Por Luis María Serroels (*)
¿Es pertinente que un Presidente de la Nación se inmiscuya en las cosas de la justicia cuestionándole un fallo y acusándola de estar frente a “una persecución judicial y mediática”?
Otro brulote salido de la ridiculez y la ignorancia, ha sido comparar a Cristina Fernández con grandes líderes latinoamericanos. Esta sembró de corrupción a su gestión (los investigadores de la justicia valuaron en 5.000 millones de pesos el dinero con el que se quedaron quienes engañaron al país).
Pedir que alguien signada por la política sucia no sea condenada por corrupción, es pasar por encima de las leyes sin respeto alguno y dejar que Lázaro Báez y sus familiares se hagan cargo de cuantas ilicitudes regaron por los confines del sur patagónico donde reinó el matrimonio Kirchner.
Se está frente al mayor desfalco que los argentinos han advertido, con maniobras consistentes en abandonar obras viales que, además, se cobraron por anticipado, por vía de imponer una anulación mediante el indulto precisamente a quien cometió gravísimas faltas contra el Estado y vulnerando la Carta Magna. Es una vergüenza de lesa moralidad, cuanto más si queda limpia para acceder a las urnas y desde allí canalizar los intereses más espurios.
¿Pueden simples y nobles ciudadanos soportar una vulneración de las leyes tan graciosamente? Quien acepta un indulto admite la culpa.
Desde cuándo un grupo de intendentes se siente habilitado para descalificar a los funcionarios que juzgaron –aún sin sentencia- y, peor aún, un Presidente de la Nación se siente legitimado para degradar al Poder Judicial.
Revísese en los archivos la larga ofensa con palabras absolutamente descalificadoras con que se dirigió Alberto Fernández contra Cristina Fernández, situación que terminó años después por necesidad para poder armar la fórmula presidencial en marzo de 2019, aunque por estos tiempos ambos se encargaron de desgastar una relación quebradiza desde diversos puntos.
¿Puede validarse una avalancha frente al domicilio de una persona juzgada, en busca de una modificación que lejos está de prosperar si respetamos nuestra Constitución y las leyes?
Se trata de la maniobra de corrupción más organizada y protagonizada desde el desfalco mayor de que se recuerde. La más grande acción de enriquecimiento ilícito dentro del poder, que la justicia desmenuzó por boca del fiscal Diego Luciani punto por punto y coma por coma.
“Es nuestra responsabilidad como autoridades de esta Seccional el advertir a la sociedad y especialmente a nuestros colegiados que desestimamos esta conducta que en nada beneficia a la paz social y convivencia democrática que tanto nos costó conseguir”, expresaron los integrantes del Colegio de la Abogacía de Concordia preocupados por la embestida contra la justicia.
Si el Presidente Fernández y otras personas “harto leídas” no descartan eventualmente aplicarle a la juzgada el recurso del indulto, es incorrecto porque los Presidentes no están para indultar a nadie. Las adhesiones desembozadamente acercadas por funcionarios oficiales a Cristina Fernández, pese a tratarse de quienes se deben exclusivamente al pueblo, evidencian que conocen muy poco. Agrupar millares y millares de personas tras una mentira para salvarse de las “esposas” carcelarias, sigue siendo una falacia. El abogado y catedrático Daniel Sabsay ya advirtió que el indulto no cabe para delitos de corrupción.
(*) Especial para ANALISIS
