Un vecino de Balla denunció amenazas, agresiones e incumplimientos de la domiciliaria. La defensa del represor pidió que la misma se cumpla fuera de la provincia de Santa Fe.
A mediados de enero, se supo que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había presentado ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y la Fiscalía Federal, a cargo de Martín Suárez Faisal, un dictamen técnico acerca de la necesidad del cese del beneficio de la prisión domiciliaria para el condenado por crímenes de lesa humanidad, Jorge Balla.
El pedido estaba basado en las múltiples violaciones a sus obligaciones y la grave situación a la que somete a una familia vecina.
Ante esto, en la jornada de este viernes se desarrolló una junta médica para determinar el estado de salud del represor condenado y establecer si están dadas las condiciones para confirmar la prisión domiciliaria o bien, trasladarlo a un penal. De dicho análisis participaron la médica Mabel Padró (como perito oficial) y los psiquiatras Gabriela Depaoli (por parte de la defensa) y Oscar Pellegrini (propuesto por la Fiscalía).
Si bien las conclusiones de la junta médica no se dieron a conocer oficialmente, el sitio digital Aire de Santa Fe pudo saber que tanto Padró como Depaoli concluyeron en que Jorge Balla debe seguir en prisión domiciliaria, mientras que Pellegrini opinó que están dadas las condiciones para trasladar a Balla a un establecimiento penitenciario.
Por otro lado, la defensa del represor, a cargo del abogado Guillermo Morales, presentó un pedido para que Balla cumpla con la prisión domiciliaria en otra localidad, fuera de la provincia de Santa Fe.
Asimismo, se espera que el próximo jueves la Cámara de Senadores sancione un proyecto de declaración en el que expresará su preocupación por la situación con el represor.
El conflicto
En enero se dio a conocer un informe originado por una denuncia presentada por una familia vecina del represor.
El viernes 15 de enero del 2021, el denunciante se comunicó telefónicamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para manifestar su inseguridad y para reclamar una solución. La denuncia indica que a partir de mediados de junio de 2020, la relación de vecindad con la familia de Balla se había tornado “conflictiva”, incluyendo episodios de discusión verbal y pelea física, en la vereda de los inmuebles ubicados en calle Gaboto al 6700 de la ciudad de Santa Fe.
El primero de los episodios, originado por cuestiones vecinales menores, terminó en una agresión verbal y física, en la que el represor Balla habría tomado del cuello a su vecino e intentado golpearlo. Además, lo amenazó de muerte.
Según consta en la denuncia, del incidente también participó uno de los hijos del condenado por violaciones a los derechos humanos, Maximiliano Balla. El hijo mayor del condenado “mostró un comportamiento violento y pendenciero”, dice el informe y resalta que “es la persona designada para monitorear el cumplimiento de la prisión domiciliaria por parte de su padre”. Vale señalar que este hecho habría afectado psicológicamente a la esposa del denunciante, quien estaba embarazada. Esta situación provocó complicaciones y debió concretarse una cesárea prematura que culminó en la internación neonatal de su hija, durante 22 días.
Otro hecho, ocurrido el 5 de diciembre de 2020, y también originado en cuestiones vecinales menores, generó otra grave situación de violencia. En esa oportunidad, Jorge Balla amenazó de muerte a su vecino en los siguientes términos: “Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a agarrar por el patio”. Según la víctima de estos hechos, Balla hizo alusión a que su padre, ya fallecido, fue militante en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y permaneció detenido durante el período dictatorial. Este episodio fue denunciado en la comisaría 10° de Santa Fe y dio origen a una causa en la justicia provincial. A raíz de la denuncia, se ordenó una consigna policial en horario nocturno, sobre el inmueble de la familia afectada.
El denunciante resaltó el fuerte sentimiento de vulnerabilidad e indefensión por parte de los integrantes de su familia y que las consecuencias son en materia física y psicológica. En el mismo sentido, sostuvo que la situación los obligó a modificar sustancialmente sus rutinas diarias con el objetivo de no entrar en contacto con la familia Balla ante la posibilidad de que se concreten las amenazas efectuadas.
Además, la denuncia –girada al Tribunal Oral Federal de Santa Fe y a la Fiscalía Federal- detalló que el condenado por delitos de lesa humanidad se encontraría violando, de diferentes maneras, el régimen de prisión domiciliaria: Balla permanece en el exterior de su vivienda, interroga a los agentes de policía que llevan adelante la consigna, se trepa a la pared medianera que separa las propiedades, concurre a consultas médicas sin compañía y recibe visitas sin control alguno. También ignoró la orden de colocar rejas en la puerta de ingreso de su casa y en su propiedad funcionaría una peluquería, la que atendería su esposa, por lo que reciben a numerosas personas durante todo el día.
El informe culmina considerando que el carácter de lesa humanidad de los delitos por los que Balla cumple condena “se torna perentorio se arbitren los medios necesarios a fin de confirmar si se encuentran configurados incumplimientos a las condiciones del régimen de prisión domiciliaria del condenado y, en su caso, se resuelva la revocación correspondiente”.
Condena
En 2019, el Tribunal Oral de Santa Fe dictó cuatro cadenas perpetuas en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó y Las Heras. Condenó a tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez y a un ex oficial de inteligencia del D-2, Oscar Cayetano Valdez, a prisión perpetua por los “homicidios calificados por alevosía” de cuatro militantes durante la dictadura: Jorge Piotti, Ileana Gómez, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio.
