Por Luis María Serroels (*)
El poder político obtenido en las urnas tiene la garantía constitucional, pero está sujeto a cláusulas que nadie puede soslayar.
Quien sea un avezado ciudadano y goce de una vista clara y comprensiva, medianamente perspicaz, no podría dejar de advertir las triquiñuelas de que se valió en mayo de 2019 un kirchnerismo aceitado que haga funcionar un plan-falacia. Se trataba de burlar la justicia y salir indemne de la decena de los graves delitos cometidos.
Para ello se requería a alguien con pecados que perdonarle a Cristina Fernández a cambio de negociar una fórmula que le calzara al dedillo al momento de lanzarle misiles al Poder Judicial. Los insultos públicos por vía de la TV que le dirigiera Alberto Fernández a la entonces presidenta, se diluyeron tras el acuerdo.
No importaron las escasas dotes de estadista de la cabeza de fórmula, sino los favores que podrían llevar a la vicepresidenta para salir absuelta de todas las graves causas abiertas que incomprensiblemente duermen en los tribunales.
Lejos de adjudicarse el derecho de mandonear, el primer magistrado debe respetar, obedecer y hacer obedecer la Carta Magna. El poder, aún legítimo, está de paso. La autoridad está para servir, no para servirse.
¿Es aceptable un presidente que prepara planes destinados a atacar a los jueces para limpiarles el camino a los corruptos? La vicepresidente sólo requiere que la absuelvan a ella y a sus hijos, aunque los delitos sean ilevantables. ¿Cree acaso que las graves sociedades para enriquecerse y cuyos funcionarios ya han sido condenados, no serán también tocados por el Código Penal?
Como si algo faltase, Alberto Fernández ha caído en un grave problema del que podría zafar, pero el desdoro ya es un borrón que no desaparece fácilmente.
Los más lúcidos constitucionalistas han coincidido en que el presidente debe ser sometido a un juicio político por el episodio en que quedó enredado y que afecta a la primera dama y una docena de invitados celebrando su cumpleaños.
Miles de habitantes de nuestro país debieron anular sus legítimos festejos por imperio de la cuarentena más estricta ordenada con gran autoridad y disciplina por el primer magistrado. Ello es propio de alguien que dice “puedo hacer lo que quiero pero no lo que quieren que haga”.
Está dicho que hay media decena de causales para enfrentar el pedido, habiéndose recibido epítetos desagradables e impropios para un estadista.
No pocos se aventuran a este cuadro: el presidente debe abandonar el cargo y ¿quién debe reemplazarlo?
Una vicepresidenta que tiene sobre sí varias causas graves. Ella lo ubicó a Fernández con el propósito de manejarlo, e incluso han aflorado conflictos que no se logran ocultar.
Hay muchas personas que tuvieron que quedarse sin asistir al sepelio de sus seres queridos debido a las órdenes taxativas emanadas de la superioridad. Sin embargo los habitantes de la quinta presidencial no tuvieron problemas para festejar un acontecimiento íntimo junto a amigos en clara violación de las normas dictadas por órganos superiores. Es una forma de auto devaluarse quienes ostentan las más altas jerarquías a las que deben honrar.
Alberto Fernández salió con una frase que sonó a provocación: “No me van a hacer caer por el error que cometí” (¿sin distancia ni barbijos?). ¿Y qué hay de los miles de seres sancionados en iguales circunstancias sobre los cuales cayeron fuertes medidas porque no son Presidentes de la Nación ni cuentan con cuña alguna?
Un mandatario no elude sus responsabilidades sino que las afronta. No se arroga privilegios que no caben en la Constitución y menos en una circunstancia como la dada durante una excepcionalidad no atribuida.
¿Qué hay de aquellas personas que integran listas electorales teniendo causas judiciales pendientes? ¿Deberían desempeñar cargos públicos? La ley admite la postulación en tanto no exista condena firme.
Si el kirchnerismo descarado logra sortear los graves problemas acumulados en Comodoro Py, ¿quién podrá defendernos? Aquí hace falta un “Chapulín Colorado” que disponga de astucia suficiente para salvarnos de los corruptos seriales, que se han aprovechado de las arcas del Estado. Y que encima la mala política los resguarda con toda desfachatez.
(*) Especial para ANALISIS
