Histórico discurso de Alfonsín en 1985 en Parque Norte.
Por Bernardo Salduna (*)
En su reciente discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa el presidente Javier Milei hizo dos referencias históricas. La primera: “Hace 120 años Argentina tenía uno de los PBI per cápita más altos del mundo”. Ciento veinte años, nos remiten a 1904, culminación del mandato presidencial de Julio Argentino Roca, cenit, por así llamarlo, del esquema alberdiano plasmado en la Constitución de 1853/60. Un modelo exitoso, sí. Liberal, en el buen sentido, pero con mayor protagonismo del Estado del que creen nuestros “libertarios”. En manos de una dirigencia, quizá virtuosa y republicana, pero no precisamente democrática, pues el pueblo aún no elegía libremente a sus gobernantes.
Después, hizo mención el presidente a “cien años de decadencia”, lo cual nos retrotrae a 1924. Cabe pues la pregunta ¿qué ocurrió en esos veinte años de vida argentina, entre 1904 y 1924, para que un país, en apariencia, coronado por el éxito, empezara su abrupta declinación?
Pues bien, lo más importante que registramos de esos tiempos es que, en 1912, se dicta por el Congreso la Ley Sáenz Peña, que establece el voto universal, secreto y obligatorio, a través del padrón militar, aunque limitado sólo a los varones.
En aplicación del mismo son elegidos por primera vez, por votación popular, gobiernos democráticos, representativos Hipólito Yrigoyen en 1916 y Marcelo T. de Alvear en 1922, a la vez que acceden al Congreso diputados y senadores del Partido Socialista y Demoprogresista, a más de otras fuerzas menores.
¿La conclusión casi forzosa. entonces, sería que nuestra “decadencia” empezó con la democracia?
Muchas objeciones cabría formular a tan antojadiza interpretación.
Pero, lo más importante, es que las frías estadísticas la desmienten:
Según datos que tomo del muy interesante libro La Economía Argentina, de Alejandro Bunge: por ejemplo, en 1927, ultimo del gobierno de Marcelo de Alvear y poco antes de asumir el segundo mandato Hipólito Yrigoyen, Argentina está entre los diez países del mundo con más alta renta per cápita. En algunos años, supera a Estados Unidos. No sólo eso: pese a que se habla de “modelo agroexportador”, la mitad de la mercadería de origen industrial de sudamérica se fabrican en nuestro país.
El comercio exterior muestra un saldo favorable de 1.590 millones de dólares, frente a 566 millones de Brasil.
Argentina posee, hacia 1927, 37.800 km de vías férreas y transporta el 60% de sudamérica, Brasil, con mucho más territorio, 30.107. A ello hay que agregar 125.000 automóviles, mientras que Brasil no llega a 50.000.Y 157.400 línea telefónicas, la mitad de América del Sur.
En la década de los años ‘20 llegan al país cerca de un millón de inmigrantes de todo el mundo.
Según un censo, los analfabetos son el 3% de la población nativa, y un 6,6% de los extranjeros.
A todo ello agreguemos: libertad y funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, enseñanza secundaria y terciaria de primer nivel.
Por supuesto que existían problemas, pero no parece ciertamente la Argentina de esos años una sociedad “en decadencia” y, mucho menos, como pareciera sugerirse, causada por la democracia.
Si hemos de manejarnos con mayor rigor científico, pareciera más acertado ubicar nuestro retroceso a partir de 1930: más propiamente a partir del 6 de setiembre, primer golpe militar del siglo 20 que interrumpe más de 80 años de vigencia ininterrumpida del sistema puesto en marcha a partir de la Constitución de 1853.
Muchas son las consecuencias de tal suceso pero, a grandes rasgos, señalemos que la fecha marca el declive de la Argentina institucional y el nacimiento de la Argentina corporativa.
En un sistema político más o menos bien organizado, cada grupo o sector de la sociedad, cada institución o “corporación”, -Fuerzas Armadas, sindicatos, Iglesia, empresarios, universidades- cumple un papel determinado.
El papel de los partidos políticos consiste en articular los intereses de los distintos sectores, a veces contrapuestos, equilibrarlos y procurar subordinarlos al interés general.
Cuando el sistema se desestabiliza o no funciona adecuada y orgánicamente, ocurre que un sector, una corporación, intenta ocupar el lugar del otro, en otras palabras, distorsiona el papel que le corresponde.
En la Argentina posterior a los años ‘30, ese rol de los partidos se debilitó o desdibujó, sea en razón del fraude, la hegemonía política, la proscripción, la inestabilidad institucional, los golpes de Estado.
Anulado o mediatizado el rol de los partidos, los sectores de intereses y corporaciones dejan de lado los mecanismos democráticos y comienzan a actuar directamente sobre el Estado que, de tal manera, se va transformando cada vez más en expresión de sectores y no del conjunto de la sociedad.
Vamos a alguien que explica este proceso con mayor claridad:
“La sociedad se fue transformando en una suma de agregados sociales que acumulaban demandas contra el Estado y se organizaban facciosamente para defender sus intereses particulares. El resultado de esa corporativización creciente fue una sociedad bloqueada y un Estado sobrecargado de presiones particularistas que se expresaba en un reglamentarismo jurídico cada vez más copioso y paralizante, al par que sancionaba sucesivos regímenes de privilegio para distintos grupos, los costos de funcionamiento de esa trama social así organizada sólo podían ser financiados por la inflación, que se transformó, entre nosotros, en la forma perversa de resolución de conflictos”.
“Dadas las características con las que se dio nuestro crecimiento, tenemos a nuestras espaldas bastiones de derechos adquiridos, nichos de privilegio que se fueron sobreagregando a nuestra legislación, haciendo que nuestro estado social no fuera el producto de una universalización de derechos, sino la sumatoria de derechos particulares, que generaban una ineficiencia generalizada. La manera en que se ha organizado entre nosotros la previsión social y el derecho a la salud -dos conquistas fundamentales de la sociedad contemporánea- es un ejemplo palmario de esta dilapidación de recursos humanos y materiales”.
“Un Estado agobiante, una gestión estatal muy concentrada, implica confiar el manejo de la cosa pública a un núcleo burocratizado de la población, que desarrollará como tal, conductas sujetas en mayor medida a sus propios intereses corporativos”.
Es paradójico, pero cuando les mostré a amigos radicales estos párrafos, casi todos creían que se trataba de autoría de algún actual miembro o simpatizante del gobierno “libertario”.
Y no salían de su asombro cuando les conté que eran parte del famoso discurso del Dr. Raúl Alfonsín en Parque Norte en diciembre de 1985.
De todo esto, sacamos como conclusión: puede haber diferencias de enfoque, pero el meollo del problema argentino, esto es el Estado pesado y burocrático, manejado por las corporaciones y “nichos de privilegio”, ya venía advertido desde hace tiempo por buena parte de la dirigencia.
Aunque no se atinara a acertar con los medios para encarar las soluciones.
Algunos de tales temas parecen retomarse en ciertas iniciativas actuales, tal la propuesta de democratización de los sindicatos, que rememora la frustrada “ley Mucci”, de 1984.
O el desmantelamiento de “nichos de corrupción” o ineficiencia enquistados en el Estado u organismos oficiales.
No compartimos en cambio que se equipare las corporaciones con los partidos políticos, cuando estos son, o deben ser, precisamente, la representación del “interés general” fuerza “universalista”, que controle , encauce y limite los intereses de aquellas.
El art. 38 de la Constitución Nacional entiende a los partidos como “instituciones fundamentales del sistema democrático” y obliga al Estado a “contribuir a su sostenimiento”.
Por tanto, si bien resultan auspiciosas las medidas tendientes a “adecentar” el acceso a cargo públicos, por ejemplo a través de lo que se llama “ficha limpia”, no resulta conveniente –además de ser inconstitucional- suprimir, como se pretende, el aporte estatal a las agrupaciones cívicas.
En presencia de un llamado o convocatoria o concertación de un gran pacto, que se pretende “fundacional”, se advierte que puede surgir una más que evidente coincidencia mayoritaria en el objetivo general, esto es, la necesidad de superar la Argentina corporativa y retornar al modelo institucional.
Lo más difícil resultará seguramente encontrar el “cómo”.
A veces, en los grandes contratos toma importancia superlativa la “letra chica”.
(*) Ex vocal del STJ de Entre Ríos.
