Por Antonio Tardelli (*)
Algo surge evidente tras los acontecimientos vividos ayer en Paraná, donde un grupo de vecinos resistió el comienzo de las obras de ensanche de Bulevar Racedo. Los incidentes derivaron en la detención de militantes ambientalistas y en la suspensión provisoria de los trabajos.
Los sucesos informan de que la obra encargada por la Municipalidad de Paraná no cuenta con licencia social.
O, por lo menos, que esa licencia social está en disputa.
El concepto remite a un consenso democrático que es imprescindible para que iniciativas gubernamentales o empresarias puedan avanzar sin obstáculos.
Da cuenta de la necesaria conformidad ciudadana con emprendimientos que gravitan en el conjunto.
Hoy, en Paraná, esa obra escenifica un conflicto.
Es un conflicto notorio y evidente.
Para algunos vecinos el ensanche de Racedo supone una mejora significativa.
Para otros, un emprendimiento que, por comportar la tala de especies arbóreas, debe ser rechazado.
Están también los que ni fu ni fa. Adentro del barrio y afuera de él.
Se desconoce, en general, qué piensa el conjunto de los paranaenses sobre una obra que impacta directamente sobre la circulación general y sobre un barrio específico.
Hay activistas que se movilizan y que censuran la iniciativa.
La empresa contratista, como es lógico, la defiende.
También la defienden los obreros (“son treinta puestos de trabajo”, alegan) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), un sindicato que en general brilla por su ausencia salvo cuando asoma la cabeza para protagonizar acciones indefendibles.
La Municipalidad insiste con su proyecto.
Justifica: se perderán árboles, sí, pero se plantarán otros.
Un lunes los vecinos se abrazan a los troncos añosos para que las motosierras no los tiren abajo.
Funcionarios judiciales pasean su impotencia para resolver el conflicto de modo civilizado.
A la patota de la UOCRA se suma la Policía de Entre Ríos, castigando por desobedientes y desacatados a quienes no obedecen ni acatan.
La Policía entrega imágenes de módica e inaceptable represión.
Lo hace el 22 de marzo, poco antes de que en el país se planten miles de árboles por la memoria de las víctimas de la dictadura.
Ahí estamos: la Paraná gris, estancada, decadente, se moviliza por conflictos en los que fuerzas encontradas se agitan acaso para que todo siga como hasta ahora.
No es la primera vez. Casi con seguridad, no será la última.
Se trata, como en casi todas las cuestiones de la vida y de la política, de un asunto de costos y beneficios.
¿Qué costos, de diferente naturaleza, representa la obra?
¿Cuánto cuesta desde lo económico? ¿Cuándo desde lo ambiental?
¿Hay alguno de esos costos que sea absolutamente inaceptable, innegociable, insuperable?
¿O es que la obra supone beneficios que están por encima de todos y cada uno de sus costos?
¿O es que no hay costos?
Vuelve Paraná a enredarse, otra vez, en su falta de planificación.
¿Discutió la ciudad si esa obra, el ensanche de Racedo, era prioritaria?
¿Lo discutió de modo participativo?
¿Existe alguna instancia de discusión participativa?
¿Es esa obra más urgente, más necesaria, que alguna otra?
¿O es que nada fue debatido?
¿No será que, como casi todo en la ciudad, se termina a merced de la voluntad discrecional de los intendentes, de los gobiernos locales, que deciden caminos, ensanches, rutas y estadios únicos?
Frustrado en su momento el proyecto de estadio único, su impulsora minimizó el fracaso preguntando: “¿Es que alguien se movilizó pidiendo por el estadio único?”.
La respuesta, aunque penosa, encerraba algo de verdad: son limitadas las ansias de participación de los paranaenses.
Nos movilizamos únicamente de a ratos.
Ello no significa que toda movilización, por infrecuente, esté bien fundada y deba ser atendida.
Es bien noble la actitud de quienes se movilizan por la vida, los árboles y el oxígeno, sobre todo en un planeta y en un tiempo en que las personas se suelen movilizar por objetivos mucho más vinculados con lo material.
Pero ello tampoco es garantía de que el interés del conjunto deba ser identificado con los cinco, diez o quinientos vecinos, y ciudadanos, que en defensa de los árboles y de la vida se manifiestan.
La democracia supone una suerte de instancias que, para bien o para mal, este proyecto atravesó.
Acaso nos enfrentemos al problema de que el sistema político no siempre atiende demandas que a veces prefieren expresarse en ámbitos marginales y endogámicos.
Hasta que el conflicto aparece y la demanda se vuelve elemento de primer orden.
Como sea, la falta de diálogo constructivo y conducente es un síntoma de pobreza política.
En una ciudad a la que le faltan obras, inversión, infraestructura y servicios se termina discutiendo por un emprendimiento de tres cuadras que vaya uno a saber si era prioritario, si es fruto del trabajo concienzudo de los planificadores o si es apenas el resultado de esa clase de ecuaciones que les permiten a una gestión mostrar algo haciendo rendir bien unos pocos pesos.
No es sencillo hallar las respuestas técnicas ni políticas para un conflicto que altera la tranquilidad de una capital de provincia que tiene mucho más de provincia que de capital.
Lo de ayer fue una nueva expresión de un diferendo mal resuelto.
Se trata de un conflicto que consume energías que bien podrían ponerse en juego en proyectos cooperativos que no supongan enfrentamientos en los que todas las partes tienen (como sucede aquí) algo razonable para decir.
(*) Periodista. Especial para ANALISIS
