Comienza el juicio contra el juez de Paz de Gualeguay denunciado por violento e inidóneo.
Por Manuel Lazo (*)
Nueve. Para algunos una palabra. Para otros, los que son víctimas de maltrato físico o psicológico, es algo más. Representa la misma cantidad de letras con que se escribe violencia. La misma maldita palabra que una y otra vez repiten en cada entrevista, en cada peritaje, en cada relato a sus jefes, subordinados, familiares, amigos, etc. La misma palabra que con el paso del tiempo se hace carne en las victimas al punto en que son incapaces de explicar por qué, de repente, debiendo estar felices lloran o, por el contrario, frente a situaciones angustiantes pueden aparecer absolutamente distantes.
Violencia. Posiblemente uno de los flagelos más importantes de los que azotan nuestra sociedad, atravesándola de pies a cabeza y de izquierda a derecha. Con víctimas que cada día soportan lo intolerable. Pero también con las otras, con las que se animan a romper estereotipos y muros cuasifeudales de enmohecidas instituciones.
Un poco de historia
ANALISIS ha venido investigando incansablemente desde el año 2018 lo que sucede puertas adentro de los tribunales y en especial dentro de los Juzgados de Paz. No siempre valorados en su justa medida, estos órganos son la primera puerta de acceso a la Justicia de los sectores –principalmente- más desprotegidos de la sociedad.
En este contexto, publicó en exclusiva la denuncia impulsada contra el Juez de Paz de Gualeguay, abogado Sebastián E. Salem, efectuada por la Secretaria de dicho organismo, la abogada Deolinda Sabina Almada, por violencia laboral e inidoneidad, a la que se sumó en 2020 otra acusación efectuada por la abogada Carolina Almeida del mismo Juzgado.
Salem fue designado Juez de Paz de Gualeguay aun habiendo reprobado -semanas antes- varios exámenes, entre ellos, el de Secretario de ese Juzgado, merced al nefasto procedimiento –hoy en vías de desuso- que permite la Constitución entrerriana. Propuesto por el poder político de cada localidad, el candidato luego debe recibir el visto bueno del gobernador. De esta forma han llegado a ejercer funciones personas que son severamente cuestionadas por decisiones que se asemejan más al caudillismo que al derecho. En la actualidad, debido al fracaso de las designaciones a dedo, varios intendentes han optado por evitar el suicidio político y recurrir a que los interesados participen del concurso público ante el Consejo de la Magistratura.
La denunciante Almada, obtuvo el primer puesto en la provincia en el concurso abierto de oposición y antecedentes para Secretarios de Juzgado de Paz en julio de 2018, siendo designada a Gualeguay, precisamente al Juzgado en el que el reprobado Salem se desempeñaba como Juez. Meses después Almada denunció ser objeto de violencia laboral por parte del Juez como asimismo las irregularidades que a su juicio demostraban la inidoneidad del mismo y su desconocimiento del derecho; hecho al cual luego se sumó otra denuncia por violencia contra el magistrado por parte de la Dra. Almeida, escribiente del mismo juzgado.
Ante ello, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tras analizar las pruebas y recibir numerosos testimonios, dispuso someter a Salem al Jurado de Enjuiciamiento para determinar el alcance de sus actos y si puede permanecer en su cargo.
Una decisión preocupante
En vista de los hechos y considerando que la Junta Médica del propio STJ y del Ministerio de Trabajo dictaminó la existencia de violencia laboral, el Alto Cuerpo no tuvo más que pronunciarse reconociendo la “gravedad de la situación” en Gualeguay, otorgando licencia a ambas funcionarias, argumentado hacerlo en protección de su salud física y mental, manteniendo a Salem en funciones y disponiendo que se le asigne personal de sexo masculino.
Ello provocó la furiosa respuesta de numerosos integrantes del Poder Judicial de Gualeguay, quienes elevaron una nota formal, manifestando su malestar ante una decisión que implicaría el manifiesto reconocimiento no solo del origen del problema, sino además la afectación inconsulta de personal de otros juzgados, que lo sean de un género determinado, y privilegiar la posición del considerado violento ante las victimas denunciantes, actitud que conllevaría ignorar el respeto por la igualdad de género y el derecho a trabajar en un ambiente sano y digno.
Suspenden al juez
Como oportunamente publicara ANALISIS, Salem fue “formado” en el STJ como Replicador, o sea, un asesor para evitar situaciones de violencia, como se ha presentado en reuniones públicas. Que el replicador esté hoy acusado de violento se habría transformado en un dolor de cabeza insostenible para sus superiores. Así, el 11 de noviembre pasado, por acuerdo unánime de los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, ordenaron la formación de causa contra Salem, suspendiéndolo en sus funciones hasta el veredicto definitivo, con descuento del 30% de los haberes, reubicando posteriormente a las denunciadas en sus puestos.
El juez al banquillo
Esta semana se informó que el juicio comenzará con las declaraciones de los testigos a llevarse a cabo en el salón de actos del STJ, sito en calle Laprida 250 de Paraná, entre el 15 y el 17 de marzo, en una audiencia que sería televisada y constituiría un hecho inédito en nuestra provincia, en momentos en que los hechos de violencia que afectan a mujeres han alcanzado extremos repugnantes.
A la denuncia de Almada y Almeida se habrían sumado los testimonios prestados en la etapa previa por personas que trabajaron con Salem, de ribetes incompatibles con su investidura, los que permanecieron ocultos dentro de los tribunales hasta hoy y harían insostenible la continuidad del magistrado. Cabe recordar que fue el propio STJ quien consideró la existencia de elementos suficientes para denunciar al Juez ante el Consejo de la Magistratura, quien a su vez por unanimidad ordenó su suspensión, debiendo Salem abandonar su despacho de inmediato tras la llegada de la comisión encargada de notificarlo.
Expectantes
La televisación de dicho juicio permitirá a los entrerrianos asistir al primer juicio por violencia de género, contra un Juez acusado por sus propios empleados, acontecimiento que será cubierto por los medios locales y nacionales que se han interesado por el tema.
Nueve letras tiene la palabra violencia. Nueve es también el numero símbolo del misticismo, corriente a la que no sería ajena el magistrado, a juzgar por actos tan inexplicables como haber
prendido fuego a papeles dentro de su Juzgado, -sin que hasta la fecha se conozca con certeza qué destruyó-, debiendo intervenir personal policial, hecho que habría tratado de justificar en una supuesta purificación del ambiente.
El 15 de marzo los entrerrianos asistirán al juicio que tiene como denunciado a un Juez de Gualeguay, la ciudad que en materia de violencia se hizo tan conocida tras el asesinato de Micaela García y la ley que en su consecuencia se dictó y muchos ignoran. Un 15 de marzo del año 44 AC cayó Julio Cesar. El hombre que, tras beber las mieles del poder, se creyó Dios y que su imperio era intocable. Afortunadamente ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces. Hoy, en gran parte con la ayuda de los medios y las redes sociales, la luz llega a los sectores más oscuros de las organizaciones. Incluso del otrora intocable Poder Judicial.
(*) Desde Gualeguaychú.
