Por Luis María Serroels (*)
Más tarde que nunca en tanto se trate de correrle el velo a la corrupción organizada a la sombra de la política más vergonzante, 32 ciudadanos y ciudadanas –entre ellos instalados en el ámbito legislativo provincial o donde mejor puedan guarecerse-, deberán enfrentar a la ley. De contratos “truchos” se habla.
Pericias contables y cuantos elementos válidos estuvieron a disposición del Ministerio Público Fiscal, en una ardua tarea que ahora resultó positiva frente a una causa que tiene características y dificultades que desafían al Poder Judicial.
Todos aquellos hechos contrarios a la ley y que afectan al poder político, el propio poder debe comprometerse en la persecución de los responsables y ubicarlos ante los tribunales.
Se habla de hechos delictivos muy graves por personas operando en banda. Quien leyó el libro de Daniel Enz, “El Nido - Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos”, advertirá que se trató de delitos muy graves.
Las normas que reglan la reserva de identidades, fotografías y otras circunstancias relacionadas con las personas que, eventualmente, deberían intervenir como testigos en el momento del Plenario, deben ser protegidas.
Recordemos que la investigación abarcó el período de una década, de 2008 a 2018, buscándose determinar un desfalco generado al Estado, mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos no precisamente destinados a financiar obras de caridad.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que “encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria (IPP) en lo que refiere a los imputados se efectúe el control correspondiente y remita el caso a juicio, previa realización de la audiencia”. El juicio permitirá de una vez por todas definir quiénes son culpables o inocentes. La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Luego de más de un año de trabajo, los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018. El dato relevante es que esa pesquisa llegó a establecer el monto final del perjuicio ocasionado al Estado que se habría producido: $1.111.871.715. No faltaron quienes se sintieron tentados en convertir tales pesos nacionales a billetes de color verde.
Estamos ante un virtual desfalco mediante maniobras simples que engordaron muchos bolsillos. No pocos ciudadanos han llegado a preguntarse de qué manera se logró mantener oculto el delito en cercanías de despachos de altas autoridades.
Como se ha dicho en medios locales, la investigación cobró mayor notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.
Se está frente a una acción delictuosa que se produce cuando una persona se apropia de algo indebido y cuyos emolumentos iban a destinatarios inexistentes en tanto sus portadores no pertenecían a puesto oficial alguno.
Son importantes las actuaciones del Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes (en calidad de actor civil) en cuya intervención se ocupó de revisar 770 carpetas según informó en diálogo con el programa Cuestión de Fondo (TV-Canal 9 Litoral). Allí se habló de 38.797.544 dólares.
Pero no dejaría de ser interesante identificar a quienes, aun no habiendo participando de las maniobras ilícitas directamente, aportaron con su silencio. No sería improcedente –en caso de serlo revelado por la instrucción- conocer la identidad, categoría y grado de participación de aquellos que colaboraron en tan grave delito, si lo hubo.
En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.
Se indicó que la suma estimada dentro del período investigado asciende a $372.924.249,00. Ese total surge de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa. Se trató de un fraude financiero hasta que la angurria a veces desenfrenada termina en empacho.
El libro mencionado resulta contundente desde donde se lo vea, aguardando que la tarea judicial sea ejemplarizadora.
Resulta inoportuno conjeturar sobre el desenlace de este caso. ¿Qué maniobras pueden urdirse para escabullirse de la ley? Allí entra el brazo de la justicia.
En el Prólogo de su obra, el autor nos dice que “este libro trae la mala noticia de la vigencia en la provincia de los ladrones, pero la buena noticia de que hay tenaces defensores del bien público”.
Luego agrega “conocer la trama fina permite saber dónde se corta la cúpula extractiva y cuáles de las personas que ocupan lugares de poder no forman parte de ella, aunque viendo desde afuera parezca que están demasiado cerca”.
En otros tramos se señala que: “En Entre Ríos, uno podría decir que a todo corrupto o corrupta le llega en su momento la tapa de ANALISIS, esa revista que hace casi 30 años ilumina la provincia”. Este medio periodístico “funciona como una institución de última instancia, que judicializa temas que, si no estuviese, no tomarían estado público”.
“Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”. (Jean de la Bruyere, 1645-1696).
(*) Especial para ANALISIS
