N.B. de ANÁLISIS DIGITAL
(natalia.buiatti@gmail.com)
La procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, adelantó a los familiares de Gisela López que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que confirmó la sentencia de primera instancia. Fue este 22 de abril, al cumplirse los tres años del feminicidio que sacudió a Santa Elena, oportunidad en la que los vocales de la Sala Penal entregaron los fundamentos que avalan la absolución de los Saucedo y otros por el brutal crimen. En diálogo con <b>ANÁLISIS DIGITAL</b>, Gabriela Monzón, la mamá de Gisela López, lamentó las decisiones judiciales. “En la provincia todos nos dieron la espalda. Nos mintieron en la cara. Acá se hizo todo mal, había que investigar profundamente. Dicen que las cosas se hicieron mal desde el principio, y no puede ser que en tres años nos cierren una causa que se podía investigar mejor. Los asesinos están sueltos y los tenemos a menos de 30 metros de nuestra casa. La vida de la mujer no vale nada”, expresó la mamá de Gisela.
Eran las 12.34 cuando los familiares de Gisela López subieron las escaleras de tribunales. Ascendieron acompañados por algunas funcionarias de Gobierno, policías y otras personas. En el tercer piso se desplazaron por el largo corredor, hasta el final del pasillo. Traspasaron el portal de cristal esmerilado y esperaron en la antesala común a las salas I y II del Superior Tribunal de Justicia hasta que salió una secretaria.
--¿La mamá de Gisela López? – preguntó la mujer.
--Acá – respondió Gabriela Monzón y avanzó al interior de una oficina. Allí recibió una copia autenticada de los fundamentos que avalaron la sentencia absolutoria, respecto de quienes estuvieron imputados por el feminicidio de su hija.
La mujer salió unos minutos después, con las hojas impresas en las manos. Volvió al extenso pasillo por el que había caminado un rato antes. Descendió un piso y se dirigió hasta la Procuración General. Allí esperó hasta que pudieron recibirla.
“La Policía hizo muy mal la investigación. No nos querían tomar la denuncia porque según ellos mi hija ‘se fue con un macho’. El fiscal -Santiago Alfieri- nos dijo que tenía pruebas suficientes para mandar la causa a juicio y resultar una condena, pero acá queda demostrado que no las tenía. Cuando los imputados quedaron presos salió Mauro Urribarri -ex ministro de Gobierno- a prometer cosas, al igual que la Policía de la provincia. Nos dijeron que había pruebas, que no salían más de la cárcel pero hoy estamos así. Nos mintieron. Los rastrillajes no valieron para nada, el operativo de 150 efectivos, con perros, con drone, todo quedó en la nada. Desde el principio se hicieron mal las cosas. Gisela no se merece que su caso quede así. Desde los que están en lo alto hasta los que están en lo más bajo, tienen que pedirnos por lo menos una disculpa. La familia de Gisela nos merecemos un pedido de disculpas, porque hicieron mal las cosas”, reclamó Gabriela Monzón.
La madre estuvo toda la mañana en los tribunales de la provincia. Llegó acompañada de familiares, amigos y vecinos de Santa Elena, personas que vinieron a la capital entrerriana para conocer de primera mano los fundamentos del Superior Tribunal de Justicia y para reavivar el reclamo de justicia por la joven.
“Queremos que se haga un nuevo juicio o que abran una nueva investigación. No puede ser que este caso quede así. En la provincia, la procuradora y el procurador -Jorge García- nos dijeron que estaban seguros que quienes estuvieron imputados tienen responsabilidad en el caso. Además de quienes estuvieron imputados, hay otras personas que fueron cómplices. Nosotros sabemos que se juntaban con los Saucedo pero quedaron afuera de la investigación. Acá todo deja mucho que desear. Cuando vinimos a la audiencia hace 20 días, los propios jueces dijeron que la resolución se conocería en 15 o 20 días, sin embargo, ese mismo día, cuando estábamos viajando a Santa Elena nos enteramos que resolvieron votar a favor de ellos -en referencia a quienes estuvieron imputados-. Pero qué podemos esperar de los hombres, si son los que votan en contra de las mujeres”, dijo Monzón al hablar del voto dividido: Miguel Giorgio y Daniel Carubia validaron la sentencia absolutoria, y la vocal Claudia Mizawak votó en contra de la sentencia absolutoria. “Las mujeres no tenemos derecho a nada. Ellos tienen derecho de violarnos, matarnos. El ejemplo más claro es el caso de Gisela. Las mujeres tenemos que seguir levantando banderas para pelear por nuestros derechos. La jueza votó a favor de Gisela, los dos hombres votaron a favor de los imputados. ¿Entonces?”, preguntó.
Cabos sueltos
María Elena González, titular del área de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena fue una de las personas que estuvo este lunes en tribunales. En declaraciones a ANÁLISIS, señaló algunos aspectos de todo el proceso, desde que inició la investigación, que su criterio no fueron considerados en la pesquisa.
“Nunca entendí por qué se desestimaron algunos testimonios. Por ejemplo la concubina de uno de los acusados que estuvo amenazada de muerte para que no hable. Ella tenía conocimiento de muchas cosas que pasaron en la casa del monte, donde los acusados vivían. Era obvio que en una primera instancia esa mujer no iba a declarar porque estaba amenazada, hasta que reflexionó y se acercó a Fiscalía a declarar. No le tomaron esa declaración”, marcó.
González agregó que hubo “una segunda concubina de uno de los imputados que estaba muy deteriorada”. “Esa chica tuvo un bebé. Su pareja la sacó de la casa de la madre, la llevó al monte donde vivían. La tenían prácticamente secuestrada, no la dejaban salir ni para ir a ver a su bebé, por eso ella se escapó varias veces. En esa casa del monte pasaban cosas. Ella estuvo presa y después la dejaron en libertad”, indicó.
“¿Por qué no se tuvo en cuenta el perfil de las personas que estuvieron imputadas? Nosotros los conocemos porque somos del mismo pueblo. Sabemos que agredían mucho a las mujeres. Además, uno de los acusados tiene dos denuncias previas al caso de Gisela. Dos adolescentes como Gisela contaron que escaparon de ese hombre que las persiguió en El Bajo, en el mismo lugar donde desapareció Gisela. Las chicas se salvaron porque corrieron, porque vecinas escucharon los gritos o porque llegaron a golpear una puerta. ¿Esos antecedentes no se tuvieron en cuenta? ¿Por qué?”, preguntó González.
Luego la titular del área de la Mujer santaeleneses cuestionó que “a la Justicia le faltó interés para llegar a la verdad”. “¿Qué pasó con los peritos? ¿Por qué no se llegó a obtener una prueba contundente?”, inquirió.
“A Gisela le pasó esto saliendo de la escuela, abrazada a su carpeta un día como hoy, porque hoy se cumplen los tres años, a las 22.30, pasando por El Bajo. Ahí la atacaron. Las propias compañeras de la escuela de Gisela recuerdan que la joven les contaba que había alguien que la seguía y la invitaba a ir a un lugar pero ella se negaba, recuerdan que Gisela estaba asustada porque esa persona había llegado a decirle que si no accedía a la invitación la iba a llevar igual”, advirtió González y remarcó: “Eran compañeras de la escuela. Yo lo recuerdo muy bien porque después que apareciera el cuerpo de la joven fui a clases para darles ánimo”.
Irán a la Corte
Por su parte, Silvina Calveyra, de la Red Alerta Entre Ríos, dijo a este medio que hay pasos procesales a seguir. “Se entiende el dolor y la incertidumbre de la familia. Sabemos que los tiempos judiciales no son los mismos. Pero hablando en términos de justicia, hoy la familia de Gisela no tiene una reparación”, reconoció la funcionaria.
Por eso, ante la decisión del STJ y los fundamentos, se hará un recurso para presentar ante la Corte Suprema de Justicia. “El Superior tiene la decisión de elevarlo a la Corte. En caso de que no sea elevado, la fiscal puede hacer un recurso de queja directamente a la Corte Suprema”, aclaró Calveyra y agregó que en el expediente se incluirá una nota que presentaron al procurador Jorge García. “Le pedimos celeridad y urgencia para hacer el trámite ante la Corte Suprema de Justicia. Al pedido lo hicimos por una víctima que no habla, por una víctima que se encuentra sin justicia y por las personas que caminan entre nosotros, por los imputados que quedaron en libertad o por otra persona que haya podido ser responsable y hoy camina entre nosotros”, manifestó.
Calveyra también marcó que los fundamentos no se leyeron en público “como se estila en estos casos tan aberrantes, sino que se entregaron por escrito”. “Todavía no leímos todo. Pero sabemos que hay responsables que están caminando entre nosotros. Este feminicidio fue desde la forma más atroz. Hubo muchas fallas en la investigación. En su momento tuvimos que acudir a la Justicia Federal para que se acelere la búsqueda y cuando fuimos a hacer esa denuncia en la Justicia Federal, ahí apareció el cuerpo. A nosotros eso nos da incertidumbre. Y la forma en que apareció. Creo que las fallas estuvieron básicamente en la falta de celeridad. Primero en la búsqueda. Sabemos que cuando una persona desaparece, las tres primeras horas son fundamentales porque se presume que está con vida, siendo víctima de un delito. Entonces, creemos que la falla viene desde la raíz”, remarcó.
Fundamentos
Según se informó desde la Oficina de Prensa del Poder Judicial, en la sentencia conocida este mediodía se afirma que “lo real y concreto es que ni siquiera el Ministerio Público Fiscal tiene certeza sobre el lugar en que se produjo la muerte de Gisela López y, menos aún se ha podido demostrar la participación de los tres hombres acusados del crimen de la joven”. También se indica que -durante el juicio que los dejó en libertad- “ni siquiera se ha podido señalar un solo elemento de convicción que los involucre con el grado de certeza de su participación en el hecho”.
Al voto mayoritario lo dio el vocal Miguel Giorgio. El juez avanzó en cada una de las pruebas esgrimidas. Resaltó que “no estamos en etapa de conjeturas sino de certezas, ese grado de convencimiento indispensable al que se debe arribar en la etapa del juicio para el dictado de una sentencia de condena”.
Con esa resolución adoptada por el máximo órgano judicial de la provincia, los primeros días de abril, se confirmó la absolución de los imputados en el caso caratulado “Saucedo, Mario Andrés y otros-Homicidio Agravado (en perjuicio de Gisela Alejandra López)-Altamirano, Rocío Marlene s/Encubrimiento Calificado s/Impugnación Extraordinaria”, dictaminada por juicio oral y público.
De este modo, la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), presidida por Daniel Carubia e integrada por los vocales Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, dio a conocer los fundamentos de la sentencia por mayoría a la impugnación extraordinaria deducida por el abogado Roberto Fabián Alsina, en su rol de defensor técnico de los imputados Mario Andrés Saucedo, Elvio Andrés Saucedo y Matías Alejandro Vega.
Esa impugnación fue contra la sentencia de la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que en 2018 revocó íntegramente la sentencia de primera instancia y ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, en el STJ desestimaron la decisión de casación y avalaron el fallo dictado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones que absolvió a los imputados, el 16 de mayo de 2017.
Giorgio argumentó en su voto que “el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio no sólo encierra una simple disconformidad con los fundamentos que esgrimiera ese Tribunal para arribar al cuestionado pronunciamiento, tal como lo sostuvo el voto en minoría del tribunal casatorio, sino que contiene demás cuestiones que resultan verdaderamente improponibles de acuerdo a la manera en que ha considerado la prueba de cargo y el valor o jerarquía que pretende otorgar a determinados elementos de prueba como los testigos indirectos, cuya ineficacia convictiva ya se ha visto”.
El magistrado hizo hincapié en que “lo real y concreto es que ni siquiera el órgano acusador tiene certeza sobre el lugar en que se produjo la muerte de la víctima puesto que solo señala una posibilidad y, menos aún, que eso haya ocurrido en el predio del imputado S., cuando no ha podido esgrimir un mínimo indicio que así lo acredite”, destacando que “más lejos aún está de demostrar la participación de los acusados en el suceso puntual cuando no ha podido señalar un solo elemento de convicción que los involucre con el grado de certeza que la etapa del juicio requiere y/o que el Tribunal de Juicio haya desoído al sentenciar”.
También argumenta que “en el recurso presentado se expone una suerte de impotencia para recolectar elementos de cargo cuando hace mención a una supuesta complicidad policial que entorpeció la investigación, lo que pareciera haber quedado en el terreno de la queja, pues no se hace mención a actividad procesal alguna tendiente a conjurar ese riesgo y/o que se haya perseguido penalmente a los responsables de ese entorpecimiento”.
Se invoca en determinados tramos del recurso el “debido respeto del principio acusatorio, olvidando también que ese mismo principio impide que el Tribunal pueda suplir la actividad de las partes en el proceso, estando a su cargo precisamente el desarrollo de toda la actividad probatoria tendiente a demostrar su teoría del caso, lo que evidentemente no ocurrió”.
En definitiva, Giorgio manifiesta que “por lo que se ha visto el recurso en modo alguno debió prosperar en la instancia de la Cámara de Casación Penal y de acuerdo a la propia doctrina sentada por ese Tribunal, tal como se encargó de señalar el Dr. Hugo Perotti en su voto en minoría, no observando el mismo criterio la postura mayoritaria que no solo avanzó en la línea de la Fiscalía sino que agregó otras especulaciones absolutamente inviables, para descalificar la sentencia de grado como efectivamente se hizo, pero sin lograr demostrar que tal pieza contenía errores de tal magnitud que justificaran su invalidación por arbitrariedad”.
El vocal Carubia adhirió al voto de Giorgio y así quedó conformada la mayoría.
Por su parte, la vocal Mizawak opinó que no debe hacerse lugar al recurso de la defensa, toda vez que los planteos traslucen una mera disconformidad con la decisión adoptada pero no logran descalificar la argumentación contenida en la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal.
Gisela López fue vista por última vez el 22 de abril de 2016 y su cuerpo sin vida fue encontrado tras 18 días de búsqueda en una zona conocida como El Bajo, en la ciudad de Santa Elena. Las pericias médicas constataron que la joven fue violada y asesinada.
