El análisis del presidente del Partido Socialista.
Por Juan Rossi (*)
El agua embalsada es un insumo fundamental para generar energía y alimentos. Tal es su importancia, que en el 2019 su uso en el complejo hidroeléctrico Salto Grande aportó el 3,7 % de la demanda energética total de Argentina y el 41 % de la demanda uruguaya; con una producción energética anual de 9,4 GWh, muy por encima de la media histórica de 7,7 GWh según menciona la memoria anual de gestión.
Las turbinas hidrogeneradoras de energía eléctrica se activan con la caída de agua del río Uruguay liberada de la represa. Estos rápidos son fuente de energía renovable y su uso es no consuntivo porque, luego del paso del agua por las turbinas, esta se devuelve al mismo río en iguales condiciones y cantidad. La energía hidroeléctrica también es limpia puesto que no requiere la quema de combustible para su generación. Es fiable gracias a la disponibilidad de caudales de rio en grandes cantidades. Es altamente eficiente, con bajos costos de funcionamiento y mantenimiento y de operatividad flexible dada la capacidad de la represa para almacenar agua.
Asimismo, los aprovechamientos no energéticos del complejo Salto Grande son vitales para el desarrollo entrerriano. En el centro de la represa el vertedero controla la crecida del rio, el embalse y los pozos proveen agua para consumo humano y productivo y el puente carreteraferrovial binacional sobre la represa conecta las ciudades de Concordia y Salto.
Sin embargo, si bien la generación de energía es limpia, renovable y de uso no consuntivo, el funcionamiento del complejo hidroeléctrico produce efectos perjudiciales para la sociedad y el ambiente. La página web oficial de “Salto Grande” nos dice que desde el punto de vista energético el caudal óptimo del río Uruguay es de 8.300 [m3/s] constantes. Si el caudal es inferior disminuye la producción energética y pueden ocasionarse sequías. De lo contrario, si el caudal es superior al óptimo o si la demanda de energía es inferior a la oferta y el agua no puede embalsarse más, debe abrirse el vertedero. Esta apertura provoca el aumento del nivel del río aguas abajo y por consiguiente, disminuye el salto de agua entre el nivel aguas arriba y aguas abajo, resultando en una reducida potencia energética con posible inundaciones en caso de aperturas prolongadas del vertedero. En definitiva, tanto grandes como pocas cantidades de agua perjudican las poblaciones ribereñas y el ambiente. El manejo de la represa erosiona suelos y rocas, modifica el ciclo de vida de la fauna, dificulta el transporte de nutrientes y sedimentos y altera la composición del agua embalsada y el microclima.
A las características productivas y ambientales derivadas de la instalación y funcionamiento del complejo se superpone un enmarañado entramado jurídico que lo resumo así. La energía producida en Salto Grande se vende en el mercado eléctrico mayorista a un precio fijado por la Secretaría de Energía nacional. Por estas ventas se transfiere dinero a la provincia de Entre Ríos en forma de regalías y excedentes. A las provincias con fuentes hidroeléctricas nacionales, mensualmente les corresponde por regalías el 12% del importe aplicado a la energía vendida. En el caso de los excedentes (corresponde a Entre Ríos el 67,5% de un fondo unificado que se integra con la diferencia de los costos operativos y mantenimiento total y los ingresos por la venta de energía) por ley deben destinarse a obras de mitigación de daños para las poblaciones y ambiente afectados y al desarrollo de beneficios no energéticos.
Por otro lado, si se recorre la historia de Salto Grande se uno hace un recorrido histórico se advertirá que todos los intentos de modificación del status jurídico del complejo, hayan sido transferencias del mismo a las provincias o su privatización, fracasaron por la falta de un “consenso nacional” difícil de conseguir y porque, además, necesita de la aprobación de la República Oriental del Uruguay dado que se trata de una central hidroeléctrica binacional, hecho que ningún gobierno uruguayo nunca estuvo dispuesto a conceder.
Mientras tanto, la transición energética avanza firme en países desarrollados y en países latinoamericanos como Uruguay y Costa Rica. Consiste básicamente en: 1) la creciente electrificación de los bienes de uso (transporte, calefacción, etc.); 2) la descarbonización de la producción eléctrica; 3) la digitalización transformadora de consumidores en productores y 4) la eficiencia energética en la oferta.
Este horizonte ya definido mundialmente disparará mayor consumo de energía eléctrica. A diferencia de los países vanguardia en transición energética, la compleja realidad argentina exige complejidad en la solución, lo que conduce a posicionarse entre las necesidades de consumo de energía de una sociedad mayoritariamente pobre y un ambiente vulnerado. Por lo tanto, sumergida Entre Ríos en las turbulentas aguas de la realidad argentina ¿cuáles pueden ser sus aportes?
Desde un punto de vista ambiental, como se mencionó, un mayor precio de venta de la energía suministrada al mercado eléctrico mayorista incide en mayores transferencias de dinero a la provincia en forma de excedentes, que por ley deben destinarse a planes de obras de mitigación de los efectos negativos por la explotación del complejo. En esta dirección, el Gobierno entrerriano debe pujar por un precio de venta de la energía mayorista igual al precio establecido para las demás centrales energéticas. Pero para conseguir un pago justo, la historia de Salto Grane nos demuestra que se necesita de una estrategia diferente a la del viaje del gobernador a Buenos Aires para convencer a funcionarios nacionales de cambiar las resoluciones que fijan el precio de venta de la energía, con el riesgo de ser fácilmente modificadas en un sentido distinto.
A estas reacciones unilaterales y espasmódicas, apremia contraponerle una estrategia que transforme a Salto Grande en una causa federal, explicando a las y los entrerrianos de su importancia y convocando a las fuerzas políticas y legislativas para acordar una posición común ante el Gobierno nacional, sin descartar recurrir a la Corte Suprema. Además, siendo consecuentes con el ideario artiguista, la causa Salto Grande favorece un federalismo que desborde Entre Ríos porque el resto de los excedentes se distribuyen a las provincias de Misiones y Corrientes.
Sin embargo, Entre Ríos puede aportar más que acciones de mitigación de daños ambientales. En tal sentido, el gobierno provincial podría convocar a todas y todos los interesados a construir una visión propia sobre la explotación de complejo Salto Grande. Una moderna visión entrerriana que incorpore una perspectiva ambiental que no implique la disminución de la producción energética anual por debajo de su media histórica. Que impregne a la organización de gerentes, profesionales y trabajadores con “cabeza ambiental” para que los cambios impulsen los de adentro.
Apenas un ejemplo. Desde el 2019 rige el Proyecto de Renovación y Modernización de Salto Grande que abarcará los próximos treinta años. Diseñado en tres etapas, la primera ya tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, pero ¿Se evaluaron las consecuencias ambientales desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico según dice la Ley de Obras Hidroeléctricas? ¿Cumple con los presupuestos mínimos que exige la Ley General de Ambientes?
Finalmente, la transición energética en Argentina exige cuantiosas inversiones millonarias para eliminar los gases de efecto invernadero mediante la descarbonización de la producción eléctrica. Asimismo, las intermitencias propias del sol y del viento revelan la ingenuidad de quienes pretenden sustituir el complejo de generación eléctrica argentino por formas de energía renovables no convencionales únicamente. Por lo tanto, resulta fundamental orientar la transición hacia una oferta de producción energética que apunte en dos direcciones; una, hacia la innovación de los procesos productivos de las fuentes energéticas existentes para mitigar daños ambientales; y la otra, hacia la implementación de formas de energía renovables no convencionales simples y de bajo costo operativo, como la eólica y fotovoltaica por ejemplo. Estos pasos adelante cargados de futuro serán imposibles de ejecutar sin la potencia instalada de las centrales hidroeléctricas, pues de ellas surge en gran medida la confiabilidad del sistema energético argentino. He aquí cuando Salto Grande cobrará mayor relevancia y es de estadista entrerriano jugar esa carta a favor de Entre Ríos.
(*) Presidente del Partido Socialista
