De ANÁLISIS
La muerte de José Luis González sigue siendo una incógnita. El fiscal Santiago Alfieri lleva adelante una investigación que tiene dos líneas que confluyen en un mismo contexto. Por un lado, una de las hipótesis apunta a personal de la Comisaría Octava; por el otro, se busca saber si hubo responsabilidades en el entorno de la víctima de 22 años.
Por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) Prefectura Naval lleva adelante la investigación que va tras las pistas de los funcionarios policiales. Sin embargo, las actuaciones respecto a la presunta responsabilidad del entorno de González son llevadas a cabo por la Policía de Entre Ríos (PER), algo que recibió críticas por una posible actuación corporativa por parte de la fuerza que está acusada en la misma causa.
ANÁLISIS accedió a información que consta en el expediente que pone en relevancia una serie de elementos a tener en cuenta para contextualizar la investigación. Una de las cuestiones que llama la atención es que González era un NN, ya que la familia no cuenta ni con una partida de nacimiento. Otra de las cuestiones tiene que ver con los días previos a su desaparición y lo amenazado que se sentía la víctima por el accionar policial que derivó en una advertencia a funcionarios judiciales.
El papelito que no aparece
Personal de la Comisaría Octava detiene a González el 17 de diciembre por una supuesta denuncia en su contra por el robo de un televisor. Cabe aclarar que no hay constancias aún de la existencia de esa denuncia formal, ya que la PER lo hizo figurar como una contravención por no identificarse ante el requerimiento de las autoridades.
Durante esa detención, según el propio parte policial, González fue llevado al área de Antecedentes de la capital provincial luego de lo que popularmente se conoce como "un paseo" que incluyó una serie de amedrentamientos. Al salir de la sede policial, González se dirige al Ministerio Público de la Defensa (MPD) con un semblante poco común y con mucha preocupación: "Vengo acá por si me pasa algo", le aseguró el joven a una funcionaria de la Defensoría.
González llegó a la oficina judicial -queda en frente a Antecedentes de la PER- con un papelito en mano en donde había un número telefónico. Se lo dieron los propios funcionarios policiales con un mandato: "Tenés hasta mañana para darnos datos sobre el robo del televisor", le habrían dicho los policias al liberarlo.
El joven informó a la defensora Antonella Manfredi de toda la situación. La funcionaria venía siguiendo las causas que caían sobre González desde aproximadamente dos años. Según supo ANÁLISIS, la defensora automáticamente envió un correo electrónico a la Comisaría Octava que confirmaría el accionar policial a pesar de que el papelito no ha aparecido hasta el momento.
Cabe recordar que al ser una contravención, la Policía no tiene la obligación de dar intervención a funcionarios del MPF, algo que da un amplio margen para que los Policías actúen sin control judicial. Esta es una situación que vienen denunciando organismos de derechos humanos hace tiempo y que piden que se derogue el marco normativo de contravenciones que está vigente en la provincia.
El fiscal Alfieri le tomará declaración a la funcionaria del MPD que relató lo ocurrido aquel viernes 17 de diciembre, dos días antes de la desaparición del joven.
González estaba cumpliendo una pena de prisión condicional y a la vez tenía una probation vigente. Todos por delitos menores, pero es una muestra de que sus últimos años habían sido de mucho conflicto con la ley, sobre todo vinculados con su consumo problemático de estupefacientes.
Esta situación se agravaba constantamente en el barrio Villa Almendral, donde González vivía con su familia y donde no pocos vecinos aseguran que González era "un pibe al que la Policía lo volvía loco".
Un NN condenado por el Estado
El joven que fue encontrado muerto en la Isla Bonita sobre el río Paraná creció en un contexto de extrema vulnerabilidad y fuera de la burocracia estatal. Como se informó párrafos antes, González no sólo no tenía siquiera partida de nacimiento y mucho menos DNI.
Esta situación no sólo enmarca la detención del joven en una paradoja, ya que la Policía le exigía documentación a un joven que nunca la tuvo sino que además, el Estado lo condenó con prisión condicional a pesar de esta circunstancia. En el barrio insisten en algo: los policías de la Comisaría Octava conocían bien a González y cuál era si situación.
De hecho, la propia defensora Manfredi era la que se estaba encargando de colaborar con la familia y el joven para poder regularizar dicha situación. Es decir, una funcionaria aisladamente intentaba lidiar con los trámites burocráticos de una familia no institucionalizada mientras el Estado lo perseguía con el todo rigor Código Penal.
La línea que investiga el MPF con la Policía
Como se dijo anteriormente, hay dos hipótesis que lleva adelante el fiscal Alfieri. La primera, es la que involucra a personal de la Comisaría Octava y cuyas actuaciones lleva adelante la Prefectura. La segunda apunta al entorno del joven, que está investigando la Policía.
Si bien la familia vio por última vez al muchacho el 19 por la mañana, un testimonio ubicaría a González en la tarde del 19 de diciembre en la Toma Nueva vendiendo cobre junto a un muchacho con el que se juntaba. La familia no descarta esta posibilidad ya que son muy críticos de la junta con la que se manejaba González.
Además, puntualizan en que en la zona no pocas personas cuentan con el acceso a una embarcación para trasladar a González hacia la Isla Bonita río arriba.
La incertidumbre es todavía la característica principal de la investigación y se está a la espera de que aparezca un testigo que hable y de cuenta de elementos que puedan orientar más a los investigadores.
Cabe recordar que el informe preliminar de la autopsia, realizado por autoridades santafesinas, indicó que González murió por un golpe en la cabeza pero todavía no se conocen las características del golpe y si lo mataron en la isla o lo trasladaron ya muerto.
El fiscal recibió a abogados ligados a derechos humanos
Saantiago Alfieri se mostró muy predispuesto a colaborar con la familia de González y desde el entorno de la víctima confían en como se lleva adelante la investigación a pesar de algunos planteos. Lucía Tejera y José Iparraguirre, dos abogados que trabajan casos vinculados a la violencia institucional, intervinieron como representantes de organismos de Derechos Humanos en la causa.
Tejera es funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y junto a integrantes de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) solicitó un encuentro con Alfieri en el marco de esta causa.
El fiscal recibió a Tejera y sus pares por el plazo aproximado de una hora durante la jornada de martes en donde les detalló los pormenores de la investigación hasta ese momento. Ese mismo día fue el que Fiscalía dispuso una serie de allanamientos a distintos domicilios entre los que se encontraba la propia Comisaría Octava en donde se secuestraron registros fílmicos, asientos en libros reglamentarios y celulares. Todavía no se conocen los resultados de los procedimientos y que pruebas se encontraron para la causa.
Si bien ninguna de las hipótesis prevalece por sobre la otra, los abogados querellantes insisten que no son dos líneas paralelas sino que se dan dentro de un mismo contexto. Todavía resta el avance de la investigación para conocer la verdad sobre lo que ocurrió con la muerte violenta del joven de 22 años cuyo cuerpo apareció en la Isla Bonita.
