Se trata de Nicolás Mayoraz y Natalia Armas, integrantes de la lista que encabezó Amalia Granata en 2019.
Con la discusión por la legalización del aborto fuera de todas las agendas legislativas en estos días de pandemia, los representantes de fuerzas políticas "celestes" como Somos Vida y Familia habían perdido protagonismo en la escena política. La situación cambió por completo cuando el abogado Emiliano Pereira denunció a dos de referentes de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Pereira, de 31 años, figuró como asesor de la legisladora Natalia Armas entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Ahora asegura haber sido presionado para entregar un retorno de $60 mil al diputado Nicolás Mayoraz. Según relata el denunciante, había arreglado inicialmente un sueldo de $50 mil pero en el recibo de sueldo de enero percibió $110 mil. En ese momento, uno de sus jefes le habría solicitado una devolución del dinero excedente para quedárselo.
La maniobra es tan antigua como conocida en la política argentina, aunque pocas veces fue expuesta públicamente. Y, en este caso, estuvo combinada también con otra práctica habitual de los funcionarios de nuestro país: el nepotismo. Si bien Pereira trabajó para Mayoraz, aparecía en los papeles como empleado de Natalia Armas, su compañera de bancada. Armas tenía en realidad a su hermano como colaborador pero habría elegido no llamar la atención con la aparición del mismo apellido en la nómina de asesores.
Ante la acusación judicial que ahora enfrenta, Nicolás Mayoraz sostiene que detrás de la denuncia hay "un ataque político". En diálogo con TN.com.ar, sostuvo que "es un disparate" y que "nunca se le pidió nada a nadie".
Con más de 300 mil votos, la lista celeste Somos Vida obtuvo seis lugares en las elecciones de 2019. Estaba encabezada por la mediática Amalia Granata y su aliada Betina Florito, además de los evangelistas Walter Ghione y Juan Domingo Argañaraz y los mencionados católicos Mayoraz y Armas.
