De ANÁLISIS
La obra del megaedificio de calle Catamarca al 600 tuvo un nuevo capítulo en sede judicial. Si bien los empresarios tienen luz verde para la realización del emprendimiento a través de la sentencia del propio Superior Tribunal de Justicia (STJ), una cautelar presentada por los vecinos les impuso al grupo inversor que realicen una serie de obras para evitar daños.
Tal como lo adelantó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el vecino lindero César Pross había presentado una medida cautelar ante el juzgado Civil y Comercial Nº8 de Paraná. En el marco de esa medida, la jueza María del Pilar Yudgar dispuso una pericia para hacer un diagnóstico acertado respecto al daño provocado en la vivienda lindante al proyecto inmobiliario.
En la pericia que hoy publica ANÁLISIS se puede observar como el ingeniero civil Pedro Alejandro Pereyra puso en evidencia que las obras preventivas realizadas por los empresarios eran correctas pero no suficientes, resolviendo que era necesario y urgente realizar las acciones tendientes a preservar el patrimonio de Pross.
La magistrada, en base a la pericia, resolvió hacer lugar a la cautelar y ordenó al grupo Fiduciario del Fideicomiso Catamarca 646 “a disponer lo necesario para la adopción de las medidas de seguridad detalladas en el considerando 3º, a fin de dar inicio a la ejecución de las obras en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la presente”.
El considerando citado establece la necesidad de realizar una serie de acciones “para mantener la estabilidad del muro medianero y contener el talud de suelo a efectos de que no siga deslizándose”. Además, establece que deben “realizar el relleno de los tabiques” que dan a la propiedad lindera y “rellenar el pozo adyacente a la medianera”. También “ajustar el sistema de apuntalamiento existente a las condiciones de proyecto en el tramo inestable inicial”.
Otro de los puntos señalados por el perito y dispuestos por la jueza es el de “apuntalar la medianera en sus primeros 14 metros desde la línea municipal, hoy descalzada y asentada”.
La pericia se realizó el 2 de julio pasado, mientras que la resolución judicial se adoptó a finales de ese mes.
Los empresarios mandaron a realizar obras pero los vecinos aseguraron que no han presentado un plan de trabajo y temen por una mala praxis a la hora de realizarlos: “Ya han hecho las cosas mal, no tenemos confianza en que lo que estén haciendo sea lo correcto”, aseguraron.
En esa línea, junto con sus abogados, decidieron realizar una nueva presentación en la cual se solicita a la Justicia que “se comisione al Ingeniero Roberto Contini para que de manera unilateral y/o en conjunto con el perito designado en autos se constituya en el lugar, e informe con una periodicidad razonable sobre el ritmo de los trabajos que se realicen y su ajuste al buen arte de construir, y a lo ordenado por Vuestra Señoría”.
Para los vecinos, la sentencia es incompleta en un punto. Ellos reclaman el recalce de los cimientos mientras que el perito designado sólo estableció la necesidad del recalce de la medianera. Su preocupación se basa en posibles daños futuros que puedan volver a generar perjuicios para su patrimonio y bienestar.
La historia del conflicto
El proyecto que busca construir la torre más alta de Entre Ríos. La iniciativa surgió en 2012, pero desde 2014 ha sido postergado en reiteradas ocasiones por el reclamo de los vecinos de la zona que contó con el acompañamiento de organizaciones y Comisiones Vecinales.
Se trata de un grupo de inversores, nucleados en un fideicomiso, con el objetivo de construir un edificio de una torre de más de 70 metros de altura, con 25 pisos, 45 departamentos y 57 cocheras.
Todo eso a pocos metros del rosedal de Paraná, en la vieja sede del Suoyem que era propiedad de Enrique Mizawak y cuyos hijos forman parte del fideicomiso. El inmueble es sobre calle Catamarca al 600, en esa angosta cuadra que comunica el Parque Urquiza con Alameda de la Federación.
El edificio se proyecta con pisos y semipisos, que serán distribuidos entre los inversores del fideicomiso. Un piso en la zona del Parque Urquiza no baja de los 300.000 dólares para la venta y los alquileres rondan los $50.000 mensuales.
Distintas familias vecinas, linderas a la obra, comenzaron a plantear reparos y realizaron presentaciones judiciales que han frenado por momentos la obra. Los vecinos consiguieron el apoyo de la vecinal, de la Asamblea Ciudadana y otras organizaciones que impulsaron el STOP a las construcciones en altura en el microcentro y Parque Urquiza.
La obra obtuvo la habilitación, mediante excepciones, en tiempos de la gestión de Blanca Osuna. En ese proceso de habilitación intervino una comisión asesora que dio el visto bueno pero sin el quórum suficiente, quedando afuera los concejales Miguel Rettore y Marcelo Haddad.
Esta irregularidad administrativa fue detectada por la Cámara en lo Contenciosos Administrativo que frenó la obra en 2017.
Así como los vecinos encontraron el acompañamiento vecinal, los inversores contaron con el respaldo público de la Cámara Entrerriana de la Construcción que realizó una solicitada en instancias previas a que la Justicia resuelva, haciendo referencia a la falta de seguridad jurídica para invertir en la provincia.
El fallo fue apelado por los empresarios y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) terminó dándoles la razón respecto a la legalidad de la obra y el emprendimiento está pronto a ser retomado.
