Por Luis María Serroels (*)
Se sostiene que la homogeneidad significa mostrar partes distinguibles en su composición. Compuesto por elementos muy similares o de igual naturaleza. De hecho que no entran a terciar sus valores morales.
“La moral es una convención privada; la decencia una cuestión pública; toda licencia demasiado visible me ha hecho siempre el de una ostentación de mala ley”, nos dice Margarite Yourcenar.
Refresquemos tramos de la política no lejana protagonizada por un kirchnerismo sellado a un poder durante cuatro períodos sólo intermediado por Mauricio Macri pero reinstalado por un entente con muy feas intenciones. Y además aceitadas y preparadas para liberar de sus malas hazañas a Cristina Kirchner. Ese fue el compromiso mutuo de los Fernández por marzo de 2019: ella lo perdonaba de los peores insultos otrora recibidos y él le servía en bandeja nada menos que el poder por interpósita persona.
El mandatario debió vérselas en grande para disfrazarse de estadista real y ella como vicepresidenta preparada para sacarse de encima todo aquello que le molesta del Poder Judicial. Uno no puede dar en el clavo; la otra advierte que la ley no se coloca una venda y la balanza no se vende graciosamente.
Cuando el hoy primer mandatario acordó de suyo lo que vendría luego, ya sabía todo cuanto de delictivo acumulaba la viuda de Kirchner y por lo cual la había desterrado el hoy socio político.
Por estos días un alto ex funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad como asesor económico durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el ingeniero civil Alejandro Javier Mon, dejó al descubierto con pelos y señales la corrupción reinante durante el período en que se desempeñó la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner en arreglo con el contratista de obras Lázaro Báez.
El mecanismo consistía en lograr el pago anticipado de las certificaciones de obras públicas. La investigación permitió advertir graves irregularidades en sociedad nada menos que con la presidenta alterna de la República.
Las actuaciones recaladas en el Tribunal Oral Federal 2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) dan cuenta de que “de 1.300 pagos adelantados que se hicieron para obras viales, el 88% fue para las empresas de Báez a pesar de las irregularidades que tenían las compañías” (el Grupo Austral).
No se debe dejar de lado al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López, el revoleador de bolsos atiborrados de dólares con destino a un convento.
Seguramente la mayoría de los habitantes de nuestro país no logran explicarse las trapisondas que aceitadamente ejecutaron el binomio Báez-Fernández (con conocimiento del dos veces electo presidente Néstor Kirchner)
El ingeniero Mon tiene material suficiente para imputaciones que se relacionan con maniobras “mediante organismos estatales vinculados a la obra pública y se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional”. Casi el 80% de las obras viales se adjudicaron en Santa Cruz. Los acusados son 13 y deberán responder por las 51 obras públicas a cargo de Báez (se trata de los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner).
Ante la revelación de que el presidente Alberto Fernández aspira a una reelección para seguir en la Casa Rosada, nada se comenta sobre qué rol seguirá ejerciendo Cristina Fernández. Para ello deberá salir limpia de la justicia. Claro que además ciertas tortugas del Poder Judicial deberán desentumecerse. Los corruptos de la política siempre hallan una salida para esquivar la ley. En cambio los que roban gallinas, esos sí no se libran del calabozo…
(*) Especial para ANALISIS
