Por Luis María Serroels (*)
Esta semana se supo del procesamiento acompañado de un embargo por el monto de $850.000 para el periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, dictado por el juez federal Luis Rodríguez. Se trata de una causa por intento de extorsión del empresario Marcelo D’Alessio. El tema está trillado y deviene de “una misma errónea y falaz interpretación que utilizó el juez Ramos Padilla”, según lo señala FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), y del mismo modo se pronunció la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Además, se han efectuado “las denuncias correspondientes a los foros internacionales de defensa de los periodistas y se están analizando nuevas acciones en el plano local”.
La entidad expuso su preocupación y bregó porque en el devenir judicial “prime la sana doctrina que consagra la amplia protección del trabajo periodístico como herramienta de auditoría y de la libertad de prensa como institución indispensable del sistema democrático”.
El propio Santoro –explicó claramente en varias ocasiones—“que su tarea periodística se realizó al margen de las maniobras de D’Alessio que él desconocía”. Va de suyo que se debe rever el procesamiento del periodista, estando sus abogados en la apelación y calificando al fallo como “arbitrario” e “infundado”, constituyendo otro ataque a la libertad de expresión. La causa se inició en 2017 y el magistrado imputó a Santoro recién en 2020.
No es la primera vez que un periodista debe enfrentar una realidad como la que estamos abordando y que caen en situaciones donde se trata de defender verdades y principios inalterables propios de la misión de un periodismo puro y comprometido con la sociedad.
Ningún desafío ni demanda, por más severos e imperiosos que sean, deben hacer perder de vista el compromiso inexcusable de todo periodista que se puede resumir en estas palabras: entrega indeclinable para buscar la verdad, capacidad para saberla trasmitir, sentido ético para alejar todas las tentaciones, honestidad intelectual para no desviar el rumbo y coraje para decir lo que deba decirse y no callar lo que no deba callarse.
La postura adoptada por las entidades comprometidas con la palabra limpia y la verdad, saben cuál es el auténtico camino y a quienes deben aferrarse. Saber establecer la diferencia entre “periodismo” de verdad o lanzarse con falsa valentía hasta embestir las formas que nunca supieron definir con seriedad y respeto.
Lo más censurable –tomado el término en este caso no como el veto ignominioso a la libertad que los intolerantes suelen aplicar desde el Estado, sino como voto de reproche y queja– es que el embate contra la profesión y contra el periodista honesto que reivindica la autenticidad en los brazos de la verdad y condena toda impunidad es lo que alguien pretende atacar. Nadie debe expresar como periodista lo que no pueda sostener como persona de bien.
Cada día los problemas se agravan con la proliferación de los alejados de la ética y del bien decir, incapaces de asumir ese verdadero estado de conciencia indeclinable que impone el ejercicio insobornable del único y verdadero periodismo, tal cual como lo concebimos. Con bolsillos flacos y uñas cortas, donde se encolumnan hombres y mujeres que incorporan como un verdadero servicio esta labor que no deja de ser bella ni fascinante.
James Madison (autor de la Primera Enmienda estadounidense por la que se consagra la libertad de prensa y de expresión) señaló que “un gobierno popular sin información popular o sin los medios para adquirirlas, no es más que un prólogo o una farsa o una tragedia, o ambas. Un pueblo que intenta ser su propio gobernante, debe armarse a sí mismo con el poder que da el conocimiento”.
Y nuestra Corte Suprema de Justicia, en un fallo fundamental señaló que sin el resguardo a la libertad de prensa “existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal” y por ello aunque sea un derecho individual, cuando la Constitución lo consagra “protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica”.
Este caso que se retoma en la justicia y que avasalla los derechos de Daniel Santoro (profesional del diario Clarín), podría sentar una peligrosa jurisprudencia hiriendo derechos superiores que acogen a la libertad de prensa como un imperativo.
(*) Especial para ANALISIS
