Por José María Varangot(*)
El 17A demostró que Cristina Kirchner perjudica al Presidente. Resulta paradójico comenzar así la presente nota, cuando en realidad, el Presidente Fernández fue elegido como candidato, exclusivamente por voluntad de Cristina. Si bien el accionar político de Alberto está monopolizado por el tratamiento de la pandemia y su cuarentena, a esta altura del gobierno, es evidente que la agenda de la vicepresidente apunta sólo a poder manejar el Poder Judicial, hoy a través de su reforma, operando en ambas cámaras del Congreso Nacional, Consejo de la Magistratura, Consejo Consultivo creado a tal efecto, carente de pluralidad política e integrando a un abogado, que es su defensor, el de sus hijos y de Lázaro Báez, entre otros importantes funcionarios de su administración, la gran mayoría, procesados por corrupción y con fecha de elevación a juicio oral y público.
Para la actual vicepresidente la mayor preocupación política es la de reivindicar su anterior gobierno y garantizar su libertad, la de sus hijos y empresarios amigos, todos procesados por la Justicia. Ella no se define sobre la situación sanitaria que atravesamos, no opina sobre el acuerdo de la deuda externa y no condena la escalada de inseguridad que azota a los argentinos. Sólo trabaja en función de su “agenda personal” y la mejor herramienta, hoy, es la ambiciosamente llamada, “reforma judicial”. Este empecinamiento, paralelamente, va reduciendo la imagen positiva de Fernández, pues la gente común se da cuenta de su limitado margen de acción, respecto de los temas que más preocupan a la sociedad. Así, de a poco, va disminuyendo su nivel de popularidad, con la complicidad de gobernadores y dirigentes peronistas, “que advierten todo, pero callan”. El Presidente y sus colaboradores, de no ocurrir un cambio de actitud, se convertirán en un engranaje más de la estructura de Cristina Kirchner, incluso, con menos popularidad que ella. Cómplices de éste “esmerilamiento” de la figura e imagen presidencial, son los propios funcionarios peronistas que no le plantean la situación imperante. Con su silencio, son los legitimadores del desgaste del gobierno, a pesar que su gran mayoría, no comparte el proyecto de reforma judicial, lo consideran inoportuno, insuficiente y orientado a solucionar cuestiones personales, que provocaran mayor deterioro en nuestra Justicia.
Frente a todo lo dicho, las protestas de la gente común se han transformado en la resistencia más poderosa que estos “proyectos personales” enfrentan. En ese sentido, el 17A próximo pasado, fue la más concreta demostración que, un vasto sector de nuestra ciudadanía no soportará que transcurran otros 4 años, sin que funcionarios procesados y con prisión preventiva vayan presos, valiéndose de fueros legislativos o favores políticos para eludir la Justicia. Vemos en cada protesta y “banderazo”, mayor firmeza y una creciente participación, de la cual, curiosamente, ningún partido político puede capitalizar a su favor. Se trata de manifestaciones espontáneas, indicativo de una buena salud republicana que apunta a una sensible mejora institucional combatiendo la corrupción y la impunidad.
Hasta ahora, nuestro Presidente no reconoce al 17A como una legítima y contundente demostración de un gran sector representativo de la ciudadanía argentina, que mostró en carne viva sus sentimientos, seguramente, con la legítima esperanza de ser escuchados, sin embargo sólo los calificaron de “irresponsables desde el punto de vista sanitario”.
Hoy, nos preguntamos: frente a las futuras protestas, ¿se continuará de esa forma? ¿Seguirá el Presidente, como hasta ahora, el decadente derrotero que afecta cada vez más su gobernabilidad o, intentará asumir el liderazgo que le permita ensanchar su base social y política, con vistas a desechar resentimientos y armar las coincidencias necesarias, para mejorar la cohesión social que necesita indefectiblemente nuestro país?
(*) Abogado, Productor Agropecuario en el Departamento La Paz.
