Por Antonio Tardelli (*)
Admitámoslo: se tornan tediosas las exposiciones de los candidatos que nos anuncian, con lujo de detalles, la docena de proyectos de ley que se proponen impulsar en el Parlamento. Seamos honestos: no nos generan mayor interés.
Preferimos escuchar alocuciones, a veces de barricada, que con enjundia explicitan las bondades propias y en mayor medida enumeran las canalladas ajenas.
Eso, alegará alguien, también supone una orientación para el elector: el votante podrá intuir, de acuerdo con ese discurso, con qué criterios votará ese legislador (o ese potencial futuro legislador) cuando en el cuerpo legislativo se consideren la más variada de las temáticas. Todo sirve.
Pero sin embargo ahí arranca el problema. Allí comienza a vislumbrarse.
Porque esa falta de precisiones, esa vaguedad propositiva, no será obstáculo (y hasta podría incluso ser una ayuda) para que el resbaladizo postulante se imponga en las elecciones y llegue, por caso, al Parlamento.
Y allí, sentado en su banca, como no ha asumido grandes compromisos con el electorado, sentirá, con algo de razón, que dispone de una suerte de mandato vacío, de cheque en blanco, que le permitirá hacer más o menos lo que se le ocurra cuando deba legislar, cuando deba promover iniciativas o cuando deba votar.
Nadie le podrá enrostrar, llegado el caso, el incumplimiento de un compromiso que no asumió.
A una semana de las elecciones primarias es interesante repasar qué compromisos innegociables están asumiendo los precandidatos a diputados que a diario escuchamos. A qué contrato se someten. A qué mandato sienten que deberán responder.
Porque si no hay exigencia social, el mandato estará vacío. Sin compromisos explícitos, en la Cámara de Diputados el legislador podrá comportarse más o menos como se le antoje.
En estas semanas la campaña ha dejado ver, apenas, una discusión donde se debate un poco de política en los simplificados términos de adhesión y rechazo, y donde asoman además los posicionamientos acerca de las candidaturas imaginadas para dentro de dos años. Es inevitable.
Pero en Entre Ríos se puede pensar, por ejemplo, qué ocurrió con los legisladores que elegimos en 2015 y que como tales se desempeñaron en los siguientes cuatro años. Fue el tiempo en que gobernaba en el país el presidente Mauricio Macri y en la provincia Gustavo Bordet desplegaba su primer turno.
Durante esos cuatro años los legisladores nacionales del peronismo votaron todas las leyes que necesitó el gobierno nacional de Cambiemos. Los justicialistas entrerrianos votaban con los del Pro y los de la UCR y los de la Coalición Cívica como si todos integraran un único bloque.
Macri remitía a las cámaras un proyecto que en general la oposición rechazaba pero que los legisladores entrerrianos, diputados y senadores peronistas, junto a colegas de otros distritos, aprobaban a mano alzada. Mal que le pese al peronismo, las políticas de Macri no hubiesen podido ser aplicadas sin ese indispensable acompañamiento parlamentario. Ocurrió antes de ayer.
En los hechos el voto de los justicialistas entrerrianos era materia de negociación entre Macri y Bordet. O entre Bordet y el ministro del Interior del gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio. Ese acompañamiento del peronismo entrerriano a las políticas de Cambiemos tenía, claro, una contraprestación ostensible en la Legislatura de Entre Ríos.
Los legisladores de Cambiemos, opositores a Bordet, facilitaron aquí la sanción de normas promovidas por el gobierno peronista. Es cierto que su aporte no era tan necesario. No era imprescindible porque el oficialismo tenía mayoría propia en ambas cámaras. No obstante, durante esos cuatro años los diputados y los senadores de Cambiemos les aliviaron las cosas al gobierno entrerriano.
Ese gran acuerdo, que se desplegó ante la vista de todos, permite sacar algunas conclusiones y formular también algunas preguntas.
Un primer interrogante, retroactivo, se vincula con el contrato electoral: ¿anunciaron los candidatos justicialistas, a su debido momento, durante la campaña electoral, que le votarían a Macri todas sus iniciativas si el gobernador Bordet consideraba necesario acordar con el jefe de Estado? Respuesta: ese comportamiento, que fue constante, nunca fue anunciado a la ciudadanía con la debida anticipación.
A la inversa: ¿sabía el votante de Cambiemos que sus legisladores provinciales, en virtud de ese pacto, iban a ser condescendientes opositores del gobierno entrerriano? ¿Qué iban a tratar a Bordet con mano de seda? ¿Qué le aprobarían alguna que otra ley? No, porque ello no fue explicitado.
Lo concreto es que no hay mandato social. No hay mandato y por tanto no hay obligaciones. Porque nadie asume compromisos previos nadie acepta reproches posteriores.
Luego, una comprobación: los gestores de aquel acuerdo, Bordet y Frigerio, que durante cuatro años convivieron en aquellos términos, hoy son acérrimos adversarios. Hay una lista apadrinada por Bordet que habla de los desastres del gobierno de Macri. Hay una lista macrista que se queja de los malos gobiernos de Bordet. ¿Y entonces? ¿Nos queremos o nos odiamos?
El asunto es complejo porque no necesariamente los entendimientos son expresión de claudicación, de resignación o de traición. Los pactos, evidentemente, son parte de la política. Lo curioso es que buena parte de la sociedad, la misma que se queja de las rispideces de la grieta, también recela de los acuerdos. La ciudadanía, que vive enojada, se enoja por los acuerdos y se enoja por los entendimientos. La política argentina, por el lado de los dirigentes y por el lado de los ciudadanos, es el reino del gataflorismo.
A esta altura, a pocos días de las elecciones, no está mal recordar que no hay mandato. No hay mandato explícito. Con su voto la ciudadanía no escogerá soluciones sino sujetos que luego, a su antojo, elegirán las soluciones que en ese momento consideren más apropiadas.
Planteados los debates en términos tan imprecisos, los pronunciamientos populares se vuelven materia de controversia. Son objeto de manipulación. En un artículo reciente, el abogado Roberto Gargarella analizó el problema. Se preguntó sobre el sentido del voto popular en las elecciones presidenciales de 2019.
Se planteó si aquellos resultados expresaban, por caso, el rechazo popular al neoliberalismo. O si expresaban, tal vez, indiferencia frente al drama de la corrupción. O un aval al aborto. O un repudio al endeudamiento. O un permiso a quienes prefieren una economía más cerrada.
Tal vez una sola de las hipótesis sea la correcta. Tal vez lo sea más de una. O ninguna.
Esa cantidad de interpretaciones posibles se verifica cuando las campañas se plantean de modo tal que no entregan mandatos firmes a los seleccionados en los comicios. Esos mandatos débiles permiten a los ganadores, desde la noche del domingo electoral y durante los siguientes cuatro años, otorgarle un sentido arbitrario y hasta antojadizo a su representación.
En pocos días iremos a votar y ojalá al día siguiente de la elección la patria esté un poco mejor.
Pero en realidad solo estaremos mejor, objetivamente mejor, el día en que el sentido del voto no pueda ser alterado. Cuando la voluntad popular sea debidamente respetada. Cuando los mandatos sean claros; los oportunismos, improbables; y las traiciones, imposibles.
Que así sea algún día.
(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.
