Mediante el Oficio N°104, el Área de Asuntos Administrativos informó a todas las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) de la provincia, la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por la cual se “ordena la prohibición de ingreso hasta nueva disposición, a todos los salones de audiencias de la provincia” a aquellas personas que la semana pasada expresaron en Tribunales su repudio ante un fallo de sobreseimiento al condenado ex gobernador Sergio Urribarri y cuestionaron la destitución de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
Se trata de un grupo de mujeres enroladas en la ONG Equipo Republicano que el pasado viernes llegaron desde Buenos Aires para presenciar la audiencia donde se trataba una apelación al sobreseimiento al ex gobernador Sergio Urribarri, y que al término de la misma osaron cuestionar a los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, defensores del ex mandatario condenado.
El grupo de señoras, la mayoría de ellas jubiladas, reclamaron la cárcel para Urribarri y también la restitución de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
Lo llamativo de la resolución, a la que accedió ANALISIS, es que en el listado de personas impedidas de ingresar a todos los Tribunales de la provincia se encuentran ciudadanos comunes, que participaron de la mencionada audiencia pero nada tienen que ver con el grupo de Equipo Republicano.
Sobre los motivos de la medida, se indica que es “a los fines de preservar la seguridad de los agentes, magistrados, magistradas, y funcionariado del Poder Judicial, profesionales de la abogacía, público en general y bienes del Estado, de conformidad a los dispuesto en el art.8 de la L.O.P.J. (ley organica del Poder Judicial)”.
Se trata de una nueva lamentable decisión del Poder Judicial entrerriano contra un grupo de ciudadanos comunes que expresaron su malestar, y que incluso reconocieron públicamente que se excedieron en el escrache ante el estudio de Barrandeguy.
Inmediatamente después de la protesta o “escrache”, el Superior Tribunal de Justicia indicó que “dichas personas, disconformes con actos o decisiones de las instituciones republicanas, canalizaron sus reclamos a través de métodos agresivos, violentos, intimidatorios, con insultos e injurias personales, afectando la honorabilidad de magistrados, profesionales y legisladores en cumplimiento de sus funciones y como integrantes del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia”.
Y fueron más allá y les abrieron causas por la pegatina de calcomanías de 4 x 5 cm en containers de residuos y algunos afiches con los rostros de quienes votaron en contra de Cecilia Goyeneche, como así también por levantarle la voz a Barrandeguy y a Cullen. Además, la respuesta del poder hizo que se publicara en algunos medios los nombres y apellidos de todas las mujeres que concurrieron a Tribunales.
