En esa recusación no intervine. Di mi apoyo enfático por el trabajo de los fiscales que soportaron las injurias más graves, más allá que sea nuestro deber”.

“No tengo ninguna duda que esto está motivado por el avance de las causas de corrupción. Algunos creen que están afuera del derecho. No había situación que motivara el apartamiento de Goyeneche. Esto vino con la opereta en pasquines del inframundo periodístico. Un whatsapp trucho, una planilla trucha. Con esto, hemos llegado a los lugares más bajos de la institucionalidad”, cerró

Por primera vez en tres días, hubo silencio en la sala.

Primera mitad de la jornada

A las 9 se reanudó el jury a la suspendida procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche. Al inicio de se transmitió el registro fílmico de aquella audiencia ocurrida el 7 de diciembre de 2018, ante la vocal Carolina Castagno. En esa instancia el defensor Leopoldo Cappa acusó vinculación comercial entre Goyeneche y el contador Pedro Opromolla, investigado en la causa de los contratos truchos. Se vio cómo Goyeneche ya entonces habló de las amenazas de jury; refirió a las declaraciones en la prensa y la aparición de un chat falso, en el cual supuestamente ella se comunicaba con el imputado.

“No veíamos ataques tan furibundos con los primeros detenidos -Flavia Beckman y Hugo Mena-, pero esto cambió con los avances sobre el Senado. Es una organización que sustrajo unos 2mil millones de pesos. Hay códigos en la organización criminal, código de silencio. Estamos en una causa de gravedad institucional pocas veces vista. Estaban sustrayendo sumas importantísimas de dinero mes a mes”, se escuchó decir a la fiscal en el video.

Se trató de una audiencia de apelación al pedido de las prisiones preventivas. En primera instancia, el juez de Garantías Eduardo Ruhl había admitido las prisiones preventivas. Los defensores apelaron ante la vocal Carolina Castagno, que concurrió este miércoles al debate.

La entrevistó en primer lugar la fiscal enjuiciada. “Cuando fui convocada a prestar testimonio en este juicio, volví a ver la audiencia. Se trató el recurso de apelación que interpusieron los abogados Miguel Cullen y Vartorelli y el doctor Leopoldo Cappa. Representaban a los imputados Ariel Faure y Gustavo Pérez”, recordó la vocal. “Mantuvimos la prisión preventiva”, acotó.

“En el marco de esa audiencia usted no fue recusada. Pero el doctor Cappa y antes de comenzar alocución informó que había planteado recusación, no haciendo alusión a motivos pero en el desarrollo de fundamentos refirió a un vínculo comercial que usted supuestamente tenía con uno de los imputados que era Opromolla. Cullen también lo dijo. Hablaron de una entrevista periodística también. Usted rebatió los argumentos de los defensores e hizo hincapié en la falsedad de algunas afirmaciones. Los abogados dijeron que había una especie de persecución a sus defendidos y usted contestó que a esa fecha no estaban dispuestos los embargos, recién empezaba la investigación, a los dos meses. Precisó que las intervenciones telefónicas tuvieron un lapso de 30 días. Manifestó que el seguimiento policial era al efecto de verificar que si las personas residían en domicilios. Usted dice que es falso el vínculo comercial con Opromolla. No mencionó vínculos contractuales. Lo esencial era el tratamiento de las prisiones preventivas. En su argumento, Cappa habló de vínculo comercial y lo reiteró Cullen. Usted manifestó que es falso. Después, ese no era el motivo de la audiencia. Mi función era controlar si el juez Ruhl había sido razonable al conceder las preventivas”, declaró Castagno.

Seguidamente, la vocal contó que intervino en la revocación a Goyeneche. “Primero intervino la doctora -Marina- Barbagelata que no le dio acogimiento a la recusación. Yo lo confirmé. Consideré razonable su valoración. El Ministerio Público Fiscal es autónomo en sus funciones y los miembros deben actuar con criterio de objetividad, imparcialidad e independencia.  El objetivo de la audiencia fue dirimir quién debía resolver un conflicto de competencia”.

Allanamiento y requisas

Horacio Blasón, actual director de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, declaró este miércoles antes del mediodía. Contó que participó de un allanamiento, que fue “muy hermético”. “Leímos el oficio del juez de Garantías y concurrimos a un estudio contable donde se secuestró documentación, elementos informáticos y celulares. Además, teníamos la orden de interceptar a las personas buscadas para secuestrar sus teléfonos en caso que no estuvieran en el lugar”, dijo.

Goyeneche le hizo leer la orden de requisa personal a Pedro Opromolla cuándo y dónde sea hallado y se le secuestre el teléfono celular. La orden era para realizarlo durante el día del 3 de octubre de 2018. Concurrieron en reiteradas oportunidades al domicilio particular de Opromolla pero no lo localizaron. La consulta está orientada a probar si Opromolla recibió un trato especial en la investigación. 

—¿Se intentó buscarlo en otro lugar a Opromolla?—preguntó el fiscal adhoc, Gastón Justet.

—Entiendo que lo buscaron en muchos lugares —contestó el comisario.

Teléfonos

Fernando Ferrari, bioingeniero del Ministerio Público Fiscal (MPF), sumó su testimonio al jury. Refirió a la pericia sobre teléfonos secuestrados en la causa de los contratos truchos. Hubo un informe del Departamento de Informática del MPF, en octubre de 2018, entregado en cuatro partes. El análisis fue sobre celulares de imputados vinculados a Integral Asesoría: Yanina Tosolini -secretaria-; Renato Mansilla -corredor inmobiliario-; Nicolás Beber -técnico informático-; Gustavo Falco, entre otros.

Goyeneche le pidió al bioingeniero que busque en la agenda de Tosolini el número de su marido, Sebastián Orlando Bertozzi. No halló nada. Cabe recordar que la acusación sostiene que Orlando Bertozzi era socio del estudio. La fiscal enjuiciada pidió, a continuación, que busque en la agenda su teléfono personal, también el laboral, el número de su domicilio actual y el número de su domicilio anterior. Sin coincidencias. “Se buscan todos los contenidos. Si hay mensajes sms, chats, llamadas”, acotó el testigo.