José Velázquez, defensor del exministro Pedro Báez y del empresario Germán Buffa. (Foto: ANÁLISIS)
Natalia Buiatti
(de ANÁLISIS Digital)
El abogado José Velázquez, codefensor junto a Ignacio Díaz del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y representante legal del empresario Germán Buffa, alegó este jueves. Comenzó su exposición cerca de las 13, con fuertes críticas a la política criminal del Ministerio Público Fiscal, institución a la que acusó de “erosionar la conciencia democrática”. “Vengo a exponer cuestiones administrativas y políticas, esto por decisión del MPF”, dijo y denunció “sesgados criterios, arbitrarios de la política criminal”. “Están erosionando la conciencia democrática”, acusó después.
Más allá de todos los cuestionamientos al intituto, encasilló a los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull -que llevaron adelante las investigaciones y acusaciones- “dentro de los fiscales probos, porque hay muchos que hacen lo que pueden”, aseguró, al tiempo que señaló a la cúpula del MPF y específicamente nombró a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche -apartada de sus funciones-. “Hablemos del mismo modus operandi: la denuncia pública, la apertura de causa, los allanamientos y las filtraciones. En esta causa nos enteramos de imputaciones a través de un sitio digital. Pónganse en nuestro lugar cuando nuestros representados nos preguntan por qué no les avisamos que fueron procesados, y les tenemos que decir que no estábamos notificados. Cuando preguntamos por eso a funcionarios del MPF sólo hubo vergüenza”, aseveró.
Velázquez aplicó un tono rimbombante a su alegato, tal como lo hizo cuando inició el debate. “Se vieron obligados a señalar que fueron objetivos en el desempeño de sus funciones. Esto no se extiende a Cecilia Goyeneche, porque si alguien politizó fue ella. Nada de lo que dijo es verdad. Esa política del Ministerio Fiscal, lo único que hizo fue trabajar sobre el chisme, la fábula, el prejuicio. Todas cuestiones innatas en el lenguaje social: si es político es corrupto, más corrupto si es peronista, y mucho más si es peronista K”, ironizó. Después pidió “volver a la ley porque destruyeron la credibilidad en las instituciones y quien lo encarnó fue una funcionaria de alto rango, porque le faltó el respeto al Tribunal y a la justicia, porque ella sabe cómo se resuelven los conflictos”.
“Cuando se muestren pruebas sobre de qué deberes incumplidos hablamos, de qué infracciones, o las exigencias son las que imagina el Ministerio Fiscal. Si me acusan de algo, quiero que sea por incumplir un deber, no por capricho de política criminal o porque no les gusta mi gestión. Es importante marcar un límite porque mañana, de la misma manera que hoy explicamos cuestiones administrativas, esa política criminal parada en el pedestal moral dirá que es la ley y medida de las cosas. No me olvido que la cúpula del MPF hizo un control preventivo, y quien asuma ad hoc en el Jurado de Enjuiciamiento, causa penal. Denunciaron a los vocales del STJ ¿qué deber incumplieron? Ninguno. Son los deberes imaginados por la cúpula del MPF”, pronunció y mezcló el alegato de los cinco legajos acumulados, con opinión sobre el proceso de jury a Goyeneche.
“Si no les gusta la gestión o el proyecto político, está bien, armen un partido, preséntense y ganen elecciones. Pero no lo hagan desde este lugar”, repitió, tal como lo había dicho en su alegato de apertura. “El derecho por Dios es uno solo, hay distintas ramas y tiene que haber diálogo entre todas las ramas. Acá parece que el derecho penal está aislado y no es así, es necesario ir a distintas normativas para entenderlo. Si no vamos a las distintas normativas, permitimos que ingresen los criterios del MPF”, añadió.
Dijo después que cuando observa “la valoración probatoria, hay una base subjetiva”. “Los hechos son falsos, no están acreditados, son sobre presunciones de chismes. Gran parte de los hechos están fundados en conversaciones. Es interesante qué alcance o credibilidad le damos”, manifestó. “Todos los hechos planteados tienen interpretaciones e inferencias varias. Dependen de los prejuicios, volvamos a la racionalidad”, pidió.
Puntualmente sobre la causa de las imprentas, donde Fiscalía acusó el direccionamiento, entre 2010 y 2015, de órdenes de publicidad a las empresas Tep, Next, Montañana y Bustamante Publicidad -las primeras dos adjudicadas a Aguilera-, Velázquez sostuvo que “no hay mensajes ni testimonial que indique que Báez le dio un expediente a alguien para que acelere el proceso. Lo dijeron funcionarios. Todos los que podrían haber aportado velocidad al trámite, dijeron que no lo hicieron. Lo que no pudo explicar el MPF, y por eso acudió a premisas sustentadas en fábula, es cuál era el deber normativo de Báez de saber lo que estaban haciendo, eso es clave y no lo pudieron acreditar. Por eso recurrieron a herramientas populares, propias del populismo punitivo”, sostuvo.
Más adelante refirió al rol de Gustavo Tamay, que estaba encargado de las certificaciones de publicidad en vía pública, en el Ministerio de Cultura y Comunicación, y habló del armado de expedientes. “Al no haber normativa específica del Tribunal de Cuentas (TdC) para el Ministerio, para que motiven las ordenes de publicidad, hicieron las observaciones”, apuntó, en referencia al requerimiento del órgano de control. “No hay normativa que indique que los funcionarios deban motivar los actos administrativos, todo es doctrinario. Hasta ese momento, el encuadre legal era suficiente. Esto da lugar a un debate político, moral, ético, pero no es una discusión penal. Todo acto administrativo se discute”, recalcó.
La urgencia caracterizó la mayoría de los actos administrativos investigados y llevados a juicio. Fue un aspecto común que justificó las vías de excepción o los plazos reducidos para llevar adelante contrataciones de alta significación económica, según alegaron los fiscales la semana pasada. “La urgencia está definida políticamente, no se circunscribe a un hecho empírico, se define políticamente. ¿Quién es el MPF para meterse en definición de urgencia para llevar a cabo una comunicación del gobierno?”, preguntó.
Citó las testimoniales del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; de la fiscal del Tribunal de Cuentas Nancy Vinagre; de la funcionaria de la Secretaría de Comunicación del Gobierno Mariela Teruel; y del encargado de Asuntos Jurídicos del exMinisterio de Cultura y Comunicación, Pablo Dimier, entre otros.
Dijo que las fotos de las certificaciones de publicidad “tienen carácter ilustrativo”. “Nunca se pudo acreditar que el Ministro haya actuado por fuera del interés de la administración. No acreditaron los retornos”, sostuvo. Agregó que Tep -empresa cuya titularidad adjudica Fiscalía a Juan Pablo Aguilera y se sindica a Emiliano Giacopuzzi como un testaferro-, “no tiene nada en AFIP, por ende, todos los gastos que acreditó no son objetables”.
“Acá tuvimos que venir a explicar el IVA, los vencimientos mensuales, el pagó del período vencido, enormes cuestiones propias de la actividad comercial”, se quejó y al igual que el defensor Emilio Fouces acusó una “fábula”. “Paren, no es así, hay que ser más racional al momento de decir disparates que no tienen consistencia”, vociferó.
Cuestionó después los informes producidos por funcionarios del Ministerio Fiscal, especializados en materias como Contabilidad o Informática. “La recolección de datos de una computadora o celular no requiere de título habilitante, pero para firmar el informe sí tenés que tener título habilitante. Los bioingenieros Fernando Ferrari y Guillermo Fritz firmaron y no están matriculados en el Coprocier. Por eso, esta defensa no sólo pedirá la exclusión de esos documentos que produjo Fiscalía, sino también la que presentó el defensor Miguel Cullen, porque ninguno cumplió con los requisitos”, anunció. “No niego que sepan pero tienen que tener título habilitante”, marcó.
Criticó también el informe del contador Héctor Enrique, funcionario del Ministerio Público Fiscal. Habló de “desprolijidad”. “No es serio ¿Cómo le voy a explicar a Báez que lo condenaron porque hay un contador que no sabe sumar? Pero luego la política criminal del MPF no tiene empatía en acusar irregularidad en un expediente. Esto es escandaloso”, se quejó.
Continuidad
Velázquez alegó unas dos horas y pidió un cuarto intermedio de 15 minutos para retomar con el último tramo de su exposición, pero cuando la audiencia se reanudó, no concluyó.
–Como equipo decidimos sin podemos pasar lo que queda para la próxima jornada, así nos podemos retirar a descansar –intervino el defensor Raúl Barrandeguy, cabeza del cuerpo de abogados.
El juez José María Chemez, presidente del Tribunal, preguntó si cerrarían todos los alegatos el próximo jueves y decidió suspender la audiencia. Está claro que los defensores no concluirán en una sola jornada. Recién alegaron tres de ocho -Emilio Fouces, Ignacio Díaz y José Velázquez-. Ninguno de los últimos dos, representantes del exministro Báez y Buffa, terminó su exposición. No llegaron a solicitar absoluciones ni pronunciarse sobre los pedidos de pena del Ministerio Público Fiscal.
Quedan pendientes para las jornadas próximas las exposiciones de Juan Méndez que representa a Gustavo Tamay; Marcos Rodríguez Allende que defiende a Luciana Almada y Juan Pablo Aguilera; Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, ambos representan los intereses del exgobernador Urribarri; y Miguel Cullen que defiende los intereses de Emiliano Giacopuzzi, Corina Cargnel, Maximiliano Sena, y Alejandro Almada.
