José Darío Mazzaferri era el principal torturador de los jóvenes estudiantes secuestrados en La noche del mimeógrafo.
El ex policía federal José Darío Mazzferri recibió el beneficio de una reducción de dos años en su pena. En 2017 había sido condenado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay durante la última dictadura y ahora una nueva sentencia la fijó en 18 años, informó Diario Uno.
En un fallo emitido este miércoles, el Tribunal Oral Federal de Paraná –integrado por Jorge Gallino y Mariela Emilce Rojas– dispuso el nuevo monto de la pena, en cumplimiento de una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que lo había absuelto de uno de los múltiples delitos por los cuales lo había condenado el tribunal paranaense.
Mazzaferri pertenecía al grupo de tareas de la Delegación Concepción de Uruguay de la Policía Federal que se dedicaba a secuestrar jóvenes militantes durante los años del terrorismo de Estado. Entre esos jóvenes estaban los estudiantes secundarios que fueron detenidos ilegalmente en las vacaciones de julio de 1976, y mantenidos en cautiverio y torturados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la misma dependencia policial. El condenado era el principal ejecutor de las torturas, según se comprobó judicialmente.
Aquellos estudiantes secundarios eran interrogados en las torturas por un mimeógrafo con el cual imprimían panfletos de repudio a la dictadura, por lo cual aquel suceso es recordado como La noche del mimeógrafo.
En julio de 2017 el TOF de Paraná encontró al represor coautor responsable de la comisión de los delitos de Asociación Ilícita; Allanamiento Ilegal de Domicilio en dos hechos; Privación Ilegal de la Libertad agravada en ocho hechos y Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en ocho hechos.
El 29 de julio de 2020, la Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, confirmó parcialmente la condena, salvo respecto del hecho calificado como allanamiento ilegal de domicilio cometido en perjuicio de César Román, una de las víctimas y denunciantes de Mazzaferri. Por este hecho el genocida fue absuelto y la Cámara ordenó remitir las actuaciones a Paraná para fijar una nueva pena, revocando la sanción impuesta en ese punto en particular.
Al pronunciarse la Fiscalía, el fiscal general José Ignacio Candioti solicitó la imposición de la pena de 19 años de prisión. Por su parte, los representantes de la querella mantuvieron el pedido de 20 años, por considerar que no hay elementos para atenuar la conducta realizada por el imputado, siendo que tenía la plena conciencia de la "antijuridicidad de la conducta realizada". Agregaron los abogados que la condena deberá ser de cumplimiento efectivo en una dependencia penitenciaria común, teniendo en cuenta su edad y su "notable estado de salud".
El Tribunal, al dictar la nueva pena, citó a la Cámara de Casación Penal al destacar "el papel protagónico que desempeñó Mazzaferri “tanto en algunos de los procedimientos que culminaron en las ilegítimas detenciones como así también en el escenario de las torturas ubicado en la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay".
También dijo que tuvo un activo rol “en los padecimientos sufridos por las víctimas, principalmente en los interrogatorios a los que fueron sometidos" y que los damnificados “señalaron al justiciable como quien participó en los interrogatorios de manera activa y particularmente violenta en las sesiones de tortura -física y psicológica consistentes en la aplicación de picana eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento, así como largos lapsos de permanencia a la intemperie desprovistos de ropas en pleno invierno”.
Asimismo, los jueces consideraron como agravante los motivos que lo llevaron a delinquir, ya que los padecimientos infringidos estaban dirigidos “inequívocamente a obtener información sobre las actividades políticas de las víctimas así como acerca de la ubicación del ya citado mimeógrafo”.
