Por Luis María Serroels (*)
A fines de abril de 2020, los argentinos nos enteramos de que el Presidente de la Nación había adoptado una medida que significó un acto de invasión de poderes. Adoleció de los debidos análisis de organismos idóneos y especialistas al momento de sacar de las cárceles a miles de reclusos –serían unos 2.300-, bajo el argumento de una situación de riesgo frente a la llegada del letal coronavirus. El tiempo nos vio marcando lo que significó tanta muerte, dolor y desesperación.
La decisión de autorizar a abrirse las puertas y mantenerse severamente alojado en sus domicilios, fue el acuerdo a modo de aval. Hubo mucha reticencia y hasta disgustos en el ámbito tribunalicio donde se criticó el “paternalismo jurídico”. ¿Alguien podría garantizar que los condenados favorecidos por la medida presidencial responderían como caballeros a las recomendaciones?
Desde luego que sólo bajo un optimismo exacerbado podrían los magistrados confiar en que la palabra sería respetada. Es que “cada magistrado/a tras el estudio del caso continuará haciéndose cargo frente a la sociedad y la historia de las conciencias como lo manda la Constitución Nacional”.
El caso que nos mueve es la atroz y conmovedora muerte de la psicóloga María Rosa Daglio (56 años), a manos del motochorro Alejandro Miguel Ochoa (55).
La modalidad que más se observa en la vía pública es abordar una moto, hacerse de una potencial víctima –preferentemente mujer-y manotearle cualquier elemento (preferentemente bolso o cartera) y aplicando el factor sorpresa huir velozmente.
Las consecuencias para el atorrante son lo de menos. Pero para quien sufre el vandalismo el saldo es mucho más doloroso y fatal, su muerte.
Estos casos son algo habitual porque los facinerosos se especializan en estas andanzas reprochables para la sociedad.
El repudiable individuo ya tenía sobre su prontuario un rosario de graves delitos, debiendo ser condenado por hechos generalmente con mujeres. La colaboración mediando una llamada anónima al 911 le resultó fatal para regresar a la cárcel.
Lo grave es que este asesino tendría que haber estado entre las rejas, pero, como tantos miles, había sido favorecido con sendas excarcelaciones derivadas de la cuarentena.
El fiscal de Cámara de la provincia de Buenos Aires, Carlos Altuve, presentó un reclamo por la “liberación de presos peligrosos” (no era una suelta de palomas).
Chorros, narcos y violadores (todos angelitos), se vieron favorecidos por la situación de riesgo. ¿Cuándo el poder dirá basta? En las salidas de todas las cárceles del país se debe poner fortaleza y decisión, evitando que las evasiones domiciliarias bajo los riesgos de la pandemia, sean la gran oportunidad para escabullirse.
Alejandro Miguel Ochoa tendría que haber vuelto a prisión en noviembre tras abandonar su reclusión domiciliaria, en tanto el servicio había desaconsejado su salida del penal por mala conducta. No obstante ello quedó en situación de prófugo. Si no fuese por la pandemia los delincuentes no hubieran accedido a abandonar sus calabozos y dispondrían de campos fértiles para asaltar y asesinar a los ciudadanos de bien. Por eso se habla de esta “sociedad” de malvivientes Covid -19.
Las cárceles, se ha dicho, son un sitio en busca de corrección, educación y reinserción en la sociedad (Art. 18º de la Ley Suprema). Son demasiados quienes aprovechando decretos del Poder Ejecutivo en busca de preservarse en el seno familiar, hacen de ello la mejor oportunidad para una fuga.
Los que dicen tener libertades restringidas con dispositivos electrónicos para control, no siempre logran ser los depositarios de la verdadera confianza. La oportunidad del pillaje en cualquier forma fuera de la penitenciaría, está a la vuelta de la esquina.
Cualquiera fuese el prontuario del asesino de María Rosa Daglio, siempre diseñará su derrotero criminal para burlarse de la justicia. Pero duro es advertir que un magistrado que lo dejó en libertad portando su tobillera electrónica, fue la ocasión que usó para matar a una persona de bien, excelente profesional y madre de 4 hijos que hoy la lloran sin consuelo.
Se aferró a su cartera como se aferró a su vida. Ambas le fueron arrebatadas. El delincuente tiene registradas 11 causas por robo en 30 años. Y una muerte tan incomprensible como la benevolencia solidaria de ciertos jueces. “No quiero morir en la cárcel”, confesó el homicida. María Rosa Daglio tampoco quería morir. No debía morir. Amaba la vida (la suya y la de sus semejantes).
“El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes, es castigar al delincuente y proteger al inocente” (Manuel Belgrano).
(*) Especial para ANALISIS
