Daniel Enz
En la última edición de la revista ANALISIS se publicó un informe de cinco páginas sobre la causa de los contratos legislativos entre 2008 y 2018, iniciada en septiembre de 2018 y en cuya investigación judicial se habría determinado el desvío de por lo menos 2000 millones de pesos del Estado entrerriano. En la nota periodística de esta revista se consignó que se accedió a un total de 154 videos con testimonios de los principales testigos que declararon en dependencias del Ministerio Público Fiscal, lo que generó una fuerte reacción entre los abogados defensores de los principales imputados.
La mayoría de ellos indicó que no habían visto "más de 20 videos", en función, a su entender, de lo suministrado por los fiscales de la causa. No obstante, ese argumento de cada uno de los letrados que se sorprendieron y expresaron enfáticamente su molestia y enfado, quedó absolutamente desestimado cuando los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberri presentaron un informe oficial sobre la causa, requerido por el procurador general Jorge García. Allí, quedó evidenciado que cada uno de los abogados defensores recibió de manos de tales fiscales la totalidad del contenido de la causa, incluyendo los videos, cuyo contenido en la revista, tanto les molestó. Pero, evidentemente, no tuvieron demasiado tiempo de observarlos con detenimiento, profesionalismo y compromiso, pese a los meses transcurridos o los meses de cuarentana e inactividad judicial.
En esa nota periodística se consignó erróneamente que los 154 testimonios analizados puntualmente eran el equivalente a más de 2.000 horas de videos, cuando en realidad debía decir más de 2.500 minutos. El dato no incide para nada en el devenir de la causa y es un agregado que podría ir o no en todo artículo periodístico.
Lo importante siempre fue qué dijo cada uno de los declarantes en la causa, lo que ningún medio de comunicación había conocido en detalle y a lo que accedió esta periodista de modo anónimo, tal como ha sucedido cientos de veces en diferentes investigaciones periodísticas. Después de ser chequeado el material, se corroboró que era absolutamente verídico cada una de las testimoniales y que ninguna de ellas había sido editada o modificada, por lo cual se optó por publicar, tomándose los recaudos pertinentes.
Solamente se difundieron los nombres de aquellos que fueron funcionarios públicos, asesores o exdiputados, como así también a quienes se conocía perfectamente que tenían una relación directa con cada uno de ellos, en función de sumar contratos legislativos, para recaudar dineros públicos que iban a sus respectivos bolsillos o a los principales recaudadores del sistema corrupto, del que venían formando parte hacía más de una década y no desconocían el rol que tenían para los líderes de la banda de los contratos. Varios de los mencionados en la nota de marras se enteraron por este medio que cobraban contratos legislativos, porque estaba claro que le habían falsificado las firmas y nunca les avisaron de tan perversa situación. El resto de los nombres se indicaron solamente con iniciales.
Por el ínfimo error cometido, pedimos las disculpas del caso a nuestros fieles lectores, que hace más de 30 años vienen confiando en cada uno de nuestros trabajos.
