Por José María Varangot (*)
No resulta simpático señalar los errores que comete un gobierno de muy reciente asunción, máxime en las actuales circunstancias sanitarias de extrema gravedad provocadas por el coronavirus. Si bien al principio la ciudadanía le brindó una especie de “certificado de disculpa”, habida cuenta que su herencia fue muy pesada, producto de los 12 años de gobierno kirchnerista, administrado mayoritariamente por su actual vicepresidente Cristina Kirchner y luego, por los errores económicos de la gestión Macri, que dejó a nuestro país con mayor inflación y pobreza, que la recibida al inicio de su gobierno en diciembre de 2015, hoy nos encontramos los argentinos sorprendidos y preocupados por una serie de errores que se reiteran en forma recurrente.
En ese sentido, el 3 de abril pasado asistimos a un ejemplo de desorganización e impericia cuando tuvimos en la calle, desde la madrugada a más de 1 millón de jubilados queriendo cobrar en los bancos. Se enrostraron las culpas entre el ANSES y el Banco Central. El presidente del ANSES ya renunció, esperemos que surjan más responsables, pues lo sucedido fue gravísimo, máxime en el contexto actual.
Por otro lado, las compras y contrataciones con motivo de la pandemia, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, dejó al descubierto una especie de cartelización de dicha cartera repartido entre Fernández, Massa, la Cámpora, organizaciones piqueteras o sociales, entre otros, que limitan sensiblemente la autonomía del ministro. Con qué autoridad el gobierno puede multar a un comercio que no respeta los Precios Cuidados si su propio Ministerio de Desarrollo Social, de principal importancia en esta emergencia, compra caro, con absoluta desaprensión y dejando enormes sospechas de corrupción en su accionar.
Debemos estar atentos y ser exigentes en que la investigación judicial determine las responsabilidades correspondientes y no sólo recaiga en funcionarios de 2º o 3º líneas. Existe la idea, muy instalada entre los argentinos, que el Estado compra mal y caro, dando lugar a delitos y enriquecimientos ilícitos a costa del pueblo. Lo sucedido en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la compra de barbijos a $ 3.000 cada uno, y alquiler de hoteles para cuarentena sanitaria, es una clara demostración de la generalización de la corrupción en casi toda la administración estatal, “gorda y fofa”.
Hasta ahora, se advierte en la opinión pública cierto beneplácito con las medidas sanitarias que provocan un amesetada y larga curva de infección, con índice de mortandad muy menor a otros países. La estricta cuarentena ha sido la herramienta principal, pero ya comienza a preocupar la falta de un plan para comenzar a salir de la depresión y crisis económica, sabiendo que contamos con una clase política desprestigiada, contagiada de “clientelismo” y padecemos, desde hace mucho tiempo, de una economía escuálida.
El Presidente Fernández no debe aceptar presiones tendientes a usar la pandemia para favorecer el interés político de determinada facción, o escudarse en la salud pública para adoptar medidas sin consenso ni justificación clara, como la importación de médicos cubanos, cuando en nuestro país tenemos la relación más alta entre médicos-habitantes y contamos actualmente con más de 4.000 médicos argentinos en trámite de matriculación.
También se agrega al cuadro de “medidas ideologizadas”, el anuncio de la salida del Mercosur. No hubo explicación oficial alguna, son todas dudas y nuevamente, asistimos a una medida inconsulta, en la que no opinaron los legisladores que integran las Comisiones que tienen que ver con la medida, ni tampoco las entidades empresariales que están involucradas en nuestro sector productor- exportador. No se entiende el sentido de oportunidad de adoptarla en el marco de la emergencia sanitaria, luego de 30 años de integración con países como Brasil, Uruguay y Paraguay, los que de aquí en más, se quedarán con la cuota parte de exportación de productos que le asistía a Argentina. Sería interesante conocer los fundamentos de tal decisión, que provocará serias consecuencias políticas y económicas. ¿Porqué “Mercosur” no y “Grupo de Puebla”, sí?.
Tal vez como nunca, nuestro país necesita de una salida consensuada entre los partidos políticos y sectores con responsabilidad social, económica, ámbitos de la producción, de manera de abandonar este triste escenario permanente de crisis económica, endeudamiento, precariedad social y grieta política, agravado todo por los efectos que, sin duda, nos ocasionará esta pandemia.
El Presidente Fernández, si es consciente de ello y está dispuesto a intentarlo, deberá ser estricto en el control de los resortes de poder de su gobierno, “yendo al hueso en pos de la transparencia”, fortalecer la división de poderes y priorizar los verdaderos intereses de la Nación por sobre las ideologías políticas. Por último, dar una contundente señal a la ciudadanía, que ya no son épocas de personalismos que profundizan grietas para dar lugar a acuerdos de reconstrucción de nuestro entramado social y económico.
(*) Abogado, Productor agropecuario y Dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA) en el Departamento La Paz
