Cecilia Goyeneche. (Foto: ANÁLISIS)
Natalia Buiatti
de ANÁLISIS
Concluyó el jury a la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Los Jurados pasaron a un cuarto intermedio y tienen 24 días, de acá en adelante, para tomar una decisión. En su alegato de cierre, el abogado constituido en fiscal para este único fin -la acusación en jury-, pidió la destitución de la doctora Goyeneche.
Poco más de una hora le alcanzó para elaborar su tesis sobre el supuesto “mal desempeño” de Goyeneche como coordinadora de la investigación por corrupción política más grave de la historia entrerriana. Según Justet, la “actitud” de la fiscal “horadó la imagen del Poder Judicial”.
En el otro extremo se escuchó un alegato defensivo contundente. El recorrido y preparación de los abogados Leopoldo Lambruschini, Enrique Pita y de la propia procuradora Adjunta fue, sin ambages, durísimo. Pudieron explicar con claridad los acontecimientos previos que decantaron en la situación institucional actual, con el anclaje jurídico que no pudo mostrar la acusación.
Las únicas dos opciones del Jurado -compuesto por Daniel Carubia, Gisela Schumacher, Gonzalo García Garro, Verónica Mulone, Armando Gay, Juan Ramón Smaldone y Gustavo Zavallo- son la destitución de Goyeneche o la restitución en el cargo. Todo indica, siguiendo la línea de decisiones tomadas hasta ahora, que irán por la primera opción.
La última jornada de jury tuvo otra novedad. El inicio estaba previsto para las 10.30 pero se vio retrasado casi dos horas. Arrancó a las 12.26. Lo que ocurrió es que la defensa de Goyeneche recusó al vocal Smaldone porque el Artículo 26 de la ley 9.283 de Jurado de Enjuiciamiento, en su punto 7 y 9, establece los motivos de recusación y/o inhibición de los jurados. Hace exactamente una semana atrás, el Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio de la causa por dádivas en la que se imputa al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. En esa investigación, entre otros, también está imputado el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone -para quien se pidió una pena de 5 años de prisión-, hijo del jurado Juan Ramón Smaldone. La recusación de este jurado no se resolvió, como las otras presentadas, pero implicó una deliberación más larga de lo anunciado y retrasó casi dos horas el inicio de los alegatos.
El cierre de la jornada, pasadas las 15.30, quedó plasmado con el aplauso cerrado de los fiscales presentes en la sala. Apenas Goyeneche pidió su absolución, sobrevino el gesto de apoyo.
Justet mantuvo la acusación
El fiscal adhoc, Gastón Justet, mantuvo la acusación contra la fiscal Anticorrupcipon Cecilia Goyeneche y pidió su destitución. Consideró que “con su accionar, dañó la imagen del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial”. “Vemos que el principio de objetividad fue violentado. Toda la actitud es atentatoria de este principio y es grave. También tuvo una actitud irreverente para llevar adelante accionar. Los jurados decidirán si se afectó la imagen por mal desempeño. La objetividad estaba lesionada gravemente y fue probado. Lo que tiene que ver con falta de excusación en tiempo, la imagen de los fiscales que llevaban adelante la investigación, fue horadada. El daño que se hizo a la figura de MPF en su accionar, ya no tiene remedio de ninguna manera. No está en duda su capacidad sino su objetividad. Dañó la imagen del MPF y de todo el Poder Judicial”, alegó.
Para el fiscal adhoc quedó corroborado que hubo “comunidad de intereses” entre Goyeneche y el contador Pedro Opromolla, imputado en la causa de los “contratos truchos” o causa Beckman. Dijo que “desde la apertura del procedimiento -la investigación-, las conductas que llevó a cabo la acusada no fueron acorde con su función. Negó una relación comercial, de comunidad de intereses con uno de los imputados en la causa Beckman, y también lo hizo respecto de la relación de su esposo con Opromolla”.
Consideró que “esas conductas influyeron en la investigación” pero no explicó cómo, o qué consecuencias tuvieron las conductas acusadas. “Esto cae en el mal desempeño. El principio de objetividad marca la función del fiscal. Para llevar adelante la investigación debe guardar su conducta, decoro, debe estar ajustada a la moral. Estas reglas elementales son comunes a los jueces e integrantes del MPF”, señaló.
“Se ejercieron los roles y eso habla de la legalidad del proceso”
“Este no es un tribunal penal, sino que examina la responsabilidad política de la funcionaria en cuanto a las causales que la ley expresa. Los máximos responsables del Ministerio Fiscal fueron denunciados y eso fue motivo para apartar a los fiscales en el rol de acusadores en el presente proceso. Lo cierto de lo sucedido se determina en este proceso en cuanto a los hechos imputados. La defensa habla de vendetta o cuestión que busca impedir la investigación de la corrupción, no es lo que pretendemos, es más entendemos que la corrupción afecta a todos los ciudadanos y al Erario público. La designación debía recaer en funcionarios o profesionales del derecho que cumplan con requisitos legales para este rol. En este sentido se tomó de la lista de conjueces porque cumplen con los requisitos. Si bien me recusaron, me endilgaron cuestiones políticas, faltas de requisitos e idoneidad. No tengo interés, no pertenezco a ninguna organización que pretenda solapar la investigación de la corrupción. No me mueven intereses políticos. No pertenezco a ninguna comisión especial, al estilo de la de la dictadura como dijo Goyeneche y el procurador Jorge García. Mi rol es de acusación y el de ella de defensa. Se ejercieron los roles y esto habla de la legalidad del proceso”, sostuvo. Cabe recordar que la legalidad del jury, el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusación y la designación de un fiscal adhoc, es una de las columnas defensivas.
Justet no sólo apuntó a las inversiones de Goyeneche con Orpomolla, sino que dedicó todo un tramo de su alegato a la relación del marido de la fiscal, Sebastián Orlando Bertozzi con Opromolla. “La omisión, ocultamiento, negativa, la relación comercial, la amistad y de negocios de la acusada y su esposo. Se configuró el mal desempeño. Goyeneche pudo excusarse y no lo hizo. Fue en un momento tardío, en abril de 2019, por una medida cautelar que afectaría parte de su patrimonio”, manifestó. El fiscal hizo referencia de ese modo a que la fiscal pidió su apartamiento de la investigación porque un embargo sobre el patrimonio del imputado terminaba afectándola, debido a un retraso de trámites en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Resaltó el rol de los medios que por parte de la defensa fueron tildados de “inframundo periodístico”. “De alguna manera fueron ellos quienes pusieron sobre aviso y alertaron a la acusada y a todos de esa situación latente que se debía aclarar. No sabemos por qué la doctora Goyeneche ocultó la situación hasta la excusación, argumentando que no creía necesario apartarse de la causa. Desde el 2 de octubre ya se sospechaba que Opromolla podía tener vínculo en la investigación de la causa Beckman. Ese era el momento adecuado para apartarse. Estas conductas se hallan en el deber de todo funcionario. Son las mismas causales por las que se puede remover a los jueces”, subrayó.
Justet retomó el voto de Sonia Rondoni, abogada de la primera integración del Jurado que argumentó por qué debían abrirle causa a Goyeneche. “La doctora Rondoni hizo un análisis ajustado de los distintos hechos que dieron pie para llevar adelante la acusación. Eso es lo que tomó esta Fiscalía para acusar. Estas situaciones llevaron a sendos pedidos de recusación que no fueron resueltos porque se analizó el canal o vía procesal. Hasta la fecha no tenemos una respuesta al respecto”, dijo, en referencia a las recusaciones que presentaron defensores en la Justicia de Garantías y que, no fueron resueltos de fondo porque el lugar indicado para hacerlo es el propio Ministerio Público Fiscal.
“Esa conducta que tuvo y aún tiene, no sabemos qué cosa lleva a la acusada a ocultar que el imputado Opromolla era sospechoso y al pedir la requisa, no se lo pudo encontrar. Me genera muchas dudas que no lo puedan encontrar a Opromolla. Esta es una ciudad donde todos se conocen”, sostuvo, porque uno de los cuestionamientos a la actuación de Goyeneche es que, cuando se ordenó el allanamiento de Integral Asesoría y requisa personal -el 3 de octubre de 2018-, Opromolla no estaba en el lugar y tampoco fue hallado para secuestrarle el celular. Cabe recordar que, tal como lo explicaron varios testigos, la orden tenía vigencia sólo el día del allanamiento, durante el día. No es que se libró una orden de localización a Opromolla.
“No vamos a juzgar las razones del fuero íntimo que la llevaron a tener esta conducta, sólo los hechos y saber si se logró la certeza de que los hechos fueron probados por el proceso. Se probó que la acusada firmó una Escritura con un imputado, Opromolla, donde adquirió una unidad funcional. A la jueza Carolina Castagno le dijo que no tiene ningún tipo de vinculación, cuando en realidad sabía que había una Escritura y corría riesgo de ser objeto de una medida cautelar”, agregó.
El fiscal adhoc reiteró que “está lesionado el criterio de objetividad”. Refirió al contrato de locación del otro fideicomiso y sembró dudas sobre la cesión de esa propiedad a la sobrina de Goyeneche. “Los fideicomisos y locaciones, si bien fueron constatados por parte de su marido, responden a un interés común. Opromolla dijo que el contrato de locación fue para obtener una ganancia. ¿Por qué quería seguir manteniéndose dentro de la investigación? ¿No creía necesario o conveniente apartarse?”, preguntó.
Justet entendió que Goyeneche debió excusarse el mismo día que se pidió un allanamiento a Integral Asesoría, es decir el 2 de octubre de 2018. “Esa situación era una razón más que sobrada porque se afectaba la objetividad. Posteriormente, en diciembre de 2018 cedió el 50 por ciento que poseía en el departamento de calle 9 de Julio a su sobrina. Creemos que se apeló a la donación para abstraer esa situación y cuidar su imagen. Esta conducta no es compatible al decoro que debe tener un funcionario. Vemos en este marco de actuación que fue probado en el expediente, más allá de las interpretaciones del carácter comercial, eso no está en discusión”.
Dijo que el supuesto interés de Goyeneche quedó demostrado porque “quería mantenerse en la investigación”. “Si se hubiese apartado, no se hubiese llegado hasta acá. El miércoles pasado, el procurador García dijo que la excusación corresponde cuando se comete un grave daño a la objetividad. La acusada ocultó la situación. Transfirió derechos de un inmueble en medio dela investigación para ocultarla la situación”.
En otro tramo de su alegato, sostuvo supuesto maltrato de Goyeneche al testigo Mario deiloff en la causa “contratos truchos”. “Él mismo refirió que se sintió intimidado en el marco de la audiencia y por eso hay una denuncia. Esa situación derivó en una requisa personal en busca de datos que nunca encontraron y el pobre Deiloff fue víctima, de alguna manera, de sus propios dichos. Por haber identificado a Sebastián Orlando en el estudio Integral Asesoría. Pese a eso no le encontraron nada que lo vincule a la causa contratos”, señaló. Es necesario retomar lo que pasó en el marco de la audiencia de jury, cuando se reprodujo el video de la entrevista a Deiloff en el marco de la investigación de los contratos. Deiloff no fue imputado en la causa, así como no se imputó a ningún vecino que haya accedido a ser contratado por la Legislatura y que percibió un monto mínimo de ese dinero. Se imputó a personas con jerarquía en el Senado, no a los contratados. Deiloff fue testigo en la causa Contratos y mintió en la entrevista con los fiscales, pese a que tenía obligación de decir la verdad. Así como mintió el primer día de jury. Los fiscales declararon en el jury que decidieron allanarlo y secuestrarle el celular a Deiloff justamente porque fue reticente y cambió su versión.
“Vemos que el principio de objetividad fue violentado. Toda la actitud es atentatoria de este principio y es grave. También tuvo una actitud irreverente para llevar adelante accionar. Los jurados decidirán si se afectó la imagen por mal desempeño. La objetividad estaba lesionada gravemente y fue probado. Lo que tiene que ver con falta de excusación, la imagen de los fiscales, fue horadada. El daño que se hizo a la figura de MPF en su accionar ya no tiene remedio de ninguna manera. No está en duda su capacidad sino su objetividad. Dañó la imagen del MPF y todo el Poder Judicial”, cerró.
Cronología y aclaración
El abogado Enrique Pita fue clarísimo al alegar. Hizo una cronología desde la acusación inicial a su defendida. Recordó que en un principio se hablaba de “tres inmuebles”. “Se pretendía incorporar como tercer inmueble la baulera de un edificio. La verdad es que son dos inmuebles sobre los que se constituyeron dos fideicomisos. Uno de calle La Paz y Baucis, del año 2013. En los dos actuaba como cofiduciario el esposo de la Dra. Goyeneche junto al arquitecto José Lino Churruarín. Sobre este fideicomiso adquirió el dominio del 50 por ciento la doctora Goyeneche junto con Opromolla. En marzo de 2017 Goyeneche adquirió el 50 por ciento que tenía Opromolla sobre ese fideicomiso. O sea que pasó a ser propiedad exclusiva de ella. Esto fue en 2017, un año y medio antes que iniciara la causa Beckman. Lo único que subsistía al momento de apertura de causa Beckman era el fideicomiso de calle 9 de Julio”, afirmó.
El defensor señaló que el departamento no fue escriturado y cuando embargaron los bienes de Orpomolla, el departamento era 100 por ciento de la fiscal. “Si algo subsistía era el fideicomiso de calle 9 de Julio, constituido en 2015. Ella lo adquirió con Opromolla en 2016. En 2017 estaba avanzada la obra y en junio de ese año se entregó la tenencia precaria. En un acto de administración, ella y Opromolla dieron en locación ese inmueble, para seguir solventando los gatos y el funcionamiento. Este es otro contrato sobre el que se quiere construir idea de vínculo comercial. No es un vínculo estable, ni dominial ni jurídico relevante. Cualquiera que tuvo hijos estudiando en otro lado, compartió con otros padres una locación y eso no es comunidad de intereses”, ejemplificó. “No parece que ser co-locatario me genere causal de excusarme en una investigación”, acotó. Además, “el 1 de noviembre de 2018 ella cedió gratuitamente a su sobrina su parte en ese fideicomiso”.
“Esa cesión de derecho que hizo la Dra. Goyeneche a su sobrina, fue un acto público, por escribano, no hay ocultamiento. Si se quiere ocultar, se recurre a un testaferro no una cesión pública de bienes a un familiar”, razonó.
Para el defensor, el vínculo con Opromolla pudo suponer una afectación en la objetividad, pero la ley es clara y sostiene que la afectación al principio de objetividad debe ser “grave, contundente, clara y manifiesta”. La acusación no pudo explicar cómo afectó la marcha de la investigación la no excusación de Goyeneche.
Por último, el defensor remarcó que “no hubo encuadre normativo del acusador”. “No se ha demostrado ni por la prueba ni por la exposición de la acusación, no se demostró el ocultamiento”.
“Nos preocupa que esto se expanda”
La fiscal suspendida pidió que se tenga su alegato como cierre también de su declaración de imputada, ya que no se le dio la oportunidad. Habló de la enormidad de esta situación. “Nos preocupa que esto se expanda”.
“Me agravia la inidoneidad de Justet, porque debido a eso, no he logrado saber cuál es el hecho que me acusan. La señora presidenta, cuando empezó el debate debió haberme leído el hecho pero no lo hizo y no sabemos cuáles son los hechos. Ahora se agregó la imagen del Poder Judicial. No tuvo hilo el alegato acusatorio, fue incomprensible. Cuando lo recusamos al fiscal adhoc, porque no tiene condiciones de ser fiscal, lo recusamos porque es una garantía para el justiciable y en este caso soy yo”, lamentó.
“Dijeron que no fui objetiva en el trámite de la causa y el motivo es que no me excusé. Esto es una absoluta falacia. Manifestó varias veces que no comprende cuál era mi interés para seguir en la causa, dijo que no fui objetiva porque no me excusé y no me excusé por algo que no comprende. En definitiva, dice que no soy objetiva por algo que no comprende”, alegó.
Investigación
“La causa Beckman fue un desparpajo. Al principio los fiscales pensaron en una estafa. La causa apareció como hecho casual, por la fortuita situación que un funcionario policial actuó de modo impecable, y lo que tuvieron que soportar los fiscales cuando fueron a allanar, que les dijeran que son del Senado de la Nación”, manifestó. Recordó que en la causa hay 29 imputados. “Desde Mena, pasando por el estudio contable, -Juan Pablo- Aguilera, Alejandro Almada. A eso lo investigamos nosotros, no fue casualidad. No fue casualidad que llegáramos a Pedro Opromolla, no porque lo denunciara cualquier ciudadano interesado por la corrupción, sino porque lo investigamos nosotros. Es tan indignante, fuera de lugar, que surgiera el favorecimiento a la persona que nosotros y nadie más que nosotros la pusimos en la causa”, reclamó.
“Cuando empezamos a recibir informes de teléfonos y computadoras secuestradas, informes de un allanamiento virtual donde se entró al correo de uno de los imputados que era director del servicio administrativo del Senado, ahí descubrimos que sí tenían dolo los integrantes del estudio contable. Vuelvo a mi extrañeza por un fiscal idóneo. Pero, antes de descubrir eso, el vínculo que tenía con Opromolla se cortó abruptamente, pero era algo que no quería sostener. Después que me desprendí de los derechos del fideicomiso del monoambiente. Uno se pregunta, bancarme estar acá es una decisión, una elección. Veo que Opromolla estaba posiblemente vinculado en esto, tenía la posibilidad de irme pero por qué ¿estaba comprometida emocionalmente? Recuerdo cuando empecé a investigar en 2006, una fiscal titular se inhibió de investigar a Félix Abelardo Pacayut porque compró una casa de IAPV. Inhibirme de esta investigación era a costa de un perjuicio. Porque como sabrán acá, en el MPF de Entre Ríos la dotación de personal es magra y cada fiscal tiene un empleado, que esté una persona o no, ya es significativo. A la vez, soy fiscal porque me gusta serlo ¿por qué me iba a apartar si no daban las causales? Y decidí como en la vida, decidí estar. Encontramos diez cuadernos con nombres de infinidad de contratados y también funcionarios públicos, infinidad de elementos que hablaban de la importancia de lo que teníamos en las manos”, dijo.
De inmediato se preguntó ¿cuál era el costo de la investigación? “No era alto, terminar una relación, no yo, sino mi marido su amistad con Opromolla y yo los derechos sobre un inmueble de cuánto ¿10 mil o 12 mil dólares? Se aludió a un supuesto deber de excusarme. Mi estimadísimo abogado Pita hizo un esfuerzo por encontrar un anclaje normativo. El acusador indicó el artículo 38, ni siquiera se tomó el trabajo de buscar el inciso ¿cuál es? Además parece que alguien le aportó algún dato para el alegato de cierre, la imagen del Poder Judicial”.
Opromolla está en la causa porque nosotros lo investigamos. Le pidieron 6 años de prisión y, a otros imputados, penas más altas. Opromolla no sufrió prisión preventiva. Eso nos da curiosidad y nos encontramos con lo que hizo uno y otro en esta maniobra, y es distinto. No se compara a lo que hizo Gustavo Pérez o Alejandro Almada o Juan Pablo Aguilera”, comparó.
En ese sentido, contó cuando allanaron la oficina de calle Alameda de la Federación. “Eso no era un estudio contable, eso era una cueva. Estaba lindera al estudio de uno de mis denunciantes. Ahí juntaban el dinero y repartían los cheques. Faure se recibió de contador unos años antes de todo esto y también hacía algunas tareas de contador ahí. Cuando llegamos ese lugar estaba vacío y había dos papeles que quedaron en el cesto de basura, todo lo demás se hizo desaparecer. Hablamos con portería y nos contaron que se fueron abruptamente, después de los primeros allanamientos”, recordó.
“En calle Misiones sí había un estudio. Cuando se fue a allanar estaba la secretaria, secuestramos las computadoras. No se pidió para ellos la prisión preventiva”, marcó. Uno de los motivos que evalúan fiscales para pedir prisiones preventivas es la obstaculización de la investigación.
Cuestión de género
“Aparentemente mi infracción tiene que ver con normas de índole moral. No sé si buscar en al antiguo testamento o dónde. Las normas morales que supuestamente incumplí, encontré la vuelta con algo que se me acusa, la relación de amistad de mi marido con Opromolla. Lo que dijo Rondoni es que había que ver si la relación de mi marido con Orpomolla no me había afectado la objetividad. Y eso sí nos remite al antiguo testamento, a la sumisión de las mujeres a los maridos. El desconcierto, por qué no se inhibió, por qué no se apartó ¿Qué interés tenía Goyeneche? Partimos de la base que está sumida a su esposo y la frecuencia de las visitas de su esposo al estudio -lo que no es cierto, pero supongamos que sí-, no podía investigar ni acusar a nadie que trabaje con mi marido. ¿Esa es la idea? Esto es una vergüenza”, reprochó.
Y continuó con la misma línea de razonamiento: “Lo que sí es cierto es que una mujer con cargo en el MPF, una mujer que no es sumisa ni respeta las amistades del marido, esa mujer puede ser que dé miedo. Lo admito. Lo que no infringe es norma de decoro. Se dijo en voz alta que se infringieron normas. Se habló de actitud irreverente de la fiscal, es cierto, tengo actitud irreverente. La acusación de Justet estuvo plagada de falsedades, no tomó correctamente apuntes ni tenía las fechas”.
Retomó la audiencia del 7 de diciembre de 2018, donde se discutieron prisiones preventivas de dos imputados en la causa contratos. El video se transmitió en el jury. “La supuesta negativa, sabemos lo que dije, la frase que dije. Se dijo que negué inmuebles, negué comunidad de intereses, negué relación comercial y de amistad. Nunca vi que una palabra tenga tal polisemia. Ahí empezó el torcimiento de lo que ocurrió en el voto de Daniel Carubia en la apertura de causa, cuando dijo que negué ‘comunidad de interese’. Yo hubiera podido negar comunidad de intereses. Pero sí, la niego. No tenía comunidad de intereses”, se defendió.
Goyeneche apuntó nuevamente al fiscal adhoc y dijo: “Refirió que cedí un departamento a mi sobrina porque salieron publicaciones en los diarios y me quise desprender. ¿De dónde sacó eso? Los propios denunciantes aportaron las publicaciones y tienen fecha 5 y 7 de diciembre y yo cedí el departamento el 1 de noviembre. Un poco de decoro por favor, respetar mínimamente la verdad y las fechas”.
“Quedó probado en la audiencia la inexistencia de cualquier ocultamiento. Si ocultamiento lo vinculan con la cesión de derechos de fideicomisos, sería contradictorio porque es difícil ocultar a través de actos públicos. Lo que se probó es la veracidad de nuestra defensa. Que Opromolla no tenía vínculo conmigo, que no tenía amistad ni trato directo con él. Es una patraña y el carácter infame de la publicación del 7 de diciembre, que quería usar un grupo de abogados para recusarme. Que el fiscal diga que mi marido era socio de Opromolla, que sigan diciendo eso, faltaban diez años para conocer a mi marido y un matrimonio de él en el medio cuando empezaron un estudio, cosa de estudiantes”, resaltó.
Después fue a la declaración de Deiloff. “Verla aquí los dejó pasmados. Un testigo archimentiroso, pero no solo aquella vez, en esta audiencia, si tuviéramos una correcta integración, el testigo debía salir preso de esta audiencia porque cuando le preguntamos si mintió en su declaración anterior, dijo que no”, cuestionó. “Los fiscales explicaron por qué lo allanaron. Explicaron por qué no le creyeron”.
Respondió a la foto del sur del país con su marido y Opromolla. “Está probado que fue un encuentro de procuradores, el hotel donde nos alojamos y que no estaba ni Opromolla ni la mujer. Y aún tengo que explicarlo”.
“No escuché nada, algo que afectara mi objetividad. Sí escuché al final de la recepción de prueba una entrevista con un abogado que sembró o dijo en voz alta, una hoja de ruta que si la escuchamos, nos agarramos la cabeza y podemos explicarnos todo lo que pasó acá. Podríamos hablar muchas cosas más. Dicen que mi inhibición es tardía porque fue abril de 2019 como si fuera una misma trama, cuando se dio por circunstancias distintas”, contrastó.
Sobre el final recordó: “Se habló de la afectación de la imagen del Poder Judicial. Es interesantísimo, una investigación sobre criminalidad organizada, inserta en la Legislatura que fue un éxito, que se remitió a juicio en dos años. Esto ya no es un bochorno nacional sino internacional. Y esto sí es imagen del Poder Judicial. Porque la ONU se interesó en una denuncia que hicimos nosotros, que interpusimos el 4 de abril. Me enteré ayer por los diarios que hace nueve días se interesó el relator de la ONU. No lo sabía. Entonces podemos contarle al relator de la ONU que me apartaron cuando estaba encabezando el juicio al exgobernador que todavía conserva el poder político en la provincia; y que no querían llegar a juicio; y que unos meses antes designaron a uno de sus defensores como relator de la Sala Penal. Podríamos decirle a la ONU que me suspendieron porque mi esposo era socio de un estudio contable pero yo lo conocí diez años después de ese proyecto. Podemos contarle que apartaron a los fiscales de su rol constitucional en este jury porque me apoyan y no me pueden acusar. Podemos decirle muchas cosas más. Por eso, requerimos la absolución”, cerró.
