Por Antonio Tardelli (*)
En cualquiera de sus variantes el peronismo ha sido incendiario en la oposición y bombero en el poder. Formidable dispositivo, alimenta el fuego cuando gobiernan otros y lo extingue cuando gobierna él.
El peronismo cumple 76 años de edad. Ha pasado 38 años de su vida en el gobierno y 38 en la oposición. Ello significa que la mitad de su tiempo atizó hogueras y la otra mitad las apagó. Ha encendido fuegos la mitad de su existencia para proceder a regarlos la otra mitad.
Si el orden es un valor, y si la paz social es un estado a proteger, hay que darle las gracias al peronismo de hoy. En una era de pandemia que potencia la desigualdad, y que a lo largo del planeta desgasta a los gobiernos e invita a la rebelión, en la Argentina kirchnerista predomina una relativa calma. El conflicto social no se expresa con efervescencia. La miseria extendida carece de un correlato visible que a su magnitud se corresponda.
No impera la prosperidad pero sí la calma. No hay progreso pero sí paz social. Las calles de la patria permanecen relativamente tranquilas frente a una pobreza que acecha a medio país y es ya mayoría absoluta en el universo de los jóvenes.
Así pues, si la tranquilidad social importa, la mismísima existencia histórica del peronismo está justificada. Mucho le deben los defensores del orden. Homenajes le adeudan los guardianes del sistema. En general hay poco lío social cuando gobierna el peronismo. Reina la armonía. Florece la conciliación. El justicialismo contiene.
Aplaca rebeldías. Desalienta las revueltas. El país peronista deja de pensar en términos de levantamientos y saqueos. Todos unidos calmaremos.
El fenómeno no constituye una novedad. No es ninguna primicia. El peronismo riega con cuidado las tendencias conformistas. Es el justicialismo un gran instrumento del orden.
Llama la atención, eso sí, que en su formidable manejo del poder haya conseguido incorporar a sectores provenientes de otras tradiciones, más combativas, que sin embargo se asocian a la ordenada administración del conflicto social en que se esmera el peronismo incluso en situaciones de manifiesta dificultad. Espacios que se autoperciben de izquierda, o de centroizquierda, o genéricamente progresistas, con su participación en el oficialismo gobernante efectúan un llamativo aporte a ese papel conciliador, de colchón, que con tanta lucidez para sí se reserva el peronismo cuando es poder. Son socios en la histórica tarea de contención.
La extrañeza se precipita apenas se advierte el ajuste sostenido que de un tiempo a esta parte aplica el gobierno. Se trata de una orientación a esta altura muy evidente. Pero el ajuste no es denunciado por cierta izquierda ni por la mayoría del sindicalismo. Curiosamente son los empresarios los que describen una situación que bien pudiera ser advertida por quienes alegan ser los representantes de las víctimas.
No es que los empresarios denuncien el ajuste. Por el contrario, en cierto punto lo defienden. Lo impulsan y lo respaldan. Les agrada y les viene bien. No es extraño, en fin, que mucha burguesía conciba al peronismo como la fuerza política capaz de defender mejor (tal vez de manera algo indirecta) sus intereses. Saben los empresarios que al final del camino, después de algunas concesiones, el resultado puede ser perfectamente satisfactorio.
Pero lo que en curiosa soledad advierten los empresarios podría también ser resignificado por una izquierda, un sindicalismo y un progresismo que se resistiera a los cantos de sirena del peronismo, el movimiento político de los pobres. Incapaces de vencerlo, imposibilitados de disputarle al justicialismo lo que fue la clase obrera, parte de la progresía ha decidido unirse a él. Por otro lado se entiende: les fascina ver un pobre de cerca. No les sucede a menudo. Ahí y no en otro sitio, piensan, es donde deben estar.
Advierte el Consejo Empresario de Entre Ríos que tiene superávit el gobierno provincial. A la administración de Gustavo Bordet le entró más dinero del que gastó. Si el Estado fuera una empresa el balance del primer semestre de 2021 habría arrojado dividendos. Los ingresos superaron a los egresos en 13 mil millones de pesos.
Difundido esta semana, el documento de los empresarios entrerrianos bien caracteriza a la administración provincial y su infrecuente superávit: “Este resultado positivo se explica por una fuerte licuación del gasto primario debido a la inflación, en especial en salarios, jubilaciones y bienes y servicios”.
Es claro. Se trata de una conclusión evidente. Nos avisan los empresarios, como si advirtieran que es preciso poner en palabras lo que se aprecia en la calle y se experimenta en el bolsillo, que se alcanzó el equilibrio de las cuentas fiscales erosionando el poder de compra de los empleados públicos y de los jubilados. La inflación, ese socio que los gobiernos aprecian reservadamente aunque en público le declaren la guerra, ya hizo el trabajo sucio.
En términos reales el gasto del Estado se redujo el 14 por ciento en relación con el ejercicio presupuestario de 2019. El informe de la cámara patronal compara con los números de hace dos años para no cotejar con el 2020, que fue extraordinario por el virus, la pandemia y las restricciones. Dicho de otro modo: Entre Ríos se ajustó el cinturón en relación al último año del macrismo, esa insensible expresión de la derecha neoliberal.
¿Se explica el superávit por el incremento de los ingresos públicos? Evidentemente no. Ocurre que Entre Ríos gastó mucho menos. ¿Dónde recortó? ¿Por dónde empuñó la tijera? ¿Qué partidas sufrieron la antipática poda? El gobierno –nos recuerdan los empresarios y no la izquierda oficialista– recortó en salarios de oficinistas, maestros, profesores, cocineras, enfermeros y profesionales. Recortó, también, en jubilaciones. Además, en erogaciones corrientes.
El gasto en salarios se redujo el 16 por ciento; en jubilaciones, el gobierno se ahorró (por emplear los términos de la derecha) el 11 por ciento. Hace muy poco, y en buena hora porque tenía la chance de extenderlo un año más, la administración entrerriana dejó atrás el estado de emergencia administrativa que, como en los ajustes estructurales de signo neoconservador de los años noventa, redujo salarios y jubilaciones.
La pandemia, debe admitirse, constituye un pretexto formidable. Una coartada inmejorable. Una justificación bien a mano. En efecto, la emergencia declarada en 2020 tenía mucho más que ver con la situación real del país y del mundo que las sucesivas emergencias, las autóctonas y las importadas, sancionadas por los poderes públicos de Entre Ríos en las últimas tres décadas.
Así pues, los salarios y las jubilaciones perdieron frente a la inflación. Pero hay otro número clave que explica el superávit y en última instancia el ajuste. Se trata de la caída de la inversión pública, que en términos reales descendió el 26 por ciento en comparación con 2019. Es mucho decir: desde hace una década la obra pública en Entre Ríos exhibe un constante descenso de su participación presupuestaria. Las medidas del último tiempo apenas si profundizaron la tendencia.
La evolución de las cuentas públicas entrega otros elementos que no parecen inquietar a quienes se presentan a sí mismos como sucesores de los caudillos federales que esta provincia entregó a la nación. Los ingresos de Entre Ríos en concepto de coparticipación federal aumentaron levemente respecto de 2019. Pero al mismo tiempo disminuyó el acumulado de los impuestos provinciales. El descenso en la recaudación correspondiente a la Ley 4.035, advierte por ejemplo el Consejo Empresario, es muy significativo. Se desplomó, enfatiza el informe.
La combinación de ambos fenómenos, la mayor incidencia de los ingresos coparticipables y la disminución relativa de los gravámenes que percibe la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), acarrea una mayor dependencia de la Casa Rosada. Nuevamente Entre Ríos ha perdido algo de su autonomía. En el período en cuestión el federalismo fiscal ha vuelto a retroceder.
El cuadro es elocuente: los números del Estado provincial, aliviados en el corto plazo por la reestructuración de la deuda, se exhiben prolijos pero los problemas residen en la esfera de la economía real. Los inconvenientes se agudizan en la actividad privada, por la caída de la actividad y por los problemas de rentabilidad, y por el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores en relación de dependencia. Han perdido poder de compra quienes viven de un sueldo en la esfera privada pero también y en mayor medida se han visto perjudicados quienes se desenvuelven en el sector público.
Siempre se podrá responsabilizar a la pandemia. Es cierto: no se puede analizar al presente sin tomar en cuenta sus efectos destructivos sobre la economía y el empleo. De todos modos, el influyente coronavirus no borra que la respuesta gubernamental, condicionada como está, se parece demasiado a un ortodoxo plan de austeridad. Muy clásico. De manual.
Cualquier conservador, o sea cualquier amante del orden y la paz social, refrendaría un programa que condujera a resultados de esta naturaleza. La inflación le ahorra el antipático trabajo a los ajustadores de profesión.
No es magia. Se llama ajuste.
(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.
