Sublevado

Federico Malvasio

Fernando Gabriel Maschio fue oficial inspector de la Policía de Entre Ríos. Ya no lo es. Pero su preocupación por las irregularidades de la fuerza lo tiene desde hace seis años recorriendo medios de comunicación y oficinas oficiales. Nadie lo escucha, y lo que tiene para contar es sumamente preocupante. Los papeles avalan lo que dice.

En marzo de1995, después de haberse presentado a todos los exámenes y estudios que requiere la Policía y de rendir las pruebas físicas, intelectuales y psicológicas, Maschio ingresó a la Escuela de Oficiales Doctor Salvador Macia como aspirante a cadete de primer año.

Tras cursar los tres años exigidos por la institución policial, egresó del instituto de formación superior con los honores inherentes al segundo promedio de la promoción. Se había destacado en todas las áreas. El destino fue la Jefatura Departamental Concordia, su ciudad natal, donde se desempeñó como oficial en distintas delegaciones. En su legajo no se encuentra una calificación inferior a los 93 puntos.

El destacado oficial ejerció durante casi 10 años. Por septiembre de 2004, debido a problemas familiares (se separó de su mujer) pidió licencia por enfermedad. Maschio estaba muy desganado y no se sentía en condiciones de prestar un servicio acorde a las exigencias. Luego de haber pedido 15 días de licencia por estado depresivo, fue derivado a la Junta Médica Superior, en donde lo examinaron y decretaron su estado: “Inepto total y permanente para el cumplimiento del servicio”.

Insólito. El oficial se enteró en ese momento, a raíz del legajo de la Junta Médica, que nueve años antes había ingresado a la Escuela de Policía calificado como “no apto”. Se llevó una sorpresa, ya que recordaba que uno de los requisitos para convertirse en oficial era precisamente presentar un certificado psicológico, y el que había llevado no declaraba ningún tipo de “alteración mental”. Esa sorpresa pronto se convertiría en sospecha.

El estudio psicológico sólo puede ser realizado por el organismo oficial. Esto es: el requerimiento no puede ser hecho por un profesional privado. El examen finalmente fue expedido del Hospital Felipe Heras de Concordia. El Estado solicitó un estudio a otra de sus áreas dependientes -en este caso el hospital-, el cual fue aceptado sin objeciones.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)