Eduardo García Jurado es abogado de Gualeguaychú, ex juez y profesor universitario. Habló de las investigaciones por corrupción en Entre Ríos y las dificultades que enfrenta la Justicia Federal Penal en Comodoro Py, que está “muy politizada”. Consideró además que “la Corte Suprema está paralizada y es responsabilidad de todos los operadores judiciales”. “El sistema democrático no está funcionando bien y eso tiene reflejo en todos los poderes, fundamentalmente en el Poder Judicial”, definió.
En diálogo con el programa Fuera de Juego (Somos Gualeguaychú), el letrado diferenció dos grandes investigaciones por corrupción en la provincia, en referencia a la causa de los contratos y lo que se conoció como “megajuicio”.
“Una avanzó y llegó a juicio; y otra que se dividió en dos ejes por razones de eficiencia”. “La pregunta es por el tiempo, porque pasan los años y la otra causa no aflora”, dijo, sobre aquella explicación del Ministerio Público Fiscal (MPF) que decidió escindir la causa de los contratos y dejar para una segunda etapa la investigación sobre los responsables políticos del desfalco millonario a la Legislatura.
En efecto, la primera causa referida por García Jurado cuenta con condenas históricas y actualmente está en etapa de Casación; y la causa por los contratos legislativos está paralizada por un planteo de competencia que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más adelante opinó sobre las presiones a jueces y funcionarios judiciales. “Hay jueces presionables y jueces no presionables, hay de todo”. Puntualmente sobre la causa de los contratos legislativos, aseguró que “es un tema muy pesado”. “Por lo tanto, algunos jueces puede que les resulte dramática la actuación en las causas. Otros que van para adelante, no importa contra quien. Es un sistema y el sistema democrático en Argentina y el mundo no está funcionando bien, funciona con dificultades y eso tiene reflejo en todos los poderes y fundamentalmente en el Poder Judicial”, aseveró.
García Jurado fue miembro de la Justicia Nacional durante 21 años e integrante de la Justicia de la provincia de Buenos Aires durante 23 años. “Tenemos que hacer una división entre la Justicia Federal Penal de Comodoro Py y la Justicia Federal Penal de todo el país. Hagamos una división pero no tan tajante si observamos el juicio que se le está haciendo a un juez federal en Corrientes por vínculos con el narcotráfico. Comodoro Py es una Justicia Federal muy politizada y lo fue siempre. Hace años me ofrecieron una especie de ascenso ser secretario de la Justicia Federal Penal de Comodoro Py y la respuesta fue que no, puesto que en aquella época consideraba que era una Justicia politizada y no estaba para hacer política. En aquel momento eso era un paraíso”, recordó.
“Después se descompuso mucho y a la vista está. Hay causas que funcionan con rapidez, la persecución del gobierno anterior con causas ciertas o no, fue evidente la actuación al margen de la legalidad, a la vista están causas que se están cayendo, también queremos que esa justicia que actuó rápidamente contra el Gobierno anterior, actúe. Y con Gobierno anterior me refiero al de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no al de Mauricio Macri que también tiene causas penales que son resueltas con mayor rapidez y muy criticables las resoluciones. Eso no da para más, es la imagen de la Justicia. Hay que aclarar sobre la Justicia Federal de Comodoro Py y la Justicia que tiene valores y buenos jueces”, sostuvo.
Aprietes
En otro tramo de la nota fue consultado por aprietes. “Diría que no sufrí ningún apriete en labor. Los atrevidos saben quién es quién. Cuando daba clases de criminología, decía que nadie me ofreció una coima porque sabían que no estaba en el juego. Recuerdo un llamado telefónico al principio de un señor fallecido ya, pobre hombre, no averiguó quién era yo, por supuesto el diálogo fue muy corto”.
Consideró que los jueces de las poblaciones más pequeñas están más expuestos a la opinión social. “En una provincia de menos de 2 millones de habitantes, los jueces son más controlables por la comunidad. Ser juez en una población como Gualeguaychú es más difícil que en la capital, por la presión natural del ciudadano y el cara a cara con los vecinos. Eso marca diferencias a favor de una Justicia más transparente en las provincias”, opinó.
“La presión mediática sí que existe”
García Jurado habló también del ejercicio de poder que hacen los grandes medios de comunicación en el país y relató experiencias personales. “Medios de comunicación masivos que no tienen límites. En esa nota que cita, reitero a Karl Popper, un pensador filósofo auténticamente liberal. Se planteaba en el 90 que para ser director de un canal de televisión, no se exige ningún requisito. Para tener un carnet de conductor, se exigen por lo menos tres exámenes. Entonces este hombre se preguntaba cómo los medios de comunicación no tienen control ni reglamentación”, contó.
“Se dio una ley de medios, criticable y arcaica pero fue una propuesta que se discutió, se sancionó como ley y el gobierno de Macri por decreto de necesidad y urgencia, la derogó. No era una buena ley, pero la derogación por decreto de una ley discutida no es correcto, lo correcto hubiese sido recomenzar discusión conforme al nivel técnico de los medios de comunicación de hoy”, recordó.
Subrayó que “el lawfare existe”. “Tenemos un diario de Bartolomé Mitre (por La Nación) que dice que el lawfare no existe. La presión mediática esa sí que existe, y agarrate pobre juez, agarrate a una presión mediática constante y sonante. Algo de eso pasó cuando estaba como juez en Gualeguaychú donde me enteraba por los medios que estaba por firmar una orden de allanamiento que no estaba en mi mente, ni mi estudio ni mi mesa de trabajo. Era una presión policial, del poder policial para acorralar al juez e instrucción. Eso en chiquitito, imaginemos en grande”, planteó.
Recordó un juicio que tuvo con Marcelo Longovardi. “Me tocó un juicio por calumnias e injurias en su contra. Sin conocerme, cuando tuve el caso del hermano de Yabrán que mencionó levemente a una periodista de la prensa, hice una demanda. El poder constituido determinó que la competencia desde el punto de vista legal debía ser Gualeguaychú. El señor dijo ‘qué suerte que García Jurado se declaró incompetente porque es un incompetente’”, señaló el abogado. “Ni me conocía. Tuve que ir a Buenos Aires a demandarlo porque la Corte tiene dicho, en favor de los grandes estudios de abogados y los grandes medios de comunicación, que la competencia debe ser del lugar de origen de la injuria, no donde se afecta el bien jurídico, el honor de la persona. Tuve que ir y desistir, dejar que muriera la causa porque hubo una trampa procesal del estudio jurídico que asesoraba a Longovardi. Entonces, hay presiones y hay que aguantárselas”, narró.
Consejo de la Magistratura, “funciona pero con grandes quejas”
García Jurado refirió también al funcionamiento de los consejos de la Magistratura. “Con la reforma constitucional, vino la institución europea que es el Consejo de la Magistratura. Si pensamos en ese organismo nacional está paralizado directamente. Recomiendo un artículo que sacó un gran procesalista argentino, Alberto Binder, que describe cómo funciona el Consejo de la Magistratura nacional (algo de esto puede estar pasando en la provincia), donde los aspirantes a jueces son maltratados durante uno o dos años y cuando juran, lo hacen en estado de cansancio. Entonces, el invento de avance fue en contra. Hay que reformar el sistema para hacerlo más simple y más ágil. En Entre Ríos tenemos un Consejo de la Magistratura que funciona pero hay grandes quejas. Había un Jurado de Enjuiciamiento que se criticaba. Padecí una denuncia. Un famoso senador se sentó, tenía que votar y se sentó un año arriba del voto, sin emitirlo. Son cosas que no hacen bien a la Justicia. Pero no generalicemos, hay muy buena gente y de otra gente. A los jueces hay que exigirles pero no con Consejos de la Magistratura que funcionan tan partidariamente, no”.
Rivas, los delitos sexuales, el feminismo y los derechos humanos
Por otro lado, el exjuez negó rotundamente haber recibido una denuncia contra Gustavo Rivas en la década del 90. “Jamás, que recuerde no, por lo menos con entidad mínima para que lo recuerde. No recuerdo una denuncia y si existió debe haber sido con ínfima calidad probatoria. Lo que hay que tener presente es: no es lo mismo hacer análisis sobre la actuación del Poder Judicial sobre delitos sexuales hoy que hace 30 años. Hace años un abogado defensor en un juicio podía llegar a decir que el abuso sexual era instigado por una pollera muy corta, si hoy se dice eso, le quitan la matrícula. Hay que analizar los contextos históricos. El feminismo es algo muy positivo y novedoso que hace 30 años no existía, el patriarcado estaba en plenitud. Así como hoy hay que decir que hoy en el feminismo también se producen excesos”.
“Hoy el sistema funciona con un filtro que se llama Cámara Gesell manejado por una psicóloga que se entiende capacitada. Si se comprueban dichos veraces, entendibles, razonados y sin ánimo de perjudicar, con eso hay condenas. Hace 30 años no se podía dar un paso así, no existía la Cámara Gesell y se llamaban delitos de intimidad. Ni la psicología ni la psiquiatría habían influenciado como hoy, por los avances de la ciencia. No vamos a cambiar el collar del patriarcado por el collar del matriarcado, hay que buscar el equilibrio”, pidió.
Recordó el juicio a Gustavo Rivas. “Fue muy especial, primero hubo una prescripción que se dio vuelta y terminó en condena. Creo que fue un avance importante dentro del contexto histórico y novedoso. Hoy está en discusión si es arresto domiciliario o prisión para un hombre de 78 años”.
Por último surgió una comparación con los militares que comandaron el último golpe de Estado en el país. “Comparar a Rafael Videla con Gustavo Rivas, a un hombre que estuvo al frente de la desaparición de personas, discúlpeme, vamos a estar en un antagonismo insuperable. Pese a todo lo que acabo de decir y confrontar con usted, si va a las memorias radiales de mis manifestaciones escuchará que a los que violaron los derechos humanos, tenemos que respetarle a rajatablas los derechos humanos. Y decía hace 10 o 15 años por radio que a un señor de más de 75 años con una enfermedad grave, le correspondía el arresto domiciliario aunque sea un genocida. Por supuesto mis amigos luchadores de derechos humanos, más de uno se habrá enojado”, cerró.
