Por Antonio Tardelli (*)
Si gobernar es generar trabajo, como supo decir el tres veces presidente Juan Domingo Perón, lo que en la Argentina desde hace tiempo venimos viendo es desgobierno.
Si gobernar es crear trabajo no hemos tenido gobiernos. O los gobiernos han hecho las cosas exactamente al revés de lo que debían.
En los últimos cinco años el empleo privado cayó en Entre Ríos casi un 10%. Según el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), la provincia ha experimentado, en lo que a empleo se refiere, una década perdida.
Se habla de décadas ganadas; pero para el empleo, en Entre Ríos, la última fue una década perdida.
Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020 se esfumó en la provincia uno de cada diez trabajos registrados. El guarismo entrerriano es similar al de Córdoba o al de Santa Fe. Ocurre que en Entre Ríos el mercado de empleo es mucho más pequeño. Entre Ríos tiene registrados 93 asalariados privados por cada 1.000 habitantes. Pero Córdoba tiene 127. Y Santa Fe, 136.
Al mismo tiempo, ha crecido el empleo no registrado. O sea: se ha cambiado empleo en blanco por precarización laboral.
El informe del CEER consigna que la informalidad promedio en los aglomerados urbanos de la provincia estuvo en el orden del 34,5% del empleo.
Son datos que corresponden al primer trimestre de 2020, momento en que comenzaron las medidas de aislamiento adoptadas para mitigar la pandemia. Se puede suponer que los problemas económicos posteriores profundizaron el deterioro del empleo y de su calidad. Los números son contundentes.
Dan cuenta, en cruce con otros datos similares (sobre todo los de actividad económica), del profundo fracaso de la Argentina en general, y en particular de su clase dirigente, para construir un modelo de desarrollo inclusivo y con tendencia hacia la justicia social.
Esos números son básicamente un cuestionamiento para la política. Y para los gobiernos.
Esos datos categóricos, que muestran el retroceso, revelan también lo falaz que es la propaganda gubernamental cada vez que nos muestra una fábrica en marcha, un establecimiento puesto a andar, una obra pública inaugurada y así con cada ejemplo que se pueda poner.
Porque en todo caso cada una de esas imágenes pretende reemplazar, y en el fondo ocultar, todo lo que falta, que es creciente.
Lo que se hace, y se exhibe, no alcanza a evitar el simultáneo deterioro.
Los desempleados siguen amontonándose en la Argentina mientras los gobiernos nos exhortan casi siempre a persistir en el rumbo. Nos sugieren que los malestares, todos ellos, son pasajeros.
El otro aspecto a considerar es la propuesta (o su ausencia) que la política tiene para ofrecer a los empresarios, que se supone deberían ser socios en la generación de empleo.
Los políticos, y fundamentalmente los que dicen representar a los sectores populares, y por eso mismo no se identifican con los hombres de negocios, no saben muy bien qué proponerles a los empresarios. Carecen de discurso solvente para ellos.
Son educados en una cultura política que trabaja sobre la necesidad de compensar los desequilibrios sociales, redistribuir las cargas y priorizar a quienes menos tienen. Está muy bien.
Ese orden de urgencias es irreprochable, más desatiende (supinamente) aspectos que son imprescindibles para poder materializar ese deseado proceso virtuoso. No es que mientan; es probable que no sepan. O que sus fórmulas luzcan, si no gastadas, directamente fracasadas.
Ninguno de los dos grandes bloques políticos de este país, que son además los que han gobernado en los últimos periodos, se reconoce o se proclama socialista. Ninguno propone suprimir la propiedad privada para edificar otro sistema sobre bases diferentes.
Se reconocen capitalistas. Creen en la iniciativa privada y en el lucro como motor de la reproducción de la sociedad.
Pero al mismo tiempo ellos y sus simpatizantes esperan (o fingen esperar) de esa sociedad capitalista los beneficios de otra clase de organización.
Confían en reducir la desigualdad, deploran el desempleo, alegan que trabajan en la reducción de las brechas entre las distintas clases. Bregan por un mínimo de homogeneidad social.
Pero al momento de formular las propuestas las cosas se complican.
No saben si hablar bien o mal de los empresarios: los dueños del capital, razonan, son dueños de algo. Al menos de un modesto capital.
Por eso no son la prioridad. No pueden serlo. En el listado vienen a la cola.
No saben qué decirles. Y además, en algún momento, habrá que cobrarles impuestos.
El sistema es regresivo y, por eso mismo, alguna vez habrá que caerles encima. No hay remedio.
¿Los seducimos o los combatimos? ¿Son socios? ¿Son aliados? ¿Buenos? ¿Malos?
No es verdad que primero hay que generar la riqueza y luego distribuirla; generación y distribución de riqueza son fenómenos permanentes y simultáneos.
El problema es que todo el tiempo redistribuimos (eso, en el mejor de los casos) sobre una producción cada vez más pequeña. No hay redistribución que a lo largo del tiempo sea virtuosa si lo que se redistribuye se va achicando.
La Argentina no crece desde hace una década. La política no puede confesar sus fracasos. No puede reprocharse sus eslóganes vencidos y desmentidos por la realidad. Debe renovar las esperanzas populares con las mismas recetas y los mismos rostros.
Pero la carga le resulta cada vez más pesada porque los entusiasmos languidecen, y hasta los fanatismos se doblegan, cuando las estadísticas demuestran una y otra vez que lo único que se perfecciona en la Argentina son los cuadritos y las tortas que grafican los males.
Gobernar fue, alguna vez, dar trabajo.
Hoy en la Argentina gobernar es destruir empleo y con ello evaporar los horizontes de prosperidad.
(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS
