La convocatoria es a concentrarse en Santa Elena el domingo 25 a las 17 horas “por la libertad de expresión y la propiedad privada” y también “contra las usurpaciones”.
Conocida la decisión del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, de rechazar el pedido de desalojo del campo “Casa Nueva” que había realizado la familia Etchevehere, productores y entidades del agro convocaron a un bocinazo y banderazo federal bajo el lema “Fuera Grabois”.
Por las redes sociales, la invitación es a concentrarse en Santa Elena el domingo 25 a las 17 horas “por la libertad de expresión y la propiedad privada” y también “contra las usurpaciones”. 
El descontento creció tras la determinación judicial que dispuso una restricción de acercamiento al ex ministro Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos –Juan Diego y Arturo Sebastián– y su madre Leonor Barbero Marcial, quienes no podrán acceder al casco de la estancia “Casa Nueva” por el plazo de 30 días.
La medida fue adoptada tras el pedido de la fiscal auxiliar María Constanza Bessa, quien pasado el mediodía del viernes presentó un escrito solicitando las medidas restrictivas, basándose en nuevos hechos denunciados por Dolores Etchevehere en jurisdicción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) bajo el patrocinio de su abogada Daniela Guadalupe Verón. En la denuncia señalaron una presunta extorsión en el marco de violencia de género.
Tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos, el magistrado dispuso el “cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona”.
Mientras continúa todas las noches durmiendo en su camioneta en la puerta de su establecimiento rural, junto a un grupo de productores, el ex ministro Luis Miguel Etchevehere, sostuvo hoy en declaraciones radiales: “El juez Flores pidió disculpas y dijo que no tiene conocimiento técnico en derecho penal, por eso en vez de dictar el desalojo del lugar, recomendó tener una reunión y que nos reconciliemos; es casi un consejo de un pastor”.
Y agregó: "Quedó más que demostrado que no es un conflicto familiar. Hace dos años que Dolores no es socia y que sea nuestra hermana es un agravante porque es un abuso de confianza. Entraron al bien con intimidación. Además, el gobierno avala la toma de tierras, donde se está dando vuelta la lógica de la Constitución nacional y de los valores de la Argentina”.
Por otro lado, volvió a apuntar contra el dirigente social, Juan Grabois: "Preside una asociación ilícita para la toma de tierras gracias al silencio cómplice de varios funcionarios nacionales. Esto es un negocio de Grabois que presta una infraestructura para usurpar propiedades a cambio del 40%. Encontraron un relato que puede confundir, marear y generar dudas”, pero aseguró que un “título de propiedad mata relato”, señaló
Todo esto derivó en que anoche los productores decidieron movilizarse una vez más a la localidad entrerriana de Santa Elena. Se realizará mañana a las 17hs un “Banderazo Federal". También la convocatoria es a nivel nacional para que todos aquellos productores y ciudadanos que no puedan acercarse a la provincia, se movilicen en las plazas de sus ciudades y localidades.
Además, la Mesa de Enlace de Entre Ríos se declaró en estado de “alerta y movilización”. En un comunicado manifestaron: “Seguimos con profunda intranquilidad los episodios con epicentro en la zona rural del Departamento La Paz, donde se pone en un segundo plazo la seguridad jurídica y ha quedado evidenciada la vulneración del derecho a la propiedad”.
Por otra parte, la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) solicitó ayer una audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
“Desde nuestra institución se continúa trabajando junto a las confederaciones y Sociedades Rurales de base para esclarecer los delitos que han venido sucediendo a lo largo y ancho del país y hemos venido mostrando durante todo el año. De esta manera, ahora aguardamos una respuesta afirmativa de Sabina Frederic y Eduardo De Pedro, para poder avanzar en esta temática que tanto preocupa al movimiento rural confederado”, manifestaron desde CRA.
Férrea defensa a la propiedad privada
Ayer los dirigentes de las cuatro cadenas de cultivos manifestaron su repudio a los episodios de usurpación ilegal de tierras que vienen sucediendo en distintas regiones del país y mostraron su preocupación por la inacción del Estado: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”, señalaron en un comunicado.
“La falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión, limitando las capacidades productivas, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social. La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley”, agregaron.
Por otro lado, los integrantes de la Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires, dijeron que “el respeto a la propiedad privada es central en el contrato social de nuestro país y el gobierno nacional debe arbitrar con celeridad en aquellas circunstancias en que la propiedad privada corra peligro”.
También se pronunciaron las entidades agropecuarias que representan a los productores de Santa Fe. “Reivindicamos al derecho a la propiedad como sostén fundamental de una Nación que quiere desarrollarse y todos los derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional, como el derecho a la libertad, a la seguridad, a peticionar entre los jueces, y a otros tantos que se ven afectados ante las tomas ilegales”, manifestaron.
Además, representantes pymes del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresaron su preocupación y repudio por la problemática: “Exigimos acciones inmediatas por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial de cada jurisdicción. La propiedad privada es un derecho fundamental y la Constitución Nacional está para ser cumplida”, dijeron.
“Para toda actividad agroindustrial la tierra es uno de sus capitales principales. Su ocupación es un delito y atenta contra la paz social. Garantizar el cumplimiento de la ley es una condición fundamental para combatir este tipo de atropellos”, agregaron.
No solo hubo un rechazo a las tomas de tierras por parte de entidades agropecuarias del país, sino además de la región, por los casos en la Argentina y Paraguay. Al respecto, desde la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, dijeron: “Observamos con gran preocupación la violación sistemática de la propiedad privada en varios países de la región y denunciamos la displicencia de las autoridades de gobierno y la misma Justicia ante tan crítica situación”.
Con información de Infobae
