Abogados defensores estuvieron este martes con vocales de la Sala Penal del STJ. (Foto: Poder Judicial)
Un grupo de abogados defensores en causas por presunta corrupción en Entre Ríos, pidieron una reunión a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El encuentro se dio este martes y duró unas dos horas, según contaron algunos de los defensores a ANÁLISIS. Los vocales de la Sala Miguel Ángel Giorgio; Daniel Carubia y Claudia Mizawak (por videoconferencia), escucharon el planteo respaldado por el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), del cual participaron también Miguel Ángel Cullen, Raúl Barrandeguy, Iván Vernengo, Emilio Fouces, Leopoldo Cappa y José Raúl Velázquez, se nombró en el comunicado oficial de Prensa de STJ.
La nota central de la última revista ANÁLISIS fue el detonante. Es que los abogados consideran que se violó normativa al filtrar miles de horas de video que contienen los testimonios en la causa conocida como “contratos”. No cuestionan el rol periodístico, pero reclaman que se investigue cómo llegó esa información a este medio. Así lo planteó en reiteradas ocasiones Emilio Fouces, tras la publicación titulada “Los videos de los contratos”.
En ese marco, y con el apoyo del CAER se solicitó la reunión con la Sala. “Entendemos que hay ciertas cuestiones que están pasando en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y cómo va la marcha del nuevo Código Procesal Penal”, indicó Iván Vernengo, uno de los participantes del encuentro, y ahondó sobre el segundo punto: “Creemos que se ha desvirtuado un poco el espíritu del nuevo Código”. “No fue estrictamente por la publicación sobre la causa 'contratos', ese podría decirse el detonante”, subrayó.
Miguel Cullen agregó que los señalamientos no están acotados al nuevo Código sino a todo el sistema. “La Sala Penal tiene competencia para vigilar que se cumplan los fines del proceso penal”, asentó. “No pedimos ninguna acción en concreto, simplemente notificamos a la Sala Penal porque solo podemos llegar a través de apelaciones. A veces hay cuestiones que no vienen vinculadas a una resolución judicial sino al entorpecimiento del ejercicio de la abogacía”.
Entre otros puntos, Cullen refirió a “otras jurisdicciones donde se puede ejercer la abogacía y defensa con muchísimo más tranquilidad, acceso al expediente, legajos, prueba, cosas que acá realmente, en Paraná se hace dificultoso. No sólo en una causa determinada. Ya es sistemático, es como una especie de toma de postura por parte del Ministerio Fiscal que, tal vez lo hacen sin intención, pero se entorpece el ejercicio de la profesión de abogado. Eso es, básicamente, lo que nos está pasando”. Ahondó que en otras jurisdicciones conocen el legajo y se los invita a participar de las entrevistas. “Es otra forma de trabajar y en Paraná no sucede eso”. “Esto trae aparejado -continuó-, que no se respeten derechos y garantías de las personas que están siendo sometidas a proceso”.
“Hay que llevar adelante ciertas correcciones porque está desequilibrada la labor de la defensa con la posición del MPF en materia probatoria, de comunicación, de recolección de pruebas, recursos. Fue una charla interesante”, reafirmó Emilio Fouces.
“Anuencia de algunos jueces de Garantía”
Los abogados entienden que algunos “desequilibrios” entre las partes ocurren “con anuencia de algunos jueces de Garantías”. “Dentro de algunas medidas que se toman en las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) se están conculcando derechos de los investigados. En todas las causas, no en esa causa particular”, dijo Vernengo. “Creemos que eso va en contra del espíritu del sistema acusatorio. Esto tiene algunos años”, acotó.
También indicó que los vocales del cuerpo se mostraron “interesados” en conocer la opinión de los abogados en cuanto al sistema penal. “Nosotros creemos que hay que hacerle una serie de modificaciones. Fue una reunión sana”, calificó.
Cullen, por su parte, acotó: “El acceso a la información parece que fuera menor, es la violación de la ley, al Artículo 227 del Código Procesal Penal. Es decir, que salga del proceso, fuera de las partes a terceros lo que contiene el mismo legajo. Cuando se viola esa norma, se viola una ley. Si se plantea como acceso a la información parece que uno no quisiera que se tenga acceso. Este fue uno de los temas que se trataron porque lo que genera es que, uno de los fines del proceso acusatorio, que es que los jueces lleguen descontaminados, sin conocer con qué se van a enfrentar en el juicio aparezca contaminado, además con una versión de un solo lado”, manifestó y agregó: “Para eso volvamos al viejo sistema donde el juez podía revisar todo el legajo, no sólo la acusación sino también la defensa. Ahora se contamina peor que antes”.
“Creemos que tal como está redactada la ley, al juez de Garantías se le quitaron facultades que podría usar para equilibrar la balanza. El CAER presentó hace un par de años un proyecto de modificación del Código Procesal Penal para realzar la figura del juez de Garantías que está desdibujada. Pese al esfuerzo que hacen muchos por restablecer ese rol, muchos que son objetivos y ponen el ojo en la violación de derechos”, asentó.
La devolución de los vocales
“Ellos tienen cierta preocupación. En algunas sentencias que han dictado han resuelto algunos de estos temas. Creemos que ha quedado la puerta abierta para hacer un seguimiento de estos temas”, dijo Vernengo. “Nos dijeron que debatirían esto y comunicarían qué temperamento adoptarán"
Fouces acotó que “se mostraron interesados en la problemática. Coincidieron que de varias cuestiones tenían conocimiento. Quedamos en que se seguirá trabajando. Quedamos que el sistema merece correcciones y calibradas después de algunos años de andamiaje”.
“Salimos a las 11.30 con fe, nos fuimos contentos. Siempre tuvimos fe en esta Sala Penal. Esperemos que sirva para algo”, expresó Cullen por último.
