Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones.
De ANÁLISIS
El defensor Iván Vernengo, representante legal de Alfredo Bilbao, imputado en la causa por los contratos irregulares en la Legislatura de Entre Ríos, pidió una audiencia este viernes ante un vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones. Fue para quejarse por una decisión que tomó la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, en torno a la administración por parte de Fiscalía de capital retenido a su cliente: cabezas de ganado que estaban en un campo de Mojones.
Concretamente, cuando se confiscó capital de los imputados en el marco de las medidas de coerción en la causa contratos, la Fiscalía y las partes afectadas arribaron a un acuerdo sobre cómo administrar ese capital. En cuanto a las cabezas de ganado que estaban en un campo arrendado de Mojones, se decidió venderlas y comprar activos de bajo riesgo y colocarlos en un plazo fijo, para reducir los gastos de mantenimiento. En ese acuerdo, las partes designaron un administrador y un coadjuvante que se encargaron de llevr adelante las operaciones. Para eso, el propio Bilbao propuso a la firma Homeagro (cuyo representante es el veterinario Guillermo Stamatti, debido a que el administrador designado por Fiscalía es contador). El tema es que Stamatti aún no cobró honorarios por la tarea realizada. La discusión está dada así: ¿De dónde salen los 329 mil pesos que le deben al veterinario?
La audiencia fue ante la vocal Carolina Castagno, que comunicará un veredicto el próximo miércoles, a las 8.
“Stamatti fue más que un veedor”
El defensor Iván Vernengo, contó las circunstancias en las cuales la Fiscalía Anticorrupción (que representan Patricia Yedro e Ignacio Aramberry en esta causa), decidió el resguardo de las cabezas de ganado, debido a que se trata de un capital que podría ser decomisado si ocurriera una condena. Habló de la prisión preventiva que se le aplicó en un principio a su pupilo, y que luego quedó sin efecto. Dijo que en ese momento, también ocurría una inhibición de bienes para Bilbao y su esposa.
“Las tareas que desempeñó el veterinario Stamatti fueron más que las correspondientes a un simple veedor. Él asesoró para la firma del convenio con Fiscalía”, marcó.
Vernengo subrayó que “el dinero sigue siendo de Bilbao”, más allá que esté siendo administrado por Fiscalía, y cuestionó la falta de explicación por parte de la jueza de Garantías en cuanto a que los honorarios deben ser pagados con el dinero de la venta de las vacas. Añadió que los honorarios del veterinario incluyen “pago de jornales” a obreros en el campo e insumos, entre otros gastos. Se ha dicho en reiteradas oportunidades (las audiencias por este punto discutido vienen siendo desde el año pasado), que hubo que curar animales infectados antes de venderlos.
“¿Por qué la jueza se aparta de toda la administración anterior y no explica por qué debe abonarse así? No hay impedimento legal para abonar los honorarios con dinero de ese capital”, sostuvo y reclamó “sentido común para no violar el derecho a la propiedad”.
“Todo se abonó a Homeagro”
Así lo anunció la fiscal Patricia Yedro apenas comenzó a responder al defensor. “Ese ganado fue adquirido después del ilícito, por eso pesa sobre el mismo una medida cautelar que en su momento no fue apelada. Como el mantenimiento de ese capital producía muchos gastos, se realizaron estas tratativas para liquidarlo. En ese marco, se invitó a Bilbao a designar una parte (Homeagro). Todo se abonó a Homeagro”, aseguró la fiscal.
“Stamatti intervino como asesor a requerimiento de Bilbao, aseguró los intereses de Bilbao”, recalcó.
Los representantes de la Fiscalía de Estado, que interviene en la causa porque está en un proceso civil, también respaldaron la decisión de Barbagelata. “La designación de Stamatti fue a propuesta y requerimiento de Bilbao para resguardo de sus intereses. La jueza Barbagelata ordenó cómo debía producirse la gestión y en ningún momento dispuso el pago de honorarios a Stamatti. Por eso creemos que sus honorarios no pueden ser abonados por el producido del capital liquidado, sino por el propio Bilbao”, argumentó Sebastián Trinadori, fiscal Adjunto de Estado.
