Por Sergio Delleppiane
Para el Diccionario de la Real Academia Española lo impune (del latín “impunis”) es aquello que queda sin castigo. En las páginas de nuestra historia nacional se puede encontrar una larga lista de graves episodios de impunidad, derivados de un sistema de justicia anquilosado, hábil tiempista de la realidad nacional, a veces corrupto y cómplice institucionalmente; asociado a una manifiesta falta de voluntad política para garantizar por un lado, sanciones justas para las personas responsables de delitos, y por el otro, la reparación integral y proporcionada del daño ocasionado a las víctimas, incluso al propio estado, que somos todos.
La piedra fundamental de la prosperidad colectiva se encuentra en las instituciones de la República, aquellas consagradas por la Constitución Nacional que incentivan el trabajo, el respeto al otro, el cuidado de lo que nos es común; fomentan la honra de la palabra empeñada, preservan el capital social y favorecen tanto la educación integral desde la más temprana infancia cuanto el cuidado de nuestros mayores.
Los habitantes de una nación no están regidos por la voluntad del gobernante de turno, sino por las leyes y la condición de igualdad ante ellas, para todo aquél que decida habitar el país que las promulga y convalida. Incluyamos las libertades individuales; el ejercicio del comercio o industria lícitamente habilitado; la asociación con fines útiles; ingreso, tránsito y egreso del territorio nacional; publicación de ideas sin censura previa; y fundamentalmente, el derecho de propiedad, como motor insustituible para impulsar las inversiones productivas de largo aliento, que multipliquen emprendimientos y empleabilidad genuina; posibilitando, de este modo, expandir los frutos de la creatividad humana que unida a la tecnología, se nos presenta como irrefrenable, incluso inimaginable.
No podemos soslayar los principios republicanos de participación ciudadana; periodicidad limitada de mandatos (“fueros afuera”); responsabilidad civil y penal de gobernantes en todo nivel, y publicidad de sus actos y patrimonios.
Ya hemos sufrido instituciones que, al subordinarse a fines improcedentes, afectan cuando no destruyen, el desarrollo económico nacional, pues aniquilan la seguridad jurídica prexistente.
La contracara evidente de este desparpajo es el incremento del riesgo país. Hoy Argentina (“stand – alone”) está fuera de toda consideración mundial en materia de inversiones serias y responsables. Sólo se aproximan, y con cuidado, “buitres”.
Cuando la justicia pierde independencia, todo el andamiaje constitucional se desmorona. Sus disposiciones se tornan inciertas cuando no inocuas; las leyes pierden univocidad e irrumpe, audaz y decidido, el autoritarismo, al saltar sin impedimentos, el cerco constitucional, mediante “urgentes y necesarios” decretos, que se imponen dedocráticamente, sin debates ni consensos.
La política decide y ejecuta, formatos de convivencia discrecionales y de ocasión: normas retroactivas; impuestos abusivos y confiscatorios; exacciones patrimoniales; interferencias varias y, ante la debacle, resurge de las cenizas la contabilidad creativa (doble, triple y hasta cuádruple registración de una misma y única cantidad monetaria – D.E.G. del FMI). Casuística arbitraria, reñida con usos, costumbres y conocimientos adquiridos durante centurias. Pretende justificarse bajo el falso rótulo argumentativo, mendaz y esquizofrénico, de orden público, interés general y/o emergencia social.
Todo, lo bueno y lo malo, incide sobre el orden económico. Pero lo malo potencia calamidades. Informalidad y marginalidad; pobreza e indigencia; expulsando sin fecha de retorno los derechos adquiridos, la promesa de equilibrio fiscal, los reintegros impositivos, la liberación de importaciones, la libre circulación de beneficios y/o dividendos, los proyectos de largo plazo, desarrollo y expansión de energías renovables, marcos regulatorios, concesiones de obras y servicios públicos y, en definitiva, a cualquier tipo de inversiones a riesgo.
Sin prosperidad, los derechos sociales se vacían de contenido y carecen de sustento real para perpetuarse.
La reconstrucción, después de tanta impunidad, sólo será factible si defendemos el ordenado y correcto funcionamiento de las instituciones. Hasta el presente, en el mundo conocido, no existe nada que pueda suplir esta falencia estructural, tan propiamente nuestra.
Representantes y representados estamos urgidos a desterrar la impunidad pues, de persistir entre nosotros, comprobaremos un incremento incalculable de la corrupción, la violencia y la desintegración de nuestra sociedad; el incremento de la inseguridad, el deterioro de la calidad de vida y la multiplicación de la desconfianza entre ciudadanos.
Erradicar la impunidad debe volverse un imperativo categórico.
Por nosotros, nuestros hijos y por toda persona de bien que decida compartir nuestro destino.
Aún estamos a tiempo.
*Docente
