El juez Mauricio Mayer está a cargo de la audiencia.
Pasó a cuarto intermedio una audiencia en el marco de la causa contra el exgobernador y actual embajador argentino en Israel Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros. Se trata del proceso por Negociaciones incompatibles con la función pública en un expediente que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
El juez de Garantías Mauricio Mayer resolverá homologar o no el acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal (MPF) para suspender el juicio a prueba en contra de dos acusados de partícipes secundarios en la maniobra ilegal que investigan los fiscales en el marco de licitaciones que realizó el gobierno de Urribarri con la empresa Relevamientos Catastrales de Cardona Herreros. La noticia la dará a conocer en horas del mediodía.
En la audiencia de viernes, el abogado defensor de los dos acusados, Juan Carlos Palacios, expresó los pormenores de dicho acuerdo que busca una probation para deslindar de culpa y cargo a sus defendidos. Se trata de Miriam Estela Fessia y Guillermo Andrés Linares, ambos empleados de Relevamiento Catastrales, empresa de Cardona Herreros.
La suspensión del juicio a prueba no implica un reconocimiento de los delitos acusados, sino que es un compromiso a realizar determinada conducta con el fin de que queden sin efecto las cargas legales en contra de una persona. Una vez cumplidas esas conductas acordadas, las personas quedan liberados del expediente sin ningún tipo de antecedente. A pesar de esto, se desprende del acuerdo que los acusados prefieren evitar el proceso judicial ante una posible condena.
En el caso de Fessia y el contador Linares, ambos ofrecieron pagarle un resarcimiento al gobierno provincial y en lugar de las tareas comunitarias -por la pandemia del Covid-19- donarían otra suma de dinero a la organización que disponga la Oficina de Medios Alternativos (OMA). Fessia acordó pagar $120.000 en 12 cuotas de $10.000 al Estado entrerriano, mientras que Linares ofreció pagar $150.000. Ambos donarían, aparte, unos $60.000 en cuotas de $5.000 a la organización que disponga la OMA. Fiscalía incluyó en el acuerdo que fijen el domicilio a los fines de poder solicitar su concurrencia en instancias futuras.
A Fessia se le atribuyen cuatro hechos ocurridos en el marco de una misma licitación, mientras que a Linares se lo acusa de cinco hechos en dos licitaciones distintas. A ambos en calidad de partícipe secundario, calificación legal que impone una eventual condena de un año de prisión que sería de cumplimiento condicional por la falta de antecedentes penales de ambos acusados.
