Detrás de cámara, nada
F.M.
(Especial para ANÁLISIS)
Todos contra el fiscal Juan Sebastián Blanc. Esa fue la consigna del Poder Ejecutivo entrerriano el lunes 1º de abril por la noche, luego de que el panel del programa ultraoficialista 6,7,8 que se emite por Canal 7 abordara el caso de la balacera ocurrida en la ciudad colonense de Villa Elisa, cuyo blanco fue un vehículo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que trasladaba a cuatro agentes del organismo. Uno de los panelistas invitados era el miembro del grupo Justicia Legítima, Félix Crous, quien también se desempeña como titular de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (Procunar). El funcionario cargó contra el proceder de la Justicia de Entre Ríos e hizo mención al juicio por la cocina de cocaína que se está desarrollando por estos días. “Algo pasa en la Mesopotamia”, apuntó. Y trazó un paralelismo entre ese caso, que lleva adelante la Justicia Federal, y la balacera que se investiga en la jurisdicción provincial, que tiene como principal sospechoso a un productor, y a un fiscal acusado de mal desempeño por haberlo liberado.
Lo visto en la pantalla era, en definitiva, un cuestionamiento a dos sectores que hoy están en la mira del gobierno nacional: el campo y la Justicia. El gobernador Sergio Urribarri se comunicó con el programa y aclaró algunos tantos. “Hay un Poder Judicial que actúa no como todos quisiéramos [...] nosotros no coincidimos, pero es otro poder”, se despachó el mandatario para la tribuna nacional. Y enseguida volvió a referirse al hecho puntual de la agresión a los miembros del organismo recaudador: “Fue la Policía de Entre Ríos la que pudo contar con pruebas para determinar el lugar donde estaban las armas”, dijo. La fuerza depende del Ministerio de Gobierno. Los dichos eran, esta vez, para la tribuna local.
Una hora después de haber finalizado el ciclo del canal estatal, llegó a las redacciones un comunicado oficial dando la noticia de que el presidente del bloque de diputados del oficialismo, Juan Navarro, pediría un juicio político al fiscal actuante por haber liberado al único sospechoso de ser autor de los disparos contra los agentes de la AFIP. Una decisión apresurada y vacía de argumentos, pero ante todo, errónea.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 11 de abril de 2013)
