Imagen de archivo de la ex fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
En una respuesta al relator especial sobre la independencia de jueces y fiscales de la ONU, Diego García-Sayán, el Gobierno Nacional avaló el polémico juicio político de Entre Ríos que destituyó a la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Además, reivindicó a la Oficina Anticorrupción como un ejemplo de “lucha contra la corrupción”, pese a que se retiró como querellante en las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios.
Se trata de la ex fiscal que impulsó el juicio a través del cual la justicia entrerriana condenó a 8 años de prisión al ex gobernador de esa provincia y ex embajador en Israel, Sergio Urribarri.
Entre otras irregularidades, el Jury que la destituyó no estuvo integrado por fiscales y la mayoría de sus miembros respondían, desde el punto de vista político, a Urribarri o al actual gobernador Gustavo Bordet.
Desde que fue destituida en mayo pasado, Goyeneche reclama ser restituida por dos caminos. Uno con un recurso ante la Corte, que está pendiente de resolución. Y otro con estos mecanismos internacionales de la ONU, publicó el diario Clarín.
Esa relatoría es la misma a la cual los organismos de derechos humanos alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner denunciaron a la Corte. Un pedido parecido pero dirigido solo contra el miembro del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, ni siquiera fue aceptado, hasta ahora, por García-Sayán.
En un escrito presentado en respuesta al reclamo de Goyeneche, el Ministerio de Justicia dijo que “una administración de justicia que garantice el Estado de Derecho debe enarbolar tanto la independencia orgánica de sus funcionarias/os judiciales, como su rendición de cuentas”, al avalar el polémico Jury entrerriano.
La respuesta la firmó la Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Andrea Pochak.
En el escrito de contestación, el gobierno informó que “la OA fue la responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad, con el propósito de transversalizar la integridad a lo largo y ancho de toda la administración pública”.
Además, la OA “incorporó una perspectiva integral, federal y plural, con arreglo a las Convenciones Internacionales contra la corrupción de la ONU, la OEA y la OCDE”, agregó.
Luego citó las respuestas del gobierno entrerriano y del sector mayoritario del Jury que la destituyó.
Por otra parte, destacó que “la existencia de un efectivo sistema de control de la conducta de las/os funcionarias/os públicas/os es un aspecto imprescindible en cualquier Estado de Derecho”.
“Su adecuado funcionamiento es exigido por el derecho internacional, por lo que una administración de justicia que garantice el Estado de Derecho debe enarbolar tanto la independencia orgánica de sus funcionarias/os judiciales, como su rendición de cuentas”, reiteró.
En ese sentido, comentó la respuesta del Gobierno, “la puesta en marcha de un efectivo sistema de rendición de cuentas dirigido a las/os operadoras/es judiciales constituye nada menos que el cumplimiento de la obligación del Estado de tomar medidas que aseguren la plena vigencia de los derechos humanos”.
Luego subrayó “el firme compromiso del gobierno de mejorar la calidad institucional en la República Argentina, lo cual implica la protección y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”.
En su larga respuesta, el gobierno nacional no contestó las preguntas específicas que había hecho la defensa de Goyeneche que habían sido transmitidas por García-Sayán.
Por su parte, Goyeneche y el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAA), Marcelo Varona Quintián, replicaron la respuesta del Gobierno. La AAA respaldó a Goyeneche y a otros seis fiscales que denunciaron estar siendo presionados por gobiernos provinciales en base a un escrito del experto en estos reclamos internacionales, Brian Schiapira.
Goyeneche y Varona Quintián pidieron que “remita al Estado argentino las alegaciones del presente escrito, así como de nuestra presentación del 13 de junio... a efectos de que las instancias que correspondan dejen sin efecto la destitución que fuera ordenara y se proceda a la restitución en el cargo”.
Goyeneche y Varona Quintián también solicitaron que por “la Relatoría se expida públicamente y de modo urgente a través de los mecanismos pertinentes sobre las alegaciones realizadas, señalando al Estado argentino aquello que considere apropiado”.
García-Sayán ya expresó hace dos meses su preocupación “por la adopción de sanciones en contra de la fiscal Goyeneche que parecerían ser en castigo por haber investigado y acusado a integrantes del poder político en la provincia”. Pero ahora, si se pronuncia, podría hacer recomendaciones al Gobierno nacional y al de Entre Ríos por violar la independencia de la Justicia.
Rosario Romero: "La Fiscalía Anticorrupción es una expresión periodística”
Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, también respondió al Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre independencia de magistrados y abogados y lo hizo a través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internaciones en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el marco de una presentación que efectuó la destituida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.
“El Poder Ejecutivo no tiene representación alguna en la composición del Jurado de Enjuiciamiento, por tanto, los datos que a Ud. estoy remitiendo son aquellos que, por la función ministerial, obran en mi conocimiento”, dice la presentación de Romero. Y agrega: “Constitucionalmente no corresponde al Poder Ejecutivo intervenir bajo ninguna circunstancia en los procedimientos llevados a cabo por el citado Órgano Constitucional Jurado de Enjuiciamiento”.
Después de destacar el trámite que tuvo la causa Goyeneche en el Jurado de Enjuiciamiento, señaló que ningún aspecto de esa investigación “ha pasado por este Ministerio de Gobierno y Justicia”.
“Es menester destacar que la denominada ´Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos´ es una expresión periodística en razón que oportunamente el Procurador General (Jorge García), dentro de sus competencias, le asignó a la Procuradora Adjunta la coordinación de las causas relacionadas con los delitos contra la Administración Pública”, apuntó la ministra. “Tanto es así que en estos momentos se encuentra en la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley creando la Fiscalía Anticorrupción tal como lo prevé el artículo 208 de la Constitución Provincial. En este sentido, el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de reglamentar este órgano de la Constitución, asegurando independencia y objetividad de la misma”, agrega.
Pero también la titular de la cartera política asevera: “Sin perjuicio de lo expresado, debo poner de manifiesto en forma enfática que el caso que nos ocupa bajo ninguna circunstancia puede entenderse como efecto ´amedrentador´ que pueda significar un precedente para otros fiscales que investigan casos de corrupción”.
