Garzón y las tramoyas del poder
Guillermo Alberto Alfieri
La oportunidad de la carga la encontraron el sindicato de funcionarios judiciales Manos Limpias y la Falange Española en la determinación de Garzón de investigar hechos del terrorismo de Estado en los 40 años de la subversión y tiranía del franquismo, desde 1936 hasta 1975.
En la decisión Garzón se basó en el derecho Internacional que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben y en las normas que ordenan localizar e identificar a personas desaparecidas, cuyos cuerpos fueron arrojados a fosas comunes.
Los denunciantes entienden que el juez se excedió en sus facultades y por su exclusiva cuenta ignoró la ley de amnistía sancionada en 1977. En el trámite, los folios acumulados desembarcaron en el despacho del doctor Luciano Varela, miembro del Tribunal Supremo de España, que dictó la resolución que pone a Garzón en la cornisa del proceso, con la pertinente suspensión provisoria.
Desde su alta investidura, Varela señala que:
-El franquismo incurrió en “horrendos crímenes” pero, a su vez, el denunciado “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador” que en las “Cortes (Parlamento) democráticas” dispuso aquella amnistía que Garzón con su “voluntad” desconoce.
Con ese criterio no se trata de un problema de interpretación de la diversidad de la biblioteca que consulta, sino del prevaricato punible, generador de la paradoja que domina la escena cuando un juez es juzgado por orillar un perdón tejido en la trama de la transición política que sucedió al final de la extensa agonía del generalísimo dictador.
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