Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador de Israel.
Para este 2020, el Poder Judicial de la provincia agendó la mayoría de los juicios orales contra el ex gobernador y actual embajador de Israel, Sergio Urribarri. A fines de 2019 se conoció que la llamada mediáticamente “causa de la vaca” llegará a debate en abril de este año.
También se informó que la megacausa denominada “sueño entrerriano” se ventilará desde septiembre de 2020.
Ahora, ANÁLISIS supo que la primera denuncia contra el ex gobernador; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el titular de la firma Global Means SA, Germán Buffa, llegará a juicio a fines de octubre de 2020 por presuntas irregularidades en la asignación de publicidad gubernamental.
La causa lleva el número 6.399/150 y se instruyó bajo el viejo sistema procesal penal de Entre Ríos. Es que la denuncia se presentó en 2013 (el denunciante fue el diputado nacional con mandato cumplido, Jorge D’Agostino) y, con la implementación del nuevo Código en la provincia, quedó en trámite en el Juzgado de Transición a cargo de Gustavo Maldonado.
La carátula es “Urribarri, Sergio Daniel - Báez, Pedro Ángel - Buffa, Germán Esteban S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El procesamiento fue en febrero de 2018, hace dos años.
Según se registró en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de los tribunales locales, el juicio oral sería los días 26, 27, 28 y 30 de octubre de 2020 desde las 9.
Investigación
Cuatro años después de la denuncia, es decir en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra imputó a los tres denunciados y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó para diciembre de ese año, pero los defensores lograron reprogramarla para febrero siguiente.
La denuncia de D’ Agostino advertía que el gobierno de Urribarri adjudicó un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500 mil pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México de La Plata.
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo exdueño fue el empresario Cristóbal López), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271 mil pesos; y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800 mil pesos.
La imputación precisaba que siendo Urribarri gobernador, y Báez director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011, según una síntesis publicada por el sitio Entre Ríos Ahora.
El primero era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el anuncio “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de 118 mil pesos. Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el Decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la Fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la Fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir, la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los 118 mil pesos se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
El juez Gustavo Maldonado trabó embargo por mil pesos, en la causa donde se investiga el manejo irregular de la publicidad oficial en la gestión Urribarri-Báez. El magistrado sostuvo que sus actos “fueron encaminados de manera tendenciosa en beneficio y provecho de un interés particular”.
