Por Luis María Serroels (*)
Imaginemos anoticiarnos por los medios de este hecho: “La justicia revisará la demanda pública formulada por grupos sociales acampados frente al Obelisco, exigiendo la inmediata libertad de una dirigente social kirchnerista condenada a 13 años de cárcel”.
¿Será que alguien piense realmente que ello podría hacerse realidad y torcer semejante fallo? Que hoy existan militantes todo terreno que supongan que las protestas colectivas están legitimadas para semejante planteo al Poder Judicial por fuera de los pasos previstos por la Ley Suprema, sólo evidencia que detrás hay titiriteros que aviesa y engañosamente maniobran para agredir a los magistrados, como si condicionar o revocar sentencias dependiera de la dimensión de los cortes de calles o los decibeles de la vocinglería.
Este episodio se dio contemporáneamente con la revelación cruzada de ciertos personajes que están preparando un nuevo modelo de juzgamiento asentado en tribunales de fantasía, cuyo propósito apuntaría a controlar y/o domesticar a la prensa y amedrentar jueces. Sería como colocar sobre su testa una Espada de Damocles que atentaría contra toda racionalidad e inauguraría una suerte de “vandalismo patriótico”. En el Capítulo Primero de la Sección Tercera referida al Poder Judicial, arts.116º al 119º, está claramente asentado quienes deben y quienes no deben administrar justicia.
Por la singularidad de sus fines y tratarse de una teatralización de alto vuelo, debería presentarse en una sala de jerarquía.
A la pretensión de que la justicia camine al ritmo que le imponga la política, sólo Ripley le abriría sus espacios. Causas muy sensibles hoy estacionadas sin explicación –que involucran a referentes del kirchnerismo- ponen en vidriera un virtual plan de sobreseimiento colectivo a cuenta de mayor cantidad, que agrede a la Carta Magna.
Un símbolo garante de la justicia plena es colocarse una venda en los ojos para no favorecer arteramente a uno por sobre el otro. La búsqueda de la justicia es algo que la sociedad debe perseguir sin sentirse totalmente satisfecha al demandar más y más derecho. Promover la acción penal en los tribunales es garantizar ecuanimidad, asegurar el derecho a la defensa de los intereses superiores de la sociedad y evitar que algunos se sientan más “iguales” que otros ante la ley.
En una sociedad muchas veces tambaleante en términos del sentido común, tantas veces manoseada y esquilmada por los propios connacionales, ha terminado naturalizándose la coima, el atropello, la traición y la impunidad. Exfuncionarios que han sido duchos en el arte del cohecho, se ríen de los jueces y hasta retornan al poder sin el menor impedimento legal ni moral. Un otrora gobernante imputado en hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito a costa del erario público, diestro en el arte de gambetear los tribunales y usufructuar prebendas intolerables, termina siendo premiado con una embajada en un país que requiere funcionarios altamente formados, no obstante presentar una clara ignorancia en el ámbito diplomático. Esta designación descalifica en la misma medida a quien lo elige y a quien con extrema frescura lo acepta.
Volvamos al inicio: uno de los hechos más llamativos no sólo por su modo de exteriorizarse sino por la indiferencia de ciertos sectores que deberían decir lo suyo y en voz alta, fue la ya citada concentración de militantes de organizaciones sociales exigiendo la liberación de Milagro Sala (jefa de la organización Tupac Amaru) condenada por un tribunal jujeño a 13 años de cárcel por corrupción (entre otros expedientes, ya que figura en una mega causa).
El alto cuerpo ratificó el dictamen de la Cámara de Casación Penal, donde se la imputa a la dirigente por “asociación ilícita en su carácter de Jefa” (causa Pibes Villeros). Pero figuran además otros 29 acusados, entre ellos funcionarios y cooperativistas por “defraudación al Estado” en la construcción de viviendas.
Es jocoso que se considere “presos políticos” a quienes no se cansaron de robarle al Estado (al pueblo). Lo que se debería plantear en una sociedad seria, no es la aspiración quimérica de los ladrones públicos sino la detención de los que permanecen sueltos y ya deberían estar encerrados.
Como se ha dicho, insólitamente en ciertos casos ocupan cargos políticos importantes y hasta reemplazan a la más alta autoridad de la Nación.
La actual ministra de Justicia, Marcela Losardo, reveló que “se está trabajando en una reforma que le dé mayor transparencia y celeridad a todo el Poder Judicial”. Sin embargo en realidad se persigue modificar la situación de los imputados del kirchnerismo, aunque es sabido que una larvada ley dirigida a beneficiar retroactivamente a los saqueadores del Estado, sería insultante para el Poder Judicial y ofensiva la decencia institucional. Remover jueces y fiscales con intenciones de lograr impunidad, sería una mácula imborrable para la división de poderes.
Es bueno hacer memoria. En marzo de 2009 y por intermedio del fiscal General de la Nación, Esteban Righi, Néstor Kirchner hizo renunciar a Manuel Garrido como Fiscal de Investigaciones Administrativas porque se acercaba peligrosamente a las irregularidades cometidas por funcionarios de su administración (ironía: años después Cristina Fernández echaría a Righi para salvar a Amado Boudou).
Si concentrarse en la vía pública para demandar bulliciosamente la revocatoria de sentencias judiciales se aceptase como recurso válido, el paso siguiente podría ser la formación de tribunales populares que subroguen a los tribunales ordinarios previstos en la Ley Suprema.
Queda para el final añadir detalles de otro mamarracho en forma de puesta en escena en que se han embarcado ciertas figuras apuntando a una justicia ad-hoc. “Es un disparate para tapar las causas por corrupción”, señaló el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay. En tanto Hugo Wortman Jofre, presidente de Poder Ciudadano, lo calificó como “un escrache internacional” contra la prensa y la justicia. Por su parte Marcelo Longobardi sostuvo que “se trata de una recreación de la CONADEP del periodismo, es una farsa que rodea al ridículo y es una nueva dimensión que es el simulacro”.
Numerosos y calificados constitucionalistas, legisladores y periodistas repudiaron esta creación de un “tribunal ético de juzgamiento de Lawfare” (término inglés de imprecisa traducción) que por ahora se lo vincula con “guerra jurídica” o “guerra judicial”, que analizará la conducta de jueces, fiscales y columnistas que investigaron casos de corrupción de Cristina Kirchner, Lula Da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador) y Dilma Rousseff (Brasil), descalificando a tribunales de otros países que, a diferencia de lo que acontece en el nuestro, no permiten que los delincuentes anden por las calles de la República, salgan del país, retornen y encima se burlen de los magistrados.
Siguiendo a Sabsay, agregó que “un tribunal creado por voluntad de quienes se proclaman sus miembros y deciden su jurisdicción y competencia, es una farsa para tapar las causas por corrupción”. Por su parte Wortman Jofre añadió que “un Tribunal Ético de alcance internacional, donde algunas personas funcionen como jueces, otras como víctimas y otras como victimarios, es una idea que pone en crisis y debilita las decisiones de los Tribunales de Justicia verdaderos, que deben actuar legitimados en cada una de las jurisdicciones democráticas donde actúan”.
Cualquier decisión del falso tribunal K, será sólo espuma de ficción para la galería. Y sus integrantes no pasarán de la condición de marionetas.
Este proyecto impresentable se orienta a la necesidad de acallar las voces críticas y poner nerviosos a fiscales y jueces. En realidad son los jueces los que contra viento y marea deben poner nerviosos a los corruptos de cualquier casta y color.
Como oportuno epílogo citamos una perla llamativa: Carlos Liuzzi, exmano derecha de Carlos Zannini durante la gestión de CFK, habría llegado al cargo consignando un patrimonio de $190.000, pero se retiró del mismo con departamentos de lujo en Puerto Madero, campos en Mendoza y acciones en varias empresas. No obstante que un perito oficial informó que dicho crecimiento no se pudo justificar, el juez actuante le dictó el sobreseimiento. Si este expediente se reactivase, los abogados del Estado que deberían actuar estarían a las órdenes de Zannini, exjefe de Liuzzi. Además, el hombre que debe revisar la declaración patrimonial de Cristina Fernández, se menciona como militante de la Agrupación Justicia Legítima, con confeso ADN kirchnerista.
“El populismo es oportunista y puede cambiar la piel de su ideología cuantas veces le convenga. Sólo le interesa el poder y para gozar de ese poder vale todo: el dinero, la corrupción, la mentira, los aprietes, ideas de derecha o izquierda, el soborno y la manipulación de la ley”. (Marcos Aguinis- Médico neurocirujano, psicoanalista y escritor argentino).
(*) Especial para ANÁLISIS
