Por Abofem (*)
Ante la creación de un área de “Masculinidad” (así, en singular), dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, Entre Ríos, como abogadas feministas repudiamos enfáticamente los dichos del Director de Gestión Preventiva, para quien “violencia es violencia y no tiene género”, y según él “no existen leyes que protejan al hombre específicamente en casos de violencia propiciada por la pareja”.
Estas ideas no solo denotan una gran ignorancia en la materia, sino que además abonan el terreno para que las múltiples violencias a las que somos expuestas mujeres, disidencias e identidades feminizadas se continúen produciendo con total impunidad.
En Entre Ríos, desde el año 1999 rige la Ley de Prevención de la Violencia Familiar, Protección y Asistencia Integral de las personas involucradas en la problemática, que protege a cada integrante de las familias de la violencia en el ámbito doméstico, sin especificar el género de la persona agredida; no obstante, la mayor parte de las denuncias bajo esta norma, son realizadas por mujeres hacia sus parejas, ex parejas y miembros de su familia.
Recién en el año 2011 nuestra provincia adhiere a la Ley Nacional 26.485 de Protección integral a las Mujeres, que define a la violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes (...). Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Esta relación desigual de poder a la que alude la ley se construye histórica, económica, social y culturalmente. Las violencias de las que habla la ley se dan en un contexto sociocultural específico: el patriarcado, por el cual siglos de prácticas y valoraciones sociales presentan al varón (blanco, cis, heterosexual, etc.) como sujeto social e histórico preponderante, relegando y subordinando a las mujeres e identidades feminizadas.
La violencia tiene género. Las cifras recabadas a partir de medios periodísticos por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, indican que en Argentina, en promedio, un varón asesina a una mujer cada 26 horas. Sólo en lo que va del año se produjeron 53 intentos de femicidio, 79 femicidios y 3 transfemicidios/travesticidios. En 11 casos habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección vigentes. Producto de esto, al menos 67 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista.
La violencia además tiene un lugar, el 65% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima; y tiene un autor: el 63% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas. Estas cifras nos muestran que el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo en el propio hogar. En 8 de cada 10 casos los femicidas pertenecen al círculo íntimo de las víctimas, es decir que quienes matan a las mujeres tuvieron con ellas algún tipo de relación afectiva.
La creación de un “área de Masculinidad” invisibiliza que los hombres e infancias también pueden ser víctimas de femicidios vinculados, entendidos estos como el asesinato producido a la pareja o ex pareja, así como a les hijes de una mujer con el objetivo de ocasionarle un daño, y que en 2022 se cobró 4 vidas.
Es innegable que un varón puede sufrir violencia a lo largo de su vida, también es una realidad que los mandatos de masculinidad le impidan expresarlo. La mayor parte de los agresores de los varones, son otros varones. De eso también hablamos las feministas cuando exigimos áreas donde la masculinidad se repiense en sus prácticas más profundas. No tomar una denuncia a un hombre que ha sufrido violencia es repudiable y configura una expresión más del machismo que atraviesa nuestras instituciones, pero de ninguna manera podría configurar un caso de violencia de género “inversa”.
Frente a una problemática que afecta a la mitad de la población de manera sistemática, que nos viola, nos mata, nos desaparece, nos explota sexual y laboralmente a las mujeres y disidencias todos los días, repudiamos este nuevo intento negacionista de la realidad y consideramos lamentable el hecho de tener que darle cuenta al mismo Estado qué es y por qué es necesaria la perspectiva de género en las políticas públicas. Seguimos exigiendo presupuesto acorde a combatir las violencias, así como el efectivo cumplimiento de la normativa vigente, en especial la capacitación obligatoria en materia de género contenida en la Ley Micaela en todos los órdenes del Estado.
Con perspectiva de género, será justicia.
(*) Asociación de Abogadas Feministas -Filial Entre Ríos
