La vocal que siempre quiere más poder

La vocal del STJ, Susana Medina es una mujer del poder. Siempre tuvo claro su objetivo político y judicial, desde el mismo momento en que se sumó como fiscal a la justicia entrerriana, en 1989, en el primer gobierno de Jorge Busti. Medina quiso ser jueza y lo logró; quiso ser vocal del alto cuerpo y también lo consiguió. Ahora quiere ser ministra de la Corte Suprema de Milei. Y está decidida a no ceder en su plan. Sin importar demasiado los métodos o las consecuencias.

Daniel Enz

Susana Medina siempre jugó las fichas del poder como si fuera un tablero de ajedrez. Sabe cómo moverse por izquierda, por el centro y también por derecha. Lo hizo una y otra vez, sin importar el qué dirán. Y lo vuelve a hacer, cuantas veces sea necesario, sin beneficio de inventario. Sabe que nadie o casi nadie, se lo va a reclamar, por temor a alguna represalia por su espíritu revanchista de toda una vida. Del ojo por ojo y diente por diente, por más que hayan pasado cinco, diez o 20 años.

Hija de un suboficial retirado del Ejército Argentino, esposa de un exalto oficial médico retirado de la misma fuerza (denunciado por no muy claros episodios en el Hospital Militar en la última dictadura) y amiga personal de una agente civil de Inteligencia del criminal Batallón 601 ya fallecida, buena parte de su exitosa historia político-judicial se lo debe al bustismo, que históricamente tuvo posición contraria a los hombres y mujeres con los que convivía Medina en sus inicios profesionales.

Se recibió de abogada a fines de 1978, se matriculó en 1979 en el Colegio de Abogados de Entre Ríos y durante 1980 y 1981 se fue a vivir a Capital Federal con su marido, el médico y oficial del Ejército Argentino, Ricardo Rizzo, quien hasta entonces venía cumpliendo funciones en el Hospital Militar de Paraná, desde tiempos de la última dictadura.

Medina dijo -cuando declaró ante el Senado entrerriano para ser nombrada vocal del Superior Tribunal de Justicia- que trabajó con el penalista Elías Neuman, que ahí escuchó por primera vez las palabras “derechos humanos” y que siendo muy joven (tenía 25 años) los “sábados y domingos visitaba los detenidos en Devoto y Caseros”. Pero nunca nombró a preso alguno. “Mi marido se quedaba en la puerta de Devoto o de Caseros, leyendo el diario La Nación y fumando su pipa, mientras yo estaba dos o tres horas visitando a los presos”, acotó Medina ante los senadores, en la audiencia del 24 de agosto de 2004. “En las requisas en esas cárceles te revisaban la cartera, el cuerpo, te hacían desnudar. Eran indignas las requisas”, dijo a la revista Sophia en 2016. No obstante, en el padrón del Colegio de Abogados de Buenos Aires no hay registro alguno de que haya estado matriculada en algún momento de la vida.

Su marido, Rizzo, tenía 34 años en 1980. Era el mismo médico traumatólogo que, con rango militar, no desconocía de los detenidos políticos que ingresaban golpeados, torturados o gravemente heridos en el Hospital Militar de Paraná, entre 1976 y 1978, fundamentalmente. Aunque siempre negó tal aseveración e incluso lo que dijeron exsoldados ante la Justicia Federal. Pero Medina nunca habló de ello. Prefirió hablar de los otros.

El matrimonio Rizzo-Medina volvió a Paraná en 1982. Rizzo retomó su tarea en los ámbitos privados en los que estaba y también en el Hospital Militar. La abogada se dedicó a cuidar a sus hijas, nacidas con escasa diferencia entre una y otra y no concretó ninguna actividad privada. Con la llegada de Raúl Alfonsín y Sergio Montiel, en diciembre de 1983, nunca se acercó a los detenidos políticos entrerrianos, ni a las agrupaciones de derechos humanos. Sucede que todos conocían en Paraná la historia de su marido militar y eso era suficiente. Pero está claro que Susana Medina nunca hizo el intento -en función de su aparente experiencia en Buenos Aires.

Fue designada abogada de la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), porque en esos días, el dirigente Omar Duerto era delegado de la obra social y jugaba al fútbol en Atlético Paraná, el club donde el esposo de la abogada, el médico militar Ricardo Rizzo, era directivo. Rizzo, además, logró que Duerto comenzara a trabajar en la Clínica Modelo, que era considerada una de las más importantes de la capital provincial y de la región. A su vez, durante unos pocos meses, Susana Medina colaboró en el estudio notarial-jurídico de la familia radical Rodríguez Vagaría. No obstante, cuando apareció la UCedé, de la mano del capitán ingeniero Alvaro Alsogaray, Susana Medina no dudó en transformarse en dirigente de esa agrupación, precisamente por su posición y formación de derecha. Era una de las primeras que llegaba al local que tenían en calle San Juan y quien gestionaba las pocas notas en los medios y hasta llevaba personalmente las gacetillas de prensa a los periodistas.

Medina de Rizzo era además una seguidora del exobispo castrense y arzobispo de Paraná, monseñor Adolfo Tortolo y amiga personal del cura Hernán Quijano, durante años capellán de la Policía de Entre Ríos, con el grado de comisario mayor. Como no podía ser de otra manera se constituyó en una fiel representante del Opus Dei en Paraná. De hecho, cada vez que uno ingresaba en su despacho, la primera fotografía encuadrada que se encontraba en la pared era la de Jose María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Medina de Rizzo siempre se mostró cercana a monseñor Estanislao Esteban Karlic y lo propio hizo con los obispos que lo fueron sucediendo, como Mario Maulión o el actual Juan Alberto Puíggari.

No obstante, su momento de esplendor comenzó a darse con la llegada de Jorge Busti al gobierno, a partir de diciembre de 1987. Ya en ese tiempo, Medina había logrado una relación de amistad importante con el entonces fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy, a quien conocía de tiempos de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral. Y fue en mayo de 1989 que Barrandeguy le ofreció el cargo de agente y fiscal y asumió en el cargo el 3 de julio de ese año, un día antes de su cumpleaños. Su primer caso resonante fue el crimen cometido por Ricardo Chicharra Rosembrock, quien mató de un balazo en la cabeza a la joven Ursula Sueldo, que apenas tenía 16 años, a quien violó una vez asesinada en la bañadera de su departamento céntrico y enterró en un descampado poco después. Fue en ese marco que conoció al entonces ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Hernán Darío Orduna. Es más: ambos coincidieron en el operativo judicial y policial donde apareció el cuerpo de la joven, que había sido desenterrado por un perro de la zona. Orduna era el hombre fuerte del gobierno bustista y su opinión siempre tuvo fuerte incidencia. Se conocían con Busti desde fines de los ’60, cuando ambos estudiaban en Córdoba e incluso fue testigo del casamiento del exmandatario con Cristina Cremer.

Esa buena relación con Orduna y también con la nombrada subsecretaria de Derechos Humanos, Mónica Zunilda Torres, hizo que en el Ministerio de Gobierno se pensara, se diseñara y se pusiera en marcha lo que se denominó “La justicia va a los barrios”, aunque Medina de Rizzo siempre se ufanó de ser la autora de todo el programa de llegada a los sectores más carenciados de Paraná.

Cuando secuestraron y asesinaron en junio de 1990 al escribano Rubén Calero y se produjo una conmoción en el gobierno entrerriano -por las relaciones de poder que tenía el notario y las vinculaciones con el crimen de varios referentes de la tercera línea del peronismo-, Susana Medina tuvo un rol clave como fiscal de la causa, junto al juez Héctor Vilarrodona, que tenía el despacho a escasos metros de la fiscal. Esa tarea “siempre destacada” en la Gobernación o en Gobierno hizo que Medina fuera ascendida a jueza de Instrucción el 19 de julio de 1991. Estaba claro que la fórmula Mario Moine-Hernán Orduna sería la que gobernaría desde diciembre de ese año y nadie iba a objetar las designaciones como jueces de Medina ni de Héctor Eduardo Toloy, quien había sido funcionario del intendente Juan Carlos Esparza en 1973 y asesor del bloque de senadores del PJ en el gobierno bustista.

En forma paralela, Medina seguía como docente de la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, donde permaneció hasta 1992. Renunció el día en que dictó el procesamiento del entonces titular de la fuerza, el inspector general (R) Eloy Fernando Heinze, quien se desempeñó como primer jefe de la gestión de Mario Moine. Siempre quedó claro que el procesamiento había sido una clara orden del bustismo -a quien respondía la jueza en esos tiempos- para afectarlo a Moine, quien había asumido el 10 de diciembre de 1991. Moine nunca le perdonó a Medina esa decisión de procesarlo a Heinze, con quien tenía una buena relación.

La jueza Medina nunca se destacó demasiado por la contundencia de sus resoluciones, ya sea como fiscal o jueza de Instrucción, pero siempre fue una buena operadora judicial, dispuesta a ir generando contactos en diferentes gobiernos, ya sea en la provincia como en la Nación. Era sin dudas su principal virtud. Era capaz de llamar 100 veces a un gobernador o un ministro para pedirle tal o cual cosa para el juzgado, la entidad donde se encontraba, la Iglesia o la escuela barrial. Y nunca soportó que le dijeran que no. Si eso ocurría, había que atenerse a las consecuencias.

El caso de las 27.300 cajas alimentos (que se pagaron desde el Estado entrerriano, pero nunca se recibieron, al igual que otras partidas similares, en tiempos del primer gobierno de Jorge Busti) estaba en el Juzgado de Susana Medina de Rizzo. Los diputados implicados en el affaire quedaron preocupados con el tenor de las preguntas que le fueron haciendo en Tribunales, a aquellos que habían terminado el mandato y no disponían de fueros. Del otro lado del escritorio, a la hora de las preguntas, siempre estuvo la misma empleada judicial: Mónica Torres, la exfuncionaria de Derechos Humanos de Busti, quien había retornado a su lugar de trabajo en la Justicia tras su paso por la función pública y había sido solicitada especialmente por Susana Medina para trabajar con ella. Torres olfateaba perfectamente los movimientos de poder y era consciente de las ambiciones de Medina y hasta dónde podía llegar. Y Medina pensaba lo mismo de Torres. Por eso fue que se unieron para trabajar juntos en el Poder Judicial.

Por esos días nadie del peronismo quería hablar de su pasado de informante reservado del Batallón 601 -en tiempos de la última dictadura- y menos reconocerlo. Pocos le perdonaron ese error a Busti y en especial a Hernán Orduna, que fue quien la hizo nombrar al frente del área de Derechos Humanos de la provincia. Su rol de espionaje fue determinante en los días previos al secuestro y asesinato de los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, tras su paso por Paraná, en mayo de 1983, ante de que fueran ejecutados poco después, en proximidades de Rosario. En el 2011 se pudo comprobar oficialmente que Mónica Torres fue personal civil de Inteligencia, dependiendo del Ejército Argentino, entre 1976 y 1983. En ese listado, donde había varios conocidos entrerrianos, estaba también Fernando Di Pasquo, primo hermano de Orduna. El Vasco se enteró por el mismo listado, aunque siempre tuvo dudas sobre sus relaciones con sectores castrenses. Cuando Orduna quedó en libertad en el ’83, salió de Sierra Chica y debía encontrarse con su madre Clorinda Otaegui en Capital Federal. Quien se ofreció para llevarla hasta Buenos Aires fue Di Pasquo. El concordiense fue fiscal de esa ciudad y antes había sido director de Planificación de la segunda gobernación bustista.

Medina nunca dijo una palabra sobre el rol de Inteligencia que había tenido Mónica Torres. Tampoco habló jamás de la acusación a su marido ante la Justicia Federal, de parte de soldados del Ejército Argentino, dependientes del Hospital Militar de Paraná, cuando recibía, junto a otros profesionales, a detenidos políticos acribillados o torturados por la dictadura, a partir de marzo de 1976, en el mencionado nosocomio militar. Pero bien que se encargó de que jamás existiera imputación alguna en la justicia, contra el médico militar Rizzo. Sólo hizo una declaración “informativa” ante el juez federal Gustavo Zonis, cuyo hermano Bernardo, en ese mismo tiempo de la comparecencia, era funcionario del STJ.

 Nueva etapa, nueva vida

 Medina trató de bajar el perfil de jueza durante la segunda administración de Sergio Montiel (1999/2003). Avanzó sobre algunos hechos irregulares denunciados por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que conducía Oscar Rovira, pero también archivó otros, ya sean contra el bustismo o bien contra funcionarios montielistas. Sabía que el retorno de Jorge Busti, en su tercer mandato, podía volver a cambiar su vida. Y así ocurrió a partir de diciembre de 2003. Fue a fines de junio de 2004 en que Busti propuso a Medina de Rizzo y a la fiscal Leonor Pañeda para integrar el Superior Tribunal de Justicia. “Se trata de dos profesionales reconocidas por su trayectoria en el Poder Judicial –aseguró Busti- y creemos que le vamos a poner el toque femenino fundamental a un cuerpo colegiado como es el STJ. Es una manera de respetar el Poder Judicial porque son dos personas totalmente independientes y muy respetadas tanto en la sociedad entrerriana como en el ámbito judicial”, acotó, con el aval del entonces secretario de Seguridad y Justicia, José Carlos Halle. La idea de Busti tuvo el cuestionamiento del Colegio de Abogados de Entre Ríos (que presidía Luis María Campos), quienes argumentaron que “no acreditan una sólida trayectoria en el fuero en que se desempeñarán” (Laboral y Civil) e indicaron que las magistradas “no satisfacen ni los pedidos que se venían efectuando, ni las expectativas que se tenían al respecto”.

Medina no tuvo mayores problemas para sortear la audiencia pública. Se sabía casi de memoria las respuestas a las preguntas de los senadores, habló de su rol en la dictadura en Buenos Aires pero nadie se animó a preguntarle sobre las actividades de su marido en el Hospital Militar. La aún jueza presentó avales de abogados conocidos (Rosario Romero, Raúl Barrandeguy o el propio Elías Neuman), una carta de Atlético Paraná, del Arzobispado (firmada por el cura Quijano), de sus empleados en el Juzgado y hasta de militantes del PJ. Varias de las notas firmadas eran formularios fotocopiados, que decían lo mismo, donde las personas ponían su nombre, DNI y las firmas. También había una nota rubricada por Elvio Bordet (que llegó a ser jefe de su marido en la Caja de Jubilaciones), de Institutos Policiales donde era docente o de la dirigente Nilda Garré. Estaba claro que hubo una tarea organizada para reunir firmas de apoyo a su figura, aunque la mayoría de ellas sin demasiada trascendencia pública.

Medina asumió como vocal y fue construyendo poder lentamente en los últimos 20 años. Se ocupó más por instalar su imagen en Capital Federal que en Entre Ríos, buscando el reconocimiento nacional. En Paraná o en la provincia casi nunca fue convocada a disertar en entidades y nunca se hizo demasiado problema.

De hecho, a pocos sorprendió en el ambiente judicial y político los movimientos casi desesperados de la vocal Susana Medina de Rizzo por lograr un lugar en la Corte Suprema de Justicia de Javier Milei cuando algún medio dejó trascender su nombre. En realidad, ese puesto viene siendo casi una obsesión para la magistrada, desde hace ya varios años y por lo cual, en los últimos tiempos, la vocal del Superior Tribunal de Justicia ha sido lo más parecido a una mujer itinerante en su cargo.

Medina había logrado insertarse en ámbitos nacionales precisamente por su amistad con la exministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, ya fallecida. Y ella siempre entendió que era su “sucesora”, aunque estaba claro que nadie nunca se lo creyó ni lo entendió de esa manera, precisamente por las limitaciones de la jueza paranaense.

Medina de Rizzo espera ahora la bendición de Javier Milei, pese a que ya tiene el aval de su hermana. Siente que está preparada para llegar a la Corte Suprema, aunque para muchos, quizás demasiados, consideren que todo está en el imaginario de la jueza. Quizás no sepan de sus reuniones en Buenos Aires con encumbrados empresarios, miembros de la Iglesia, gobernadores, el Congreso de la Nación, funcionarios de la Casa Rosada o de su intensa recorrida por las más importantes embajadas extranjeras con sede en el país, en especial la de Estados Unidos, pidiendo a todos la bendición. Sabe también que es parte de un plan C en la estrategia del gobierno nacional, pero no va a ceder un milímetro. Seguirá haciendo lo mismo que viene desarrollando hace más de 25 años. No le importará el qué dirán en su contra, pero anotará a cada uno de ellos. Por eso del ojo por ojo, diente por diente.

 Movimientos poco claros

 ---Susana Medina se puso a jugar la interna de la Asociación de Magistrados en julio de 2022. El día de las elecciones so pretexto de la inauguración del Laboratorio de Osteología Forense e Identificación Humana propició la presencia de los Jueces de Paz de la provincia en la ciudad de Paraná, permitiendo que sus adeptos pudieran votar aprovechando la ocasión.

--- En igual contexto, el marco de las elecciones 2022 de la Asociación de Magistrados, como herramienta de política electoral, Medina dispuso crear un cargo de escribiente para los Juzgados de Paz de la provincia, quienes titularizaron sin concurso, permitiendo la designación discrecional. El nepotismo se hizo presente avalando las designaciones de familiares de los jueces, en jurisdicciones diferentes para disimular, los cuales en muchos de los casos, carecían de capacitación alguna.  Se comentaba que algunos magistrados recibieron el llamado de Medina para atender las postulaciones. Hubo incluso un pedido de informes sobre las designaciones del STJ en Juzgados de Paz para dicha fecha, con los datos filiatorios de los mismos. Salud Ocupacional del STJ nunca trabajó tanto en designaciones nuevas como en la Presidencia de Medina.

---Dispusieron la suspensión del juez Marcelo Baridón en su cargo, por una causa judicial en su contra, pese a la carencia de facultades del STJ. La función disciplinaria es competencia constitucional del Jurado de Enjuiciamiento. Medina no hizo otra cosa que querer demostrar poder, rechazando el pedido de licencia presentada por el mismo magistrado. A la vez, el 20 de septiembre de 2023 designó al doctor Simón, secretario de superintendencia Nº 2 del STJ, como vocal suplente de Baridón en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná. Simón es un alfil propio de Medina y fue quien llevo a cargo el sumario reservado contra la jueza de Familia Josefina Etienot.

--Ese mismo día de septiembre Medina decidió denunciar a Etienot ante el Jurado de Enjuiciamiento y disponer su ilegal suspensión. En una semana Medina se llevó puestos dos jueces constitucionales.

--En octubre, Medina designó a la esposa de uno de los abogados de Pedro Báez (José Velázquez) a cargo del Juzgado de Familia de Diamante del cual fue suspendida Etienot. La doctora Ramírez era vicepresidente del Copnaf en la última administración de Gustavo Bordet.

--Medina hacía llamar a la Dra. Yanina Yzet – por entonces a cargo de la Oficina de Género – para que pidiera explicaciones por decisiones que afectaban a sus conocidos. En reuniones de jueces se hablaba constantemente de estas presiones.

--Aprovechando su influencia como presidente del STJ, Medina en persona gestionó la internación de una familia de conocidos suyos en el Hospital Fidanza. La gente de IPRODI, encabezada por entonces de Ines Artusi y Carina Gallizzi (letrada del Equipo de Salud Mental de la Defensoría Pública), fueron muy presionadas por estos casos.

--En la Presidencia de Medina se hizo una Acordada que dispuso eximir a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del STJ de realizar los Informes de seguimientos de los planes de acción establecidos en las causas de violencia de género, responsabilidad que expresamente les impuso el legislador en la Ley Procesal de Familia, como política de recursos humanos para el reclamo al Poder Ejecutivo de más cargos para la Justicia. El Ministerio de la Defensa y algunos magistrados plantearon su negativa a la decisión, más en los lugares que las municipalidades o comunas no tienen equipos técnicos interdisciplinarios para dar su opinión sobre la situación de riesgo y si debían continuar o cesar las medidas dispuestas.

--Fue sorprendente la presencia de Medina en el Bunker de Javier Milei el día que ganó la elección a Presidente. La Constitución Provincial, en su artículo 196 dice: “Los magistrados y funcionarios judiciales no podrán formar parte de corporación o centro político, inmiscuirse, en grado o en forma alguna, en actividades políticas, ni ejercer su profesión en ningún foro ni ante ningún tribunal. La violación de estas normas implicará una falta grave a los efectos de su enjuiciamiento en la forma prevista en esta Constitución”. Pero nada de ello ocurrió.

(Nota publicada en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1156, del día 21 de noviembre de 2024)