La dirigente del MST-Frente de Izquierda, Nadia Burgos, se refirió al rechazo ciudadano al aumento del boleto de colectivos y cuestionó la lógica de la empresa y el municipio ante la problemática.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Burgos explicitó que la protesta de los vecinos en Sala Mayo fue “para rechazar el aumento del boleto de colectivo y porque entendíamos que era necesario que directamente se archiven los tres proyectos de aumento que iban a ingresar al Concejo Deliberante porque en el contexto de crisis actual es un impacto muy profundo al bolsillo de los trabajadores”.
“Por esto fuimos a movilizarnos y nos encontramos con una negativa a la posibilidad de ingresar cuando comenzó la sesión, lo que fue un hecho gravísimo porque la razón que aludían para no dejarnos ingresar era que el espacio era reducido cuando sabíamos que no era verdad porque ya habíamos estado en la sesión anterior, luego nos dijeron que no podíamos entrar porque no era un espacio exclusivo del Concejo Deliberante y había que cuidarlo; cuando nos permitieron ingresar nos dimos cuenta que ya habían tratado y pasado a comisión los proyectos que nos interesaban”, contó.
Teniendo en cuenta que con aumentos anteriores el proyecto se trató y aprobó sobre tablas, la dirigente consideró que la movilización de los vecinos permitió que los proyectos fueran enviados a comisión para su análisis. “Creemos que fue determinante que hayamos podido movilizar y estar presentes por eso invitamos a que cuando se trate el proyecto podamos ser muchos más los ciudadanos y ciudadanas que estemos allí en el Concejo Deliberante para expresar el rechazo profundo a este aumento”, señaló.
En este marco, sobre las opciones para mejorar el servicio planteó que “hay dos posiciones que nos manifestamos ayer: por un lado la del MST para estatizar el transporte público porque es un derecho y porque los subsidios millonarios que se dan a las empresa hoy permitirían tranquilamente que el transporte pudiera funcionar sin la variable de ganancias, porque el problema acá es que los empresarios piden aumento porque necesitan tener más márgenes de ganancias y el problema a discutir de fondo es si el transporte es un negocio o es un derecho; y luego está la posición de la Asamblea Ciudadana Vecinalista que sostiene que hay que rescindir la concesión con Ersa porque el incumplimiento es constante”.
Sobre estos incumplimientos ejemplificó que “el pliego de concesión que está licitado y firmado entre la empresa y el municipio habla de unidades de transporte que no están funcionando, habla que haya garitas que no existen, habla de una frecuencia que no es real, de condiciones de traslado como coches adaptados que no hay ninguno en Paraná, y la empresa no cumple nada de eso, pero sin embargo cada vez que exige un aumento el municipio le contesta favorablemente sin ponerle una alarma sobre estas circunstancias”.
Agregó que “la Asamblea Ciudadana también pide, y nosotros apoyamos, que los usuarios seamos parte de los órganos de control porque entendemos que el transporte solamente se puede garantizar como un derecho si hay un control social y de los trabajadores sobre el servicio”.
En cuanto a la iniciativa de los concejales de Políticas para la República que se aprobó para efectuar una auditoría a la empresa, Burgos consideró que “es una hipocresía por parte de Políticas para la República porque ellos están a favor del aumento y presentaron un proyecto para eso; es más una jugada mediática que una preocupación genuina de este espacio que ha sido un apéndice de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante porque ha permitido que salgan todos los proyectos de la derecha y también es funcional al oficialismo en esta circunstancia donde desvía la discusión”.
No obstante, planteó que “desde hace años estamos exigiendo la apertura de los libros contables, es una necesidad concreta que tenemos porque hoy se marca el cuadro tarifario de acuerdo a la información que la empresa quiere brindar y no en base a la información total. Eso es algo que en términos de decisión política debería haberse realizado, al menos, en la última definición para continuar el contrato con esta empresa rapiña que ha logrado una monopolización del transporte y hace que el servicio funcione según sus reglas”.
En otro orden de temas, anunció que el 1 de agosto participarán de la movilización por temas ambientales porque “hay una peligrosidad y una pérdida constante de espacios públicos en Paraná y es un peligro que tiene que ver con una lógica estructural de cómo se ordena este municipio a cargo de (Adán) Bahl, que es que ninguna de las obras ni de las decisiones que están tomando es consultada con la ciudadanía en su conjunto”.
“Se toman decisiones que están de espaldas a la ciudadanía, cada vez se están perdiendo más espacios públicos y se está convirtiendo a Paraná en una ciudad al servicio de los especuladores inmobiliarios y no de las necesidades sociales y saludables de la población. Por eso el 1 de agosto estaremos movilizándonos para exigir una participación ciudadana efectiva, y la consigna principal del MST es que de una vez por todas se pueda organizar la carta orgánica de Paraná lo que permitiría que se puedan establecer bases y condiciones para la participación ciudadana y que todas las acciones del municipio estén al servicio de una ciudad entendida como un derecho y no solo como un espacio vendible”, concluyó.
