Por Lucio Borini (*)
La oposición en el Senado provincial trata, en varios intentos con éxito, con una efímera mayoría, frenar la aprobación de leyes necesarias para el nuevo gobierno y para la provincia. Luego de 20 años ininterrumpidos de gobiernos justicialistas otra alianza de signo diferente está gobernando. El gobernador Rogelio Frigerio ganó las elecciones prometiendo sacar nuevamente la provincia adelante, una provincia que no hace mucho era de las primeras en el país y hoy, después de esos 20 años, hemos perdido muchas posiciones y calidad de vida.
Como símbolo del éxito de esos 20 años podemos resaltar que todos los gobernadores fueron originarios de Concordia y lograron que esa ciudad llegue a capital nacional de la pobreza. Esto como símbolo de sus políticas y evita la necesidad de explayarnos en un análisis mayor de las mismas y de los objetivos en los que evidentemente no estaba el progreso.
Hoy en la dinámica del gobierno, con los apremios en la realidad social y económica de la provincia y financiera de la administración, el gobernador Frigerio trata de obtener leyes que permitan ir cumpliendo con sus promesas electorales y con el único fin, cual es el bienestar de los entrerrianos. Pero si de símbolos se trata, el freno que la oposición peronista está poniendo en diferentes proyectos legislativos que ya cuentan con aprobación de Diputados, es otro muy claro y evidencia la irresponsabilidad política de la oposición que con esa efímera mayoría logra trabar con fundamentos caprichosos leyes claves para el futuro de la provincia.
La ley de adhesión al RIGI fue posible por la ausencia de un senador, desgraciadamente por problemas de salud, de lo contrario la oposición hubiera insistido con éxito en la traba a la mencionada adhesión. La ley aprobada es fundamental para lograr inversiones en nuestra provincia. Tenemos la mejor posición estratégica en Mercosur, ríos, puertos, carreteras (todo por mejorar). Durante décadas Entre Ríos dejo de ser una provincia de inversiones perdiendo posiciones en la tabla nacional.
La adhesión a la mencionada ley es fundamental para potenciar nuestras ventajas competitivas y nos pone en este aspecto en igualdad de condiciones con otras provincias que la han aprobado.
No hay que confundirse respecto de la misma, los beneficios a los que se refiere la ley son impositivos, universales y objetivos, no son para “amigos” como las autorizaciones de importación con dólares subsidiados. Son para empresas que invierten más de 200 millones de dólares, es decir a empresas nacionales o extranjeras “que la ponen”. Entonces debemos dar seguridad de que las condiciones analizadas por las empresas para definir una inversión no le sean cambiadas en el futuro como ya ha pasado. La presión impositiva es definitiva, como así también la disponibilidad de sus beneficios. Estamos tan acostumbrados a que se regule y “autorice o prohíba” tal o cual actividad empresarial que llama la atención a la oposición que se permita disponer de la propiedad libremente respecto a los dividendos o que se pacte un status impositivo a largo plazo.
La razón fundamental de estas leyes es evitar lo que ya pasó en el país y en la provincia. Gobiernos que privatizaban y promovían inversiones y luego llegaban “los buenos” y les imponían trabas o impuestos imposibles o las requisaban (Epeer-Edeersa-Enersa, YPF, Aguas Argentinas-Aguas de Francia, Aysa, etc).
La confianza a los inversionistas en otras partes del mundo se da por el cumplimiento liso y llano de las reglas de juego. Aquí la confianza la debemos dar con leyes muy precisas que impidan que en el futuro, más próximo que lejano, se las cambien gobiernos estatistas-populistas, o les impongan cargas extras con impuestos o incluso expropiando o requisando, dejándolas de cualquier manera fuera de carrera por costos adicionales en la producción de bienes.
Sectores productivos de la provincia se manifestaron claramente en apoyo de la ley RIGI y su par provincial RINI. Han requerido expresamente su aprobación para poder programar inversiones de una importancia mayor a las que estamos acostumbrados. Tal vez los senadores del partido de oposición prefieran las políticas lamentables como las del gobernador de la provincia de Buenos Aires de rechazo de inversiones o pretenden que las inversiones las realice el estado entrerriano en empresas como el laboratorio de medicamentos impulsado por el exgobernador Gustavo Bordet.
¿Cuánto costará desprendernos de trabas mezquinas y políticas equivocadas que a pesar de sus fracasos pretenden que sigan vigentes?
(*) Exdiputado provincial de la UCD
