(*) Por Luis María Serroels
No necesariamente tiene que ser un régimen de facto y despótico para practicar doctrinas totalitarias, avasallar derechos, leyes y llevarse por delante a la justicia. Suelen haber dictadorzuelos con estas mañas. Aunque en tal circunstancia las cámaras legislativas estarían clausuradas, se daría por estos días el caso de que el gobierno K se prepare para operar con porciones de diputados y senadores seleccionados para arrasar con las facultades exclusivas del Poder Judicial. Ello incluiría atropellar la Corte Suprema y también los Juzgados Federales.
La decisión de absorber y atenazar a la justicia, controlar a los jueces, domesticarlos y aplicarles sanciones discrecionales y aleccionadoras, tiene el sello de las dictaduras. Sólo se puede interpretar como un desvarío propio de quienes van en caída libre tras chocar inexorablemente contra la Ley Suprema, la mejor garantía de los argentinos.
La condición de docente universitario en estudios jurídicos que se le reconoce al presidente Alberto Fernández, como también de algunos egresados en esa carrera e integrantes del staff gubernamental, no pueden haber olvidado que la Carta Magna viene desde 1853; a ella prometieron jurarla solemnemente y respetarla como un precepto liminar que alumbró y sigue alumbrando a todos los argentinos. De allí salió el germen que floreció y selló por siempre la división de poderes que nadie puede alterar.
Anoticiar a la nación desde la cúspide del poder obtenido genuinamente, que el kirchnerismo proyecta cambios en claro avasallamiento de preceptos esenciales, constituye una lisa y llana traición. La división de poderes es sagrada e inconmovible y alterar o mutar estos mandatos por conveniencia, es un claro y grave delito. Intentar modificaciones desde el Congreso en lo que tiene vedado en tanto le concierne a la Justicia, es un acto propio de la imbecilidad humana. El más mínimo y alegre adosamiento o eliminación del Poder Legislativo a cuestiones que sólo le corresponden al Poder Judicial, son acciones pasibles de dura y aleccionadora condena.
Un paso siguiente –no cabe dudas- debería ser denunciar como desequilibrados a los principales gobernantes y ser sometidos a juicio por traición a la patria.
El kirchnerismo se caracterizó desde el comienzo por fijar sus propias reglas. Cada vez que se entronizó en el poder legal, gustó de usar caminos oblicuos, sean o no moralmente aceptables, en tanto sirvan a sus intereses personales.
El problema es que Cristina Fernández, aún refugiada en sus fueros, no tiene modo de eludir la mano de la justicia. Pensar que se pueda revisar, sancionar y mover magistrados por simple decisión de un grupo de ambas Cámaras, resulta absolutamente arbitrario y vergonzoso.
La Agrupación Justicia Legítima (Asociación Civil), aparato integrado por personas destinadas a la “democratización del Poder Judicial”, llama la atención porque nunca ha puesto el punto sobre las desviaciones de los Códigos que han colocado en grave situación a Cristina Fernández. Claramente comprometida en hechos cuya gravedad llevaron a la cárcel a Lázaro Báez, su familia y varios socios distinguidos de la corrupción.
Si la presunta democratización judicial consiste en someter a los magistrados invadiendo la independencia garantizada por la Carta Magna, entonces se habla de un poder de facto con las manos desatadas.
Basta ya con los atropellos con que está rociando el gobierno a la democracia, burlándose de una sociedad engañada. A veces dentro del poder, lo que se tiene de arrogante a la hora de ejercer el mando, también se adquiere de ignorancia por negligencia. Al menos analizando las atribuciones del Poder Judicial donde no se le da injerencia alguna a los legisladores para crear una comisión bicameral, con el objetivo de investigar y controlar a los jueces. Esto es simplemente lo que se llama “mala praxis legislativa” por parte de ciertos iluminados de cartulina. Quienes pretenden oxigenar a la democracia, terminan sofocándola. ¿Aceptarían los legisladores ser examinados por los jueces?
Si no hay una verdadera división de poderes, no hay democracia plena. Los juristas más encumbrados barren con el disparate soñado por Alberto Fernández: “Crear una Comisión Bicameral para monitorear a magistrados y fiscales”. En buen romance, ejercer un “control cruzado sobre el Poder Judicial” y “mejorar la calidad institucional de la República” (?). El pueblo sabe que todo tiene un tope. Que se sacia y agota. Que hay un grito que estalla y ese grito no es otra cosa que la Patria mancillada.
Que siempre serán más a la hora de acudir a salvar la Patria y la Constitución.
“Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya” (Séneca).
(*) Especial para ANALISIS
