Por Luis María Serroels (*)
No es habitual que alguien aún no debidamente amasado en las lides de la política –hablamos de la política con mayúscula- arremeta en el círculo legislativo con ínfulas de adalid y, sobre todo, con tono de liderazgo. El cuerpo de la Cámara Baja son 257 diputados y no mandones de cartulina. Salvo cuando intermedia el autoritarismo con olor a dinastía ejercido desde Santa Cruz.
Los grandes e históricos debates que se dieron en nuestro país y llenaron de lustre a la institucionalidad, también llegaron hasta un episodio trágico un 23 de julio de 1935 cuando en el propio Senado de la Nación una bala dirigida contra Lisandro de la Torre se interpuso mortalmente en el cuerpo del senador santafesino Enzo Bordabehere.
En estos tiempos no exentos de turbulencias, los debates de todo color y pelaje desafían a ciertos bisoños que aún no han lustrado sus bancas por carecer de experiencia y donde hormiguea la necesidad de la ambición desmedida.
Casi como una punta de lanza y supuesto adiestramiento prematuro, el diputado Máximo Kirchner sorprendió estos días con una supuesta decisión de reglas referidas a las contiendas electorales del año en curso e instruyendo sobre el tema a la agrupación La Cámpora (de orientación peronista-kirchnerista fundada en 2006). Se trata de operar sobre un calendario de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), proponiendo que se hagan en la misma fecha de las generales, una experiencia llamada al rechazo de acuerdo a opiniones que se conocieron y razones que forzarían a desecharlo.
¿Pueden los ciudadanos con dos dedos de frente y en condiciones de sufragar, permanecer tranquilos frente a esta propuesta? Para ser partícipe de la política activa y con mayúscula, es menester zambullirse en las aguas de la experiencia, una moral a toda prueba y refrescarse con los vientos de la verdad, el respeto y respetar la libertad de opinión. La susceptibilidad en política es mala. Y además saber interpretar y asumir la Doctrina de la Real Malicia (especialmente en épocas en que el kirchnerismo se empapa en la Lawfare (guerra jurídica o guerra judicial) o la Fake News (noticias falsas).
Es importante recordar que “la libertad de expresión sobre asuntos públicos se encuentra ampliamente garantizada por las elevadas metas que aspira a arribar. Sus funciones de promover cambios políticos y sociales por medios pacíficos, de responsabilizar a los gobernantes ante los gobernados, de obtener verdaderas conclusiones, el establecimiento de un orden con sentido y la proliferación de entendimientos, justifica su exhaustiva defensa” (New York Times Co. Y Sullivan).
Añade que “los debates públicos no deben ser objeto de restricciones, sino todo lo contrario: deben tender a ser amplios y abarcativos. Incluso pueden verterse en ellos acérrimas críticas a la actividad gubernamental. Los abusos de prensa que se cometen deben ser tolerados en virtud de los beneficios y servicios que brindan. Se torna posible la enunciación de una expresión falsa. Ella misma goza de protección constitucional en el debate de ideas. La injuria y el error fáctico no se erigen como razones que legitimen la represión de la libertad de expresión. La excepción a tal regla consistiría, únicamente, en la obstrucción a la justicia”.
Asimismo, es útil analizar en esta columna la intención de algunos kirchneristas de utilizar una vez más la llamada Ley de Lemas.
Si el diputado Kirchner sacó la cuestión, es porque le vendría muy útil para salvar cualquier caída en las urnas. Se ve como una herramienta de unidad, pero su raíz nace de la dispersión. Vale recordar que este sistema en Honduras y Uruguay, en tanto en provincias como Formosa, Misiones, Chubut, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Cruz, pero fue desechada (pero en esta última provincia patagónica la gobernadora Alicia Kirchner 2015 y en plena campaña, hizo reimplantar este sistema de Lemas por decisión judicial favoreciendo su reelección). Se trató de una trampa: Eduardo Costa registró 41 por ciento de los votos y Alicia Kirchner un 34,4 por ciento, pero en su calidad de gobernadora derribó cualquier obstáculo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación a este problema nunca lo resolvió, quizás por considerarlo fuera de oportunidad. El sistema no zanjaba problemas internos de los partidos, más bien los agravaba.
La Ley de Lemas, contrariamente a lo que muchos sostenían, no solucionaba los problemas internos de los partidos. Sólo los postergaba hasta hacerlos estallar en medio de la campaña general, donde la guerra de facciones se maquillaba con una cosmética de falta tolerancia que en el fondo ocultaba odios personales, corporativismo y aparatos instalados en las estructuras.
Como era de esperar, el poder del kirchnerismo va acelerando medidas a gusto y paladar que se van acentuando lentamente con la única finalidad de consagrarle impunidad a los corruptos.
El poder tiene facultades donde ya modificó seis artículos sobre la ejecución de una pena. Lo curioso es que se apunta a la situación de los condenados por corrupción Amado Boudou, Julio de Vido y Ricardo Jaime entre varios más que esperan sedientos de que les abran las puertas. Todo va anticipando la decisión de que los condenados y los que vayan siendo juzgados, saldrán en libertad sí o sí, favorecidos por modificaciones a piácere. No descartarán la intervención de organismos internacionales que dilatan los tiempos indeterminadamente. Todos sabemos que CFK opera tras de ello. ¿También lo hará detrás la Suprema Corte?
(*) Especial para ANÁLISIS.
