Sebastián Salem junto a su abogado defensor Ladislao Uzin Olleros.
Por Manuel Lazo (*)
Para esas dos mujeres, solas únicamente en apariencia, son horas angustiantes en las que el padecimiento por la violencia sufrida vuelve a replicarse ante el replicador. El amplio salón del STJ donde se lleva adelante el Jury al Juez de Paz de Gualeguay Sebastián Salem se puebla de voces, de hábiles subterfugios y de verdades cuya contundencia no evitan sin embargo esa sensación de incertidumbre por lo que se oirá a la hora de la sentencia. Y tiemblan, claro que tiemblan, pero de coraje y con la íntima certeza de que, cualquiera sea el final, fueron capaces de derribar los muros del silencio, ese refugio que suele ser aliado de la violencia.
“Guarangas, mitómanas, denunciantes seriales...” Las palabras del abogado Ladislao Uzín Olleros salen disparadas como flechas buscando herir aún más a las víctimas. Pero ellas soportan ante ese talador que se esfuerza por derribar la verdad con adjetivaciones que terminan mostrándolo cuan adolescente ofuscado. Soportan con la valentía de quien está dispuesto a caer de pie como los árboles ante un “gigante” que como nunca antes ha sido “interpelado” en su poder machista y patriarcal.
“Guaranga”. ¡Angá Uzín Olleros! ¡Cuánto desconocimiento! Tanto que utilizando el mismo término despectivo del invasor con el pueblo originario hizo que muchos nos sintiéramos más orgullosos aún de reivindicar y mantener viva la lengua, la cultura y la memoria guaraní. El abogado sabe descalificar a la prensa sosteniendo que no conoce ni la cartulina de un expediente y hasta hizo gala de conocer la manera de adjetivar peyorativamente para herir a las víctimas apelando a una palabra que lastima a todo el pueblo del Guarán. Todo un erudito.
Una página histórica es la que se está escribiendo en ese recinto en el que, sentado en el banquillo de los acusados está nada menos que un juez; un juez que fue puesto en ese lugar por la discrecionalidad de la política. Fue designado no por sus méritos sino, según le fue atribuido al fallecido intendente de Gualeguay por un testigo, por ser el “malo conocido”. Ahora se lo juzga por la denuncia de las abogadas Deolinda Sabina Almada y María Carolina Almeida por violencia laboral y falta de idoneidad para ejercer la función de Juez de Paz en Gualeguay.
“El magistrado ha provocado su propia destitución”
La frase del Procurador General fue la síntesis perfecta del comportamiento del denunciado y sonó como un cachetazo al concepto corporativo. Jorge Amílcar García detalló punto por punto las acusaciones de las víctimas y dio crédito además a los testimonios brindados por la abogada María Emilia Bonetti, por Débora Taborda, José Luis González y el abogado Carlos Walter Ihlo.
En su exposición, el jefe de fiscales sostuvo que Salem había ejercido desde siempre una “voluntad expulsiva” hacia Almada, quien había ganado su cargo por concurso, frente a alguien cuyo lugar como Juez lo consiguió por formar parte de una terna elevada por el poder político al Gobernador. Es decir que el mérito del acusado proviene de una designación política y no de sus conocimientos como abogado, que claramente no han sido amplios tal como lo muestran los resultados de concursos.
No es un dato menor que el doctor Jorge García haya afirmado que en sus cuarenta años de experiencia en el Poder Judicial nunca había visto una actitud igual: un Juez denunciando a su propia Secretaria con dos acusaciones entregadas en Fiscalía a primera hora de la mañana. El jefe de fiscales hizo saber al tribunal que ambas fueron desestimadas. Pero, además, le enseñaron al Juez la inexistencia de todo tipo de delito por parte de la Secretaria, destacando su asombro sobre la ignorancia de Salem respecto de que lo presentado sirva para sostener acusación alguna.
Jorge Amílcar García no dejó pasar la actitud reprochable de Salem al haber aprovechado un período en el que Almada se encontraba de licencia médica para producir en su contra un informe desfavorable a fin de no confirmarla en el cargo que había ganado por concurso. “A los seis meses el Juez emite opinión al respecto utilizando argumentos banales como, por ejemplo, que no se le entendía la letra, tenía errores de ortografía o no atendía la mesa de entrada”. Sobre el particular, García, quien hasta llegó a hablar de falta de humanidad en perjuicio de las víctimas, consideró que eran tan insostenibles los argumentos de Salem y demostrativos de su voluntad expulsiva que el propio Superior Tribunal, enterado de ellos, los desechó de plano y confirmó a Almada como titular contra los deseos de su jefe.
A la aludida falta de confianza que habría expresado el Juez, el Procurador General explicó que ese argumento es una rémora del pasado. “La confianza no se puede exigir”, dijo. Se gana, se gana con concursos, con los fallos, sostuvo el fiscal, quien criticó y calificó como grave que Salem pretendiera descalificar a Almada por ser afiliada a la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AJER).
Respecto de la otra denunciante, Carolina Almeida, quien en sus acusaciones formuló cargos por hostigamiento a Sebastián Salem y hasta manifestó que “tenía miedo de decir que estaba embarazada” por las reacciones que aquel tendría, el procurador general manifestó que “sometida a la intervención del personal de los equipos técnicos se concluyó que la funcionaria era víctima de un hostigamiento insidioso, crónico y velado dentro del cual existían comentarios machistas y con contenido sexual”.
Finalmente García realizó una semblanza de los testimonios vertidos por los otros declarantes estableciendo que las conductas de Salem y los hechos que se consideran como demostrativos de su falta de idoneidad se verifican desde antes de la llegada de Almada a finales de 2018, por lo cual mal podía atribuir a ésta sus pesares, sobre todo cuando ninguno de los profesionales que pasaron a brindar testimonio –más de 20- manifestaron quejas serias contra Almada, en tanto que –adelantó- se estudia impulsar una acusación por falso testimonio contra la agente de Gualeguay Nerina Atum por haber incurrido en clarísima reticencia a narrar la verdad colocándose en lo que los alemanes llaman “la ceguera de los hechos”.
El turno de la defensa
El defensor del Juez de Paz de Gualeguay, actualmente suspendido en sus funciones, es el abogado Ladislao Uzin Olleros, el mismo que cobró notoriedad el año pasado al codefender a Jorge Julián Christe acusado de provocar la muerte de su novia María Julieta Riera, con quien “convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas”, según los informes publicados.
Ahora, al ejercer la defensa de Salem, denunciado por violencia, Uzin Olleros arremetió con un discurso que provocó desde cruces de miradas hasta honda indignación en sectores vinculados con el Poder Judicial y con los colectivos que sostienen la defensa y ampliación de los derechos de la mujer. Hasta se considera inminente, según algunos trascendidos formales, presentaciones contra el letrado. Uzín Olleros cargó también contra la otra denunciante a la que identificó como “partenaire de la anterior”.
Sin la más mínima equivalencia entre el lugar en el que declararon las víctimas, un sillón en medio de un enorme salón, Uzin Olleros conservó a su defendido a su lado todo el tiempo, lo que le permitió intercambiar continuamente opiniones y gestos en aprobación o reproche, cuestión que el Presidente del tribunal debió advertir y corregir, pero no lo hizo.
Uzin Olleros valiéndose de un verbo inflamado realizó un discurso que pareció más propio de un acto proselitista que de una defensa judicial. Atacó a los testigos de las víctimas, a la prensa, a la que tildo de amarillista y de no conocer siquiera la cartulina de un expediente-, habló de “sexo débil”, de notas firmadas por 33 abogados, aclarando que entre ellos hay mujeres, de modo tal que nadie pueda pensar que no tuvo en cuenta la perspetiva de género. Un verdadero mamarracho porque su discurso fue de punta a punta anticuado, machista y violento.
Aparentemente la revictimización no es un término que forme parte de su léxico a juzgar con el tono con el que destrató a algunos de los testigos de la parte acusatoria. La vetustez de su relato llegó al punto de pretender establecer que “la sociedad debe estar agradecida porque “hoy, personas que no están casadas, pueden convivir juntas” (?). Su moralina avanzó inclusive hasta señalar las diferencias entre hijos extramatrimoniales y los que no lo son causando asombro entre algunos integrantes del Jury que intercambiaron miradas como preguntándose si alguien podía ayudar a comprender el significado de ese errático relato que nada tuvo que ver con la acusación de violencia y falta de idoneidad, motivos que llevaron a un juez al banquillo.
“Gualeguay es una ciudad tranquila”, sotuvo Uzin Olleros. Y es verdad, lo es; pero fue también el lugar donde violaron y asesinaron cruelmente a Micaela. Por respeto a su memoria y por apego a la ley que lleva su nombre debió entonces moderar su alegato. Pero no, el abogado eligió demostrar que comparte con su representado mucho más que una particular visión del mundo del derecho… Su alegato llegó al punto de pretender condicionar al Jury al señalar que se debe tener muy en cuenta que este fallo será histórico –como si hiciere falta recordarlo- sosteniendo en cuanta oportunidad pudo que el que manda es el juez. Y punto. Casi un patrón de estancia. Todo lo contrario de García quien en todo momento remarco la desaparición de aquella concepción del Juez como patrón, que designaba a un secretario porque le tenía confianza y aunque no supiera nada se lo dejaba de herencia al reemplazante al momento de jubilarse.
La oratoria de Uzin Olleros seguramente quedará en los anales, pero no para ser estudiado como una pieza de erudición sino, muy probablemente, como el ejercicio gratuito del ataque insensato cuando se debe defender lo indefendible. Esto es que todos los profesionales que atendieron a la victimas coinciden en la causa de los males: la violencia ejercida por su representado.
A la elevada técnica del Procurador, la diligencia del Superior Tribunal, el trabajo desde AJER de personas como Mabel Pedrero que incansablemente lucharon por la defensa de las víctimas, se le antepone la paupérrima oratoria de la que pretendió hacer gala el abogado Uzin Olleros, quien seguramente, cuando analice los testimonios podrá apreciar y comprender quizás en su justa magnitud, el efecto que provoco en la sociedad el relato de algunos de los testigos que pensó que ayudarían a su posición.
Así y casi como un salvavidas de plomo para Salem, la comunidad gualeya y toda la comunidad judicial que siguió en vivo el debate, supo durante un Jury que la decisión sobre el nombramiento del Juez de Paz se cobijó “entre copas”. Así lo dijo uno de los testigos. Y hasta señaló el lugar: Fue en la sede del Jockey Club donde entre otras cosas se decidió “… mejor malo conocido que bueno por conocer”; para proponerle ni más ni menos que al Gobernador de Entre Ríos, o que testigos que sostuvieron no tener amistad con el imputado Salem, luego reconocieron su participación en los asados del grupo llamado “La Logia” (¡!) destacando su “chispeante” personalidad... Así llegó Salem a su puesto, sin haber aprobado jamás un concurso. Tal vez, el malo conocido, pensó (equivocadamente) que el respaldo político y su pertenencia a una “logia” le daban inmunidad e impunidad hasta para ejercer violencia. Lo que Sebastián Salem no tuvo en cuenta fue que alguna vez, dos mujeres, abrazadas a su dignidad, hermanadas en el padecimiento, reunirían el coraje no solo para denunciarlo a él, sino también para interpelar a todo un Poder Judicial que está llamado a descender de su pedestal para distribuir el valor de la justicia.
(*) Especial para ANÁLISIS.
