De ANÁLISIS
Bilbao era contratado del Senado de la Nación bajo la categoría A-2 y tenía un sueldo promedio de 61.000 pesos mensuales. El profesional también era la cabeza del estudio desmontado en calle Alameda de la Federación y Córdoba -detrás de la casa de Gobierno-. Entre otras cosas, los fiscales lo señalan como socio de inversiones de Jorge De Breuil, otro contratado del Senado nacional.
Fue una de las primeras personas detenidas por los contratos truchos de la Legislatura. El estudio contable que componía junto a Ariel Faure -ex director Administrativo del Senado provincial- fue desmontado a poco de iniciada la investigación. Era uno de los dos estudios de Paraná que formaban parte de la estructura de desvío de dinero de la Casa de Gobierno. Precisamente, en esas oficinas se gestionaban los monotributos de contratados por la Legislatura provincial -hasta había allí una terminal de Servicios Entre Ríos-. Bilbao, principal contador del estudio, recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba el grupo -compuesto por Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, entre otros-, previa deducciones de gastos, pagos de impuestos y comisiones.
El contrato de Bilbao en el Senado de la Nación se realizó en vinculación al senador Pedro Guastavino, al igual que el del cordobés Jorge De Breuil. Aunque Guastavino desconoció a Bilbao como su empleado, dijo no conocerlo. Incluso, la hipótesis de los fiscales apunta a Gustavo Pérez como el nexo que llevó a Bilbao y De Breuil con Guastavino.
En la investigación judicial, De Breuil -ex preso político de la última dictadura y residente en Córdoba- aparece involucrado en la estafa por haber participado “del neto de las ganancias ilícitas” por parte de Alfredo Bilbao y Gustavo Pérez -este último, director Administrativo de la Cámara de Diputados-. “Los tres aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas”.
En noviembre del año pasado, el programa televisivo <i>Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral)</i> pudo profundizar algunas cosas al respecto. En diciembre de 2005, De Breuil -ex preso político de la última dictadura- creó la empresa La Roca SRL, junto al ex funcionario del Senado y actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, para el desarrollo de negocios de turismo y combustible, entre otros aspectos. Los socios pasaron a ser los hermanos Gonzalo y Hugo Alcalá, provenientes de una conocida familia de Hernandarias cuyo padre, al fallecer, dejó una importante herencia.
En 2008, De Breuil y Guastavino crearon la empresa Baco Inversiones SA, como constructora, inmobiliaria e inversiones. Guastavino ya había asumido como senador nacional y De Breuil quedó en planta permanente del Senado entrerriano. Un año después, De Breuil sumó Sandebus Inversiones, dedicada al mismo rubro que la firma anterior. Según la justicia, en enero de 2008 comenzó a desarrollarse el sistema de contratos truchos, que arrancaron en un número de 100, aproximadamente. En 2012, a dicha firma se sumó el contador Gustavo Hernán Pérez y quedó como presidente.
También en 2012 se generó la sociedad Las Nazarenas SA. Los socios son De Breuil, el contador Pérez y Hugo Alcalá. La firma tiene un objeto agropecuario, pero también turístico.
Todo indica que Bilbao, Pérez y De Breuil desarrollaron varios negocios en forma conjunta que podrían estar vinculados a dineros provenientes de la Legislatura. Además de las empresas mencionadas, generaron un fideicomiso en calle Alsina al 800, donde realizaron varios departamentos. Disponen de un terreno importante sobre la ruta 12 -a escasos metros de un conocido y clásico restaurante cercano al Parque Industrial de Paraná- y hubo una fuerte inversión en Villa Libertador San Martín.
Como ya se mostró en el ciclo televisivo, son departamentos propiedad de Alfredo Bilbao, en calle Amado Nervo al 650 que, en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), también están, en paralelo, a nombre de De Breuil y el contador Pérez. El ex titular del Contable del Senado también posee un terreno importante en Puiggari, en calle Madre Teresa de Calcuta y tres inmuebles en Colón al 400, en Paraná.
Hay quienes sostienen que muy cerca de ellos, en Villa Libertador San Martin, también hizo inversiones el cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, otro de los comprometidos con el affaire de los contratos truchos.
Sustracción
“En los últimos tres años (Alejandro) Almada se llevó de la oficina desmontada por Bilbao, unos 112 millones de pesos. El 55 por ciento de lo recaudado se llevó Almada, seguramente para otra persona de la organización”, dijo la fiscal Cecilia Goyeneche en una audiencia, en la cual se discutían las prisiones preventivas en la causa.
Los fiscales entienden que el dinero salía de las arcas públicas y pasaba por los estudios contables, donde se tramitaban los contratos. Los enjuagues habría permitido, según la investigación, el desvío de unos 2.000 millones de pesos que habría terminado en inversiones particulares.
Bienes embargados
Entre los bienes que le embargó la Justicia a Bilbao, aparecen las cabezas de ganado y equinos que guarda en un campo arrendado en Mojones, a unos 50 kilómetros de Viale y unos 120 kilómetros de Paraná. La administración se realiza a partir de un convenio entre la defensa de Bilbao y la Fiscalía para ir liquidando los bienes. Es que tienen que tratar de conservar el valor y además pagar deudas con el arrendatario. Por eso se abrió una cuenta bancaria que administra la Justicia, a donde se fue pasando el capital como “activos de bajo riesgo”.
La administración de los bienes también está a cargo de una persona designada por Bilbao, un custodio. En ese campo ya quedan pocos animales. Pero aún quedan vacas y los caballos de trabajo -entre ellos un potro, que podrían ser vendidos a la Policía-.
Con un tope
Según se anunció en reiteradas oportunidades por parte de los fiscales, la investigación penal preparatoria está a punto de cerrarse. Hasta aquí llegaron las responsabilidades. Hay varios funcionarios de peso y dirigentes políticos rozados por la investigación, pero ninguno imputado. “Pudiendo seguir la investigación, no lo van a hacer”, lamentan.
No se imputó al actual vicegobernador ni los anteriores; no se imputó al presidente de la Cámara de Diputados y los presidentes anteriores de Diputados; tampoco están en la causa ex gobernadores, ni diputados ni senadores. Uno de los dos estudios contables -el que integró el esposo de la fiscal Anticorrupción- no tiene la misma relevancia en la investigación que el otro estudio contable.
Hasta aquí los principales imputados son Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, Alfredo Bilbao, Hugo Mena, Flavia Beckman, Gustavo Pérez y Ariel Faure, entre otros. Ninguno de ellos es dirigente político. ¿Algún político de peso y con arrastre electoral que pasó por la Legislatura o aún está allí puede decir que no se enteró lo que ocurría?
